Aprobados 13 millones del Gobierno a las comunidades más afectadas por los flujos de menores migrantes
- Primera reunión presencial desde que empezó la reubicación de menores desde Canarias, Ceuta y Melilla
- Canarias reclama más medios para las derivaciones y Baleares no recibir más menores no acompañados
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Las autonomías han aprobado la transferencia, por parte del Gobierno, de 13 millones de euros a las comunidades más afectadas por los flujos migratorios para la atención de menores extranjeros no acompañados: Canarias (5), Ceuta, (4,1), Melilla (1,7) y Baleares (1,2).
Así lo ha avanzado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras presidir la Conferencia Sectorial celebrada este viernes, la primera presencial desde que se puso en marcha el mecanismo de reubicación de los jóvenes creado por el Gobierno, al que se oponen la mayoría de las comunidades del PP.
La última reunión presencial de estas características no llegó a celebrarse cuando estaba previsto, el pasado 17 de julio, por el plante de casi todas las comunidades del PP, que se oponen frontalmente a este modelo.
Preguntada por los recursos judiciales que están interponiendo Gobiernos autonómicos ante las resoluciones de traslado dentro de este sistema de derivación, Rego ha señalado que esta judicialización por parte del PP ha sido una "constante" desde que se planteó el modelo. Ha añadido que el "bloqueo sistemático" de estas autonomías tiene que ver con una posición "nítidamente racista" y con el hecho de que "le están comprando la agenda ultra a Vox": "Pero eso es un asunto que tendrá que justificar o acreditar el PP", ha completado.
Mientras tanto, ha precisado, el Gobierno sigue trabajando porque "no hay ningún marco en el que sea posible no cumplir con la ley" y ha tramitado ya unos 200 expedientes de las comunidades de origen y está en el proceso de dar cumplimiento a los traslados.
El real decreto que aprobó el Gobierno detalla cómo se ejecuta la reubicación de menores migrantes no acompañados, un modelo con el que prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades.
La norma dicta que los nuevos jóvenes que lleguen a zonas declaradas como en situación de contingencia migratoria deberán ser trasladados a otro territorio en el plazo máximo de 15 días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
El modelo echó a andar con la aprobación de los últimos decretos que faltaban para concretar su funcionamiento y ha estado en marcha desde finales de agosto.
El Tribunal Supremo requirió al Gobierno el pasado 23 de octubre para que un plazo improrrogable de 15 días asumiera la acogida de los menores extranjeros solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, tal y como ya había ordenado el Alto Tribunal en marzo. El requerimiento a la Administración del Estado agrega que debe cumplirse su mandato "en sus propios términos, adoptando cuantas medidas sean necesarias con el carácter de urgencia que estas actuaciones imponen, con los apercibimientos ya señalados" e insistía en el "insuficiente ritmo de ejecución", calificándolo de "inadmisible".
Canarias reclama más medios humanos para las derivaciones
La consejera canaria del área, Candelaria Delgado, ha informado a su salida de la reunión que durante la misma ha pedido al Gobierno más medios humanos para las Subdelegaciones del Gobierno y Fiscalía con el fin de agilizar los traslados ya que, hasta ahora, las cifras son "insuficientes".
Ha puntualizado que solo se han realizado 24 derivaciones por la vía ordinaria (de niños y adolescentes que ya estaban en Canarias antes de declarar la contingencia migratoria) y 16 de los más de 140 que han llegado a las islas desde esta declaración, que tendrían que ser traslados en 15 días desde su llegada.
También se ha cuestionado durante el encuentro cuándo llegarán a las comunidades los 100 millones de euros del fondo vinculado al real decreto ley que regula el mecanismo de reubicación y el Ejecutivo central ha garantizado que las comunidades lo empezarán a recibir en unos 30 o 40 días, ha informado Delgado. Una financiación que Canarias, junto a otras comunidades, han pedido que se amplíe hasta que los chicos cumplan la mayoría de edad.
Baleares ve la partida "del todo insuficiente"
Por su parte, la consejera de Islas Baleares, Sandra Fernández, ha señalado que la partida de 1,2 millones aprobada para su comunidad es "del todo insuficiente", ya que hoy en día las islas acogen a 732 menores migrantes, lo que supone dos de cada tres niños y adolescentes en su sistema de protección.
Fernández ha puesto de relieve durante la reunión sus dificultades para hacerse cargo de estos chicos -de financiación, infraestructuras y personal- y ha pedido por ello que no les deriven más menores desde otras comunidades.
La consejera ha informado que también ha mostrado a la ministra Rego su "total y absoluto rechazo" a sus recientes manifestaciones en las que afirmó que el de Baleares es un Gobierno racista cuando este trata de hacer frente a una "crisis humanitaria" acogiendo "de forma digna y lo más adecuadamente posible" a todos los menores.
Por otro lado, Castilla-La Mancha ha trasladado al Gobierno la necesidad de trabajar en un plan de acción junto a la Fiscalía para garantizar que todos los jóvenes derivados son realmente menores de edad para evitar poner en peligro a los que ya están en el sistema, según ha explicado la consejera del ramo, Bárbara García.
Y la de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce, ha cargado contra la gestión del que ha calificado como "Ministerio contra la Infancia", al impulsar un modelo que está "mandando a menores por sorteo en contra de su voluntad y de su situación personal". Este Gobierno autonómico ha asegurado que no puede atender a ningún menor más porque sus centros están "absolutamente colapsados": "Vamos a hacer al Gobierno de España y a la ministra responsables de todo lo que pueda ocurrir", ha advertido.
Decreto para fijar garantías comunes en centros de menores tutelados
Por otro lado, la ministra Rego ha avanzado que el Gobierno aprobará el real decreto para fijar garantías comunes en todos los centros de acogida de menores tutelados pese a la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han descartado debatir dicho texto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
"Han bloqueado en términos procedimentales la posibilidad de que hoy pudiéramos trabajarlo", ha afeado a los consejeros populares Rego, quien ha mostrado su "absoluta determinación" de aprobar el texto en Consejo de Ministros y ha recordado al PP que dicho real decreto no necesita ser ratificado en el Congreso de los Diputados.
Así, entre otras medidas, propone que los centros de menores tengan menos de 10 plazas y que las comunidades autónomas tengan un número mínimo de plazas residenciales en función de la población, que de forma preferente sea una por cada 2.250 habitantes.
"Tenemos un problema. Estamos recibiendo noticias muy preocupantes de algunas comunidades autónomas en las que se están dando situaciones que consideramos inaceptables", ha recordado Rego, quien ha asegurado que el reglamento planteado busca garantizar los derechos de los menores tutelados y de los trabajadores de los centros.
Los consejeros dicen que el punto no estaba en el orden
La consejera del área de Castilla-La Mancha, Bárbara García, ha asegurado que el debate sobre el real decreto ha sido descartado por las comunidades autónomas porque su inclusión en el orden del día no había sido aprobada por la comisión previa encargada de establecer los puntos de la reunión. Asimismo, García ha explicado que dicho reglamento "no afectaría considerablemente" a Castilla-La Mancha, puesto que la región ya aplica las condiciones expuestas en él.
Para la consejera madrileña, Ana Dávila-Ponce, el empeño del ministerio por incluir este punto en el orden del día marca el "autoritarismo y el totalitarismo" del Gobierno. Sobre el contenido del real decreto, Dávila-Ponce ha considerado "absolutamente incongruente" que Juventud abogue por que los menores estén junto a familias de acogida o a su familia extensa pero que luego, en sus palabras, "intente favorecer a través de reales decretos su institucionalización".
Su homóloga balear, Sandra Fernández, ha criticado que la propuesta del ministerio representa una "intromisión" en las competencias autonómicas, algo en lo que ha coincidido la consejera canaria, Candeleria Delgado. "Si lo que interesa es fijar entre todas las comunidades autónomas y el Estado un marco común de acción y unos mínimos, tenemos que sentarnos a negociar, no a imponernos", ha resaltado Delgado, quien también ha pedido al Gobierno "medios económicos" para poder garantizar la atención adecuada de los menores.
Los consejeros del área de Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Ceuta han confirmado su asistencia presencial a la reunión.
En relación a los menores migantes no acompañados, está previsto que se vote una nueva transferencia de 13 millones de euros a Canarias (5), Ceuta (4,1) y Melilla (2,7) y a Baleares (1,2) para la atención de los jóvenes extranjeros tutelados.
El Gobierno pide al PP que "abandone el bloqueo"
De cara a este cita, fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego han expresado su deseo de que el PP "abandone su bloqueo y boicot" y deje a un lado "los intereses partidistas" para recuperar la senda del trabajo institucional.
La reunión también abordará el real decreto que prepara el Gobierno para fijar unas garantías comunes para los centros que acogen a todos los menores tutelados en España, de forma que se priorice la desinstitucionalización del modelo y se fomente el acogimiento familiar, centros más pequeños y entornos protectores.
Por último, también se tratarán, a modo informativo, los protocolos de menores desaparecidos del sistema de acogida, el avance en las políticas de adopción y los recursos destinados a combatir la pobreza infantil.
