Morant anuncia la aprobación del Real Decreto que refuerza los criterios de calidad para la creación de universidades
- El Consejo de Ministros endurece las exigencias a los nuevos proyectos, especialmente a los de índole privada
- El informe de las agencias de calidad será vinculante, como el aval económico y un mínimo de 4.500 estudiantes
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha comparecido este martes tras el Consejo de Ministros para confirmar la aprobación de un Real Decreto fundamental que modifica la normativa sobre la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios (Real Decreto 640/2021). Morant destacó que la norma busca establecer estándares de calidad rigurosos e indistintos para todas las instituciones, respondiendo así a una necesidad estructural.
El Ministerio ha flexibilizado el texto inicial, que se tramitó por urgencia hace seis meses, tras recibir el informe del Consejo de Estado el pasado 11 de septiembre, asumiendo dos observaciones esenciales del organismo consultivo. La aprobación llega en un contexto donde las administraciones públicas han reconocido 27 universidades privadas en los últimos años, contrastando con la creación de la última universidad pública en 1998 (la Universidad Politécnica de Cartagena).
Vía parlamentaria para universidades online
El nuevo decreto introduce una serie de filtros de calidad mucho más estrictos para los proyectos de nuevas universidades, tanto públicas como privadas. La principal novedad radica en el refuerzo de la evaluación técnica: a partir de ahora, será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) o por las agencias autonómicas equivalentes.
España cuenta con once agencias de calidad independientes y autónomas, que forman parte de la Asociación Europea de Agencias de Calidad. Para garantizar la autonomía, estas agencias crearán una comisión con una mayoría de profesorado elegido por sorteo nacional de las universidades españolas.
Este nuevo proceso sustituye al modelo anterior en el que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitía informes (de los cuales 13 de 25 fueron desfavorables desde 2018), que eran remitidos a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) y no eran vinculantes. De hecho, cuatro proyectos con informes técnicos desfavorables fueron aprobados por sus respectivas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.
Con el nuevo decreto, si la evaluación de la agencia de calidad es favorable, la tramitación continuará en el Ministerio, que emitirá un informe preceptivo pero no vinculante, centrado en la solvencia económica y la experiencia educativa del equipo de dirección.
Respecto al equipo promotor y directivo, el Ministerio ha eliminado la exigencia de experiencia en gestión universitaria a la entidad promotora a propuesta del Consejo de Estado. Sin embargo, el equipo directivo de la universidad sí deberá contar con esta experiencia de gestión universitaria. Adicionalmente, se exige la presentación de un aval bancario o un instrumento legal similar para demostrar fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.
Un punto crucial es el tratamiento de las universidades online. El nuevo decreto establece que el reconocimiento de las universidades a distancia debe ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la ANECA. Esta medida busca mayor control, pero contempla tres excepciones: centros con precios públicos fijados por la CCAA, centros con lengua cooficial que impartan al menos el 50% de la docencia en dicha lengua, y centros con financiación parcial autonómica (mínimo del 20% del presupuesto).
Requisitos y plazos
La norma establece requisitos académicos y logísticos ambiciosos para todas las nuevas universidades. Se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes para su viabilidad. En el ámbito del personal, la universidad deberá contar con al menos el 50% de sus profesores siendo doctores, de los cuales, el 60% tendrá que contar con una evaluación positiva (con al menos un sexenio de investigación).
Además, se deberá dedicar el 5% de su presupuesto a impulsar la investigación. El decreto también exige el compromiso de disponer de un número de plazas de alojamiento equivalente al 10% de los estudiantes a los tres años de funcionamiento.
En cuanto a la ampliación de títulos, la ley recoge otra de las observaciones del Consejo de Estado: el informe de la Conferencia General de Política Universitaria para que las nuevas universidades amplíen su oferta de títulos no podrá ser vinculante, aunque sí preceptivo.
Para las universidades ya en activo o las de nueva creación que entren en vigor con este decreto, el plazo general de cumplimiento de los requisitos es de tres años. Sin embargo, las autorizadas en los últimos tres años tendrán un plazo de cinco años, y ciertos criterios, como el número de estudiantes, podrán tener un plazo de hasta seis o incluso siete años. Si se incumple, se podrá presentar un plan de choque con tres años adicionales.
Específicamente, si una universidad no alcanza el objetivo de 4.500 estudiantes en seis años, el decreto establece que si cumple con el 70% de ese objetivo, no se tomarán medidas al considerar que está en la senda adecuada. Finalmente, los títulos universitarios ahora deberán especificar si han sido adquiridos en la modalidad presencial, virtual o híbrida.
La nueva normativa también facilitará que las universidades españolas, públicas o privadas, puedan expandirse al extranjero y crear facultades fuera de España con la autorización de la CCAA y los informes del Gobierno, mejorando así la capacidad de competir internacionalmente. Se crea la nueva figura del centro de altos estudios.
Los ocho proyectos de universidades privadas pendientes de iniciar el procedimiento de reconocimiento (tres en Aragón, dos en Extremadura, y uno en Canarias, Andalucía y Asturias, de los cuales tres son online) deberán regirse por estos nuevos y más rigurosos requisitos. Sin embargo, los cuatro proyectos que pasaron por la CGPU hace tres semanas (incluyendo las universidades Felipe II, TAI University y Mallorca, con informe desfavorable del Ministerio, y la Universidad Abierta de Extremadura con visto bueno) se han regido por los criterios anteriores.
