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La FELGTBI+ remitirá a la Fiscalía las palabras "tránsfobas" de un exmagistrado del Supremo que decía "sentirse mujer"

  • El organismo LGTBIQ+ considera que las palabras de Borrego en un acto de Vox suponen una burla hacia el colectivo trans
  • En 2025, se duplicaron las agresiones físicas o verbales hacia la población LGTBI+ con respecto a 2024
La FELGTBI+ remitirá a la Fiscalía las palabras de un exmagristrado del Supremo
Una mano sostiene la bandera del colectivo LGTBIQ+. GETTY IMAGES
RTVE.es / AGENCIAS

La Federación Estatal LGTBI+ remitirá a la Fiscalía las palabras "tránsfobas" del exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Francisco Javier Borrego. El exmagistrado declaró este jueves en las jornadas de Vox en el Congreso sobre "ideología de género y denuncias falsas" sentirse "mujer", como crítica de la conocida como "ley trans", aprobada en la anterior legislatura por el Gobierno de coalición.

Borrego declaró que se sentía mujer: "Me llamo Francisca Javier y soy mujer. No me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal". Para la Federación, este comentario supuso una burla hacia el colectivo trans y "cuestionó normativas para la protección de la dignidad, la integridad física y los derechos fundamentales tanto de las personas LGTBI+ como de las mujeres".

Además, la FELGTBI+ ha considerado que las declaraciones revisten una "gravedad añadida" al haber sido afirmadas en una sede parlamentaria y por un representante de la Administración de Justicia. "El Congreso de los Diputados es, junto al Senado, la sede de la soberanía española y, en tal medida, debe aunar la voz de toda la ciudadanía, respetando el principio democrático de igualdad y fomentando la convivencia pacífica de todas las personas", ha añadido el organismo. Por ello, han asegurado que cuando un magistrado pronuncia discursos como el de Borrego "no solo contraviene su mandato de servicio público, sino que, además, erosiona la confianza de la ciudadanía en la Justicia".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que las palabras de Borrego están "cargadas de odio" y lo ha considerado de "una vergüenza bochornosa". "Cuánta necesidad de formación en igualdad necesitan muchos miembros del Poder Judicial", ha agregado.

Por otro lado, la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha exigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que suspenda las jornadas porque la Cámara Baja "tiene obligación legal de proteger los derechos de las mujeres y las personas trans".

Aumentan los delitos de odio en 2025

La asociación LGTBIQ+ ha recordado que el colectivo enfrenta una elevada tasa de infradenuncia ante presuntos delitos de odio. Tal y como recoge el último informe del Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, el 46,09% de las víctimas no acude a las autoridades, el 26,82% formaliza la denuncia y un 27,09% recurre a entidades LGTBIQ+.

Por otro lado, la FELGTBI+ también ha hecho mención de la intervención del fiscal de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, en el Congreso, quien señaló que los discursos de odio son una modalidad de delitos de odio y que "revisten una enorme gravedad porque socavan los pilares de nuestro modelo de convivencia democrática".

Para la federación, si bien es cierto que las leyes LGTBI+ están hechas para "garantizar la igualdad real y proteger a las personas frente a la discriminación", el país atraviesa "un contexto en el que se pretende desmantelar estos avances". De hecho, ha recordado que el impacto de los discursos de odio "se traduce en violencia real, convirtiéndose en la antesala a los delitos de odio".

En 2025, se duplicaron las agresiones físicas o verbales hacia la población LGTBI+, lo que presenta aproximadamente 812.000 personas agredidas durante el último año. Por ello, el organismo ha alertado de la "enorme vulnerabilidad del colectivo" en una situación de "violencia motivada por el odio" y ha reclamado medidas efectivas para proteger la dignidad y los derechos de las personas del colectivo.

La FELGTBI+ ha exigido también un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables, que actualmente se encuentra en fase de conclusiones en el Congreso de los Diputados. A juicio de la Federación, "resulta imprescindible para blindar los avances normativos, proteger la dignidad de todas las personas, revertir el aumento de agresiones físicas y verbales y garantizar que los derechos humanos no puedan ser cuestionados ni instrumentalizados".