El Gobierno sustituye las pulseras electrónicas de control a maltratadores por tobilleras tras los fallos del año pasado
- El acuerdo contempla la adquisición de hasta 17.660 nuevos dispositivos electrónicos
- El personal de la Sala Cometa se reforzará también, con un número mínimo de 151 trabajadores en el centro
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El Gobierno ha aprobado un contrato de hasta 111 millones de euros para mejorar el seguimiento telemático de las medidas cautelares y las penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género y sexual. La duración inicial será de 36 meses, con posibilidad de prórrogas que podrían ampliar el contrato hasta 60 meses.
El acuerdo contempla la adquisición de hasta 17.660 nuevos dispositivos electrónicos, principalmente tobilleras, con un stock mínimo de 2.000 unidades disponibles para instalación en menos de 24 horas en cualquier punto del país. También se garantiza la reparación o sustitución de los dispositivos dañados en plazos cortos.
Este nuevo contrato se aprueba tras la polémica originada en septiembre, cuando salió a la luz las incidencias registradas en 2024 en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores y después, en noviembre, por un fallo en el enrutador que enviaba a las plataformas los mensajes de las distintas alertas y que provocó que hubiera que activar el protocolo de protección a las víctimas.
Por estas razones, la ministra Ana Redondo compareció en la comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso en donde aseguró que la protección de las víctimas estaba asegurada aunque admitía que no podía comprometerse a que el sistema de pulseras no volviera a fallar. Y ahora llegan las tobilleras.
Mayor seguridad, resistencia al agua, alerta de proximidad bluetooth...
Estos nuevos dispositivos incorporarán mayores medidas de seguridad, resistencia al agua, sensores de movimiento y temperatura, así como alertas adicionales de proximidad entre víctima y agresor mediante bluetooth. Las tobilleras tendrán geoposicionamiento autónomo para mantener la localización incluso si el agresor deja el teléfono móvil en su domicilio.
El contrato incluye mejoras en la gestión del servicio, con acceso en tiempo real a la información para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Se habilitará un número 900 exclusivo para víctimas y dos especialistas en psicología atenderán llamadas que requieran apoyo profesional.
El personal de la Sala Cometa (el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento) se reforzará, con nuevos coordinadores jurídicos, responsables de software e infraestructura, supervisores de turnos y especialistas en atención psicológica. El objetivo es garantizar la operatividad del servicio, el control del stock y la atención inmediata ante cualquier incidencia. En definitiva, dice la nota de prensa, "se pasará de exigir un mínimo de 151 personas en sala".
La empresa adjudicataria deberá mantener el stock mínimo de dispositivos, enviar partes de intervención a los órganos judiciales en un plazo máximo de 24 horas y cumplir estrictos niveles de servicio. Además, se establecen procedimientos de transición en caso de cambio de adjudicataria para asegurar la continuidad del seguimiento y la protección de las víctimas.
