La OCDE acuerda el impuesto mínimo de sociedades del 15% con un mecanismo de exención para las empresas de EE.UU.
- El mecanismo de exención para EE.UU. lo negoció la Administración Trump para beneficiar a sus empresas
- Las discusiones para el establecimiento de esta tasa comenzó en octubre de 2021
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Los 147 países y jurisdicciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han dado su visto bueno para la aplicación del impuesto mínimo a las multinacionales del 15%. Esta medida, que lleva años negociándose, incluye un mecanismo particular de exención para las compañías estadounidenses ante la amenaza de Washington de quedarse fuera.
La organización ha calificado el pacto como un "gran compromiso político y técnico que sentará las bases de la estabilidad y de la seguridad jurídica del sistema fiscal internacional".
También ha asegurado que, además de mantener los logros que se habían obtenido durante el largo proceso negociador, que comenzó en octubre de 2021, este acuerdo "garantizará la capacidad del conjunto de las jurisdicciones, en particular los países en desarrollo, para ejercer sus derechos de imposición prioritarios sobre los beneficios generados en su territorio".
Tipo mínimo del 15%
El proceso negociador del marco inclusivo se concibió con el objetivo de establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Además, el acuerdo establece que, si no lo cobraba el país en que una multinacional tiene su sede, lo harían las jurisdicciones en que esa empresa tiene actividad.
La solución se asienta en dos "pilares" para que las grandes multinacionales paguen impuestos en todos los países donde ejercen sus actividades, al margen de que tengan o no sedes sociales, y eso mediante un mecanismo estándar de gravámenes y un dispositivo para la distribución del dinero obtenido.
Según las explicaciones de la OCDE, hay cinco elementos clave en el compromiso sobre el impuesto mínimo. Sin embargo, uno es particularmente controvertido, aquel que se refiere al sistema diferenciado para las compañías estadounidenses.
La institución habla de "la instauración de nuevos regímenes de protección para los grupos multinacionales cuya casa matriz esté situada en una jurisdicción elegible que cumple criterios de imposición mínima".
Este apartado deriva de un compromiso alcanzado a finales de junio de 2025 por los países del G7 (criticado por España). Según este pacto, se permite mantener a EE.UU. su régimen sobre los beneficios obtenidos por sus multinacionales en el extranjero. Este hecho no se corresponde con la lógica que se había instaurado en la negociación de la OCDE sobre un impuesto mínimo mundial.
Amenazas de salir del "marco inclusivo"
Los otros miembros del G7 lo aceptaron ante la amenaza de la Administración de Donald Trump de salirse del "marco inclusivo". El republicano se oponía a que otros países pudieran aprovecharse del efecto de algunas de sus incitaciones fiscales para sus multinacionales por su actividad en el exterior.
En este sentido, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, calculaba que el país logrará preservar así su base imponible, "evitando la pérdida de más de 100.000 millones de dólares (85.325 millones de euros) de los contribuyentes estadounidenses".
Ese primer acuerdo del G7 se ha trabajado en estos últimos meses con el resto de los miembros del marco inclusivo. El pacto anunciado este lunes incluye medidas de simplificación dirigidas a disminuir los costes para las multinacionales y las administraciones fiscales en cuanto al cálculo y su declaración.
"Decisión histórica"
Además se establece "más coherencia" en los dispositivos de incitaciones fiscales y "un balance basado en pruebas para garantizar que se mantenga la igualdad de condiciones". Esos elementos también incluyen a EE.UU.
La OCDE ha señalado que estas medidas significan "la confirmación de que el impuesto complementario mínimo cualificado cobrado localmente es un pilar esencial del marco del impuesto mínimo mundial, que garantiza la protección de las bases de imposición locales, en particular en los países en desarrollo".
Par el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, el acuerdo "constituye una decisión histórica en materia de cooperación fiscal internacional". Según el secretario general, este compromiso mejora la seguridad fiscal, reduce la complejidad y protege las bases imponibles.
Afectará sobre todo al sector digital
El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, ha explicado en una breve declaración, tras conocerse el acuerdo, que ha hablado con algunos de sus homólogos de países importantes, como la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y que no van a "escatimar esfuerzos para convencer" a "los últimos países reticentes".
Le Maire hizo hincapié en que el compromiso es "una solución pragmática" que permitirá que "todos los grandes grupos digitales, sin excepción", queden cubiertos por el nuevo dispositivo fiscal de forma que todos van a pagar "su justa contribución" allí donde tienen negocio. El ministro ha explicado que su país espera recibir, gracias a los dos pilares, entre 5.000 y 10.000 millones de euros anuales.
La OCDE considera que este plan constituye "una ayuda preciosa para los países que deben movilizar los ingresos fiscales necesarios para restablecer sus presupuestos y sus finanzas públicas y, al mismo tiempo, invertir en los servicios públicos esenciales, las infraestructuras y las medidas necesarias para que la recuperación poscovid sea fuerte y duradera".
El caso de España
El Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 el proyecto de Ley que transpone la directiva europea para garantizar un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos multinacionales y las grandes empresas nacionales, con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en su momento que la directiva pretende evitar que las empresas desplacen beneficios a territorios de baja o nula tributación, "provocando con ello un perjuicio en los ingresos de los Estados miembro y una situación en espiral".
Según los cálculos del Gobierno, la medida afectó a 126 multinacionales con matriz española y a 707 grupos internacionales con matriz extranjera y filial española. Sin embargo, señaló que habrá que ver cómo se desarrolla la legislación en otros países europeos "porque vamos todos en paralelo".
