España, un país de fosas: de cunetas a cementerios, simas, minas y pozos
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La geografía española está cubierta de localizaciones de enterramientos, clandestinos o registrados, y de lugares de memoria relacionados con la Guerra Civil y la dictadura franquista. Hay alrededor de 6.000 de estos lugares identificados como fosas en el mapa audiovisual de RTVE, basado en el censo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Incluso en zonas con menor densidad (la comunidad de Galicia o la provincia de Almería, por ejemplo), no hay un municipio en la Península a más de 50 kilómetros de alguna de ellas.
El imaginario colectivo ha asociado las cunetas con la represión. “Hay un país en las cunetas”, se ha dicho. Pero los datos muestran que la mayoría de los restos se encuentran en los cementerios, tanto en el interior como en las inmediaciones. En otros casos se aprovecharon simas, pozos o minas para hacer desaparecer los cadáveres, o simplemente se arrojaron los cuerpos al mar.
En ocasiones, el lugar del enterramiento es sabido por todos, un conocimiento popular compartido pero acallado, que acaba convertido casi en leyenda, hasta que el trabajo de los arqueólogos lo confirma.
Cunetas y cementerios
En los meses inmediatamente posteriores al intento de golpe de Estado (18 de julio de 1936) que derivó en guerra civil, tanto en la zona controlada por los sublevados como en la retaguardia republicana, los cadáveres de los asesinados aparecían en plena calle o en el campo, sin enterrar. Era una manera de señalar y de amedrentar.
Sin embargo, pronto se intentó evitar que el escándalo de estas muertes traspasara las fronteras, y se optó por enterrarles bien allí donde eran asesinados (normalmente en una localidad distinta a la de origen) o por trasladar los cuerpos a algún otro lugar
A Emilio Silva un vecino le indicó la cuneta donde había sido enterrado su abuelo, Emilio Silva Faba, fusilado el 16 de octubre de 1936. La de Priaranza del Bierzo (León) fue una de las primeras exhumaciones sistemáticas y científicas. “La tierra tiene memoria –comentaba Silva en declaraciones a RTVE–, cuando la han removido, tarda 150 años en volver a quedar como si no lo hubieran hecho”.
Las tapias de los cementerios se convirtieron en otro lugar predilecto para los fusilamientos y enterramientos. En la posguerra, la ejecución se llevaba a cabo tras unos simulacros de juicio, y se hacía constar en el registro el lugar de enterramiento.
La fosa de Pico Reja, en el cementerio viejo de Sevilla, se cerró en febrero de 2023 tras una intervención que sacó a la luz los restos de 1.786 represaliados.
En las nueve fosas del antiguo cementerio de San Rafael, en la capital malagueña, se recuperaron, entre 2006 y 2009, los cadáveres de 2.840 personas. Es hasta ahora la fosa de represaliados por el bando sublevado donde más restos se han exhumado.
La mayor fosa de España, sin embargo, se encuentra en un monumento franquista: la basílica de Cuelgamuros, antes “Valle de los Caídos”, donde yacen un total de 33.833 cuerpos, 12.410 de ellos sin identificar.
Tubos volcánicos, simas, pozos, minas
La isla de Gran Canaria quedó bajo control de los sublevados desde el primer momento, y estos aprovecharon los tubos volcánicos y los pozos de agua para hacer desaparecer a sus enemigos políticos. Es el caso de la sima de Jinámar, una chimenea volcánica de 76 metros de profundidad, y de los 'pozos del olvido' en Arucas.
Pino Sosa, presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (AMHA) supo siempre que su padre, José Sosa Déniz, al que no pudo conocer, estaba en uno de estos pozos, y que no había huido en un barco, como le decían las autoridades franquistas. “Yo sabía que estaban ahí abajo. Si hubiese podido raspar el suelo con las uñas, los habría buscado, pero estaban a 50 metros de profundidad”, explica a RTVE.es
Pino prometió a su madre que encontraría a su padre, y tras una larga espera los restos de José fueron identificados en el pozo de Tenoya en 2018. “Eso fue una alegría tremenda para mí, para mi familia, qué te puedo decir. Fue mucha emoción y un reconocimiento. Trabajé para eso y luché para saber dónde estaban los que se llevaron a la fuerza, los demócratas”.
A Pino le costó décadas que se intervinieran los pozos, y cree que el proceso de exhumaciones es “muy lento”. “Yo cuando me enfado digo: 'quieren terminar con los viejitos, con los que sabemos algo para ya olvidar esto'. Pero esto no se puede olvidar”.
Las minas, abandonadas o en uso, también fueron utilizadas en toda España para intentar ocultar los cadáveres. Es el caso del Pozu Fortuna, en Asturias, hoy un lugar de memoria; de la mina de Valdihuelo (en Alburquerque, Badajoz) o la de Terría (Valencia de Alcántara, Cáceres), que se convirtieron en tumbas para decenas de asesinados por los sublevados.
La antigua mina de las Cabezuelas, en Camuñas (Toledo) fue utilizada para arrojar los cuerpos de más de 50 personas asesinadas en zona republicana, entre ellas nueve religiosos que están en proceso de beatificación. La Sociedad de Ciencias Aranzadi inspeccionó el pozo entre 2008 y 2010, a instancias del Arzobispado de Toledo, en la intervención más importante en democracia de una fosa de víctimas de la represión en la retaguardia republicana. Entre otros objetos hallaron restos de las sotanas, rosarios y cruces.
El forense Francisco Etxeberría ha inspeccionado personalmente muchos de estos lugares con Aranzadi, y ha publicado un trabajo de referencia sobre el tema. “Al asesinar a esas personas se pretendía no solo matarlas, sino ocultar a perpetuidad los restos –explica–. Y si había un hueco cercano, por ejemplo un pozo, era una cosa ventajosa. Echaban ahí los restos con la convicción de que era completamente imposible bajar a recuperarlos”.
En Aranzadi están especializados en este tipo de exhumaciones, no exentas de dificultad y peligro. Etxeberría relata cuánto les costó encontrar los restos de las 20 personas arrojadas al pozo de Salamanco Chico en Feria (Badajoz). “Cuando llegamos el pozo estaba lleno de agua, que sacamos con motobombas. Bajamos tres personas y nos encontramos con que la noria de hierro estaba allí abajo, se había hundido. Nos preguntábamos si los restos estarían debajo y si merecería la pena. Al subir, colgado en el pozo, vi restos humanos en una galería lateral. Hubo que sacar todo el escombro y aparecieron".
Etxeberría afirma, no obstante, que este tipo de intervenciones no son más costosas que la búsqueda de una fosa común en un cementerio, donde muchas quedaron debajo de tumbas y construcciones posteriores. "Ahí tienes que quitar los restos recientes de los años 60, ponerte de acuerdo con los familiares, etcétera. Y cuando has pasado toda esa zona, te metes hacia abajo y te aparecen o no te aparecen los restos de la Guerra Civil. Eso requiere muchísimo tiempo y consume recursos económicos", explica. “En el pozo, en cambio, sabes que están ahí, retenidos”.
'Les Candases', arrojadas al mar
El 2 de junio de 1938, 13 personas, ocho mujeres y cinco hombres, fueron arrojadas al mar desde el Cabo Peñas, tras haber sido torturadas.
El mar devolvió algunos de los cuerpos (los de 5 hombres y 6 mujeres), que aparecieron en las playas cercanas en los días siguientes, y fueron enterrados por los propios vecinos en localizaciones desconocidas.
Las mujeres, conocidas hoy como Les Candases, eran Áurea Artime; Balbina López; Daría González; María Fernández (a la que apodaban La Papona); Plácida López; Rosaura Muñiz; Secunda Rodríguez y Rita Fernández. Algunas colaboraban con el Socorro Rojo, estaban afiliadas a sindicatos o simplemente eran familiares de republicanos.
"Las lanzaron vivas - asegura Miguel García López, tataranieto de Áurea - Alguna de las mujeres, creemos que una de ella era Áurea, quedó colgada de uno de los riscos y se oían lamentos durante días hasta que el cuerpo cayó al acantilado o se quedó allí colgado”.
En el cementerio de la parroquia de Bañugues, muy cerca del Cabo, se halló en 2017 a la única identificada, Daría González.
En Canarias, el mar fue también el destino de algunos cuerpos, arrojados desde los acantilados de la Marfea, en Gran Canaria, o desde barcos en Tenerife y La Gomera.
Las fosas que desaparecen
La ampliación de los caminos y carreteras o la construcción de un pantano; el traslado de los cementerios; los movimientos de tierras y el olvido (los testigos directos, por su avanzada edad, van desapareciendo) contribuyen a que muchas de las fosas sin exhumar desaparezcan o su intervención sea ya imposible.
María Martín dedicó su vida a luchar para sacar a su madre, Faustina González, del lugar donde fue arrojada por los falangistas que la asesinaron en la localidad de Pedro Bernardo (Ávila). La fosa quedó bajo el trazado de la carretera CL-501. Su historia quedó retratada en el documental El silencio de otros.
En Lena (Asturias), un monolito en una curva de la carretera AS-230 recuerda “a quienes perdieron su vida por la libertad y la democracia". La fosa original, con seis personas, desapareció con las sucesivas ampliaciones de la vía.
En Martín de la Jara (Sevilla) existe otro monolito, este en el parque de una urbanización. Se supone que varias fosas de represaliados republicanos quedaron bajo los cimientos cuando se cerró el antiguo cementerio.
A veces las intervenciones arqueológicas tienen éxito aunque el emplazamiento haya sido casi olvidado. En Espinosa de los Monteros (Burgos) se desenterraron en 2012 nueve cuerpos enterrados boca abajo. La tumba clandestina había quedado bajo la acera de la calle y el jardín de un chalé.
Exhumacion de una fosa en Espinosa de los Monteros, Burgos, en 2012. La fosa estaba bajo la acerca y el jardín de un chalet. Óscar Rodríguez - Aranzadi
"Seguramente hay cosas que no se están encontrando y están a la vuelta de una esquina, de las que nadie ha informado, y quedan debajo de una carretera o de un polígono industrial”, reconoce Francisco Etxeberría. “Recuerdo una que estaba debajo del vertedero de basuras del pueblo”. "De hecho, en la actualidad, una de cada dos fosas que se buscan no se encuentran", añade.
Etxeberría calcula que aún quedan unas 20.000 víctimas cuyos restos podrían recuperarse. De ahí la importancia de un censo de fosas, de su reconocimiento y señalización, para que, como mínimo, se dignifique y no se pierda la memoria de las víctimas.
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