La Audiencia Nacional abre el juicio oral para el acusado español de espiar a Assange durante su asilo en Londres
- Los dos acusados pertenecen a la empresa gaditana Undercover Global
- Entre 2015 y 2018, la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres dependía de esta empresa
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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto juicio oral al dueño de la empresa española encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres. David Morales está acusado de espiar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante su asilo en la legación diplomática.
Para el gerente de la empresa Undercover Global (UC Global), la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 13 años y 6 meses de cárcel por descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. El otro acusado de la causa es el responsable de operaciones de esta misma empresa, Michel Wallemacq, para quien el fiscal Pedro Martínez Torrijos reclama tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Las peticiones de Assange y Correa
La semana pasada se hacía pública la petición de pena que pedía para ambos el propio Assange. 20 años y seis meses de cárcel para Morales y cinco años para Wallemacq. Otros perjudicados por estos hechos, como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, han presentado también escritos de acusación con peticiones de pena similares.
Una vez presentados todos los escritos de acusación, el juez instructor ha emitido este lunes el auto de apertura de juicio oral. En este escrito, el magistrado fija la responsabilidad civil para los dos acusados y la mercantil UC Global en 30.000 euros. Les avisa que de no ser depositada esta cantidad en el plazo de diez días, se procederá al embargo de sus bienes.
Según relata el fiscal en su escrito de acusación, entre 2015 y 2018 la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres fue contratada con la empresa española a UC Global, con sede social y oficinas en las localidades gaditanas de Puerto de Real y Jerez.
En 2017, Morales constituyó una pequeña unidad de trabajadores en Jerez a los que encargó que empezaran a realizar una labor de recolección de información dentro de la embajada que recibirían los operadores que se encontraban allí físicamente. Todo con la ayuda esencial del otro acusado. Ordenó también la instalación de nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, podían registrar el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa, familiares y demás personalidades, pero pidió a lo operadores que esta nueva función quedara oculta a simple vista.
Los afectados
Entre los afectados por la presunta maquinaria de espionaje estarían el abogado Baltasar Garzón, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; Brasil, Dilma Rousseff, y Uruguay, José Múgica.
Además de esas escuchas ilegales, los empleados de UC GLobal en la embajada retenían los teléfonos de las personas que se reunían con Assange y lo fotografiaban, incluida la tarjeta SIM, número de IMEI e incluso mensajes, lo que afectó a varios de sus amigos y visitantes reconocidos, como la actriz estadounidense Pamela Anderson.
Tras la filtración en 2010 de documentos clasificados en Estados Unidos y para esquivar las órdenes de arresto emitidas contra él, se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció hasta 2019.
Fueron casi 14 años de odisea judicial para Assange, hasta que finalmente quedó en libertad en diciembre de 2024.
