La retórica y los datos de la guerra de Trump contra la inmigración en Estados Unidos
- Trump usa un lenguaje bélico para justificar sus políticas contra la inmigración: habla de invasión y de defensa nacional
- En EE.UU. hay unos 11 millones de migrantes en situación irregular, pero la mayoría trabaja y paga impuestos


Muchos países tienen un ostentoso desfile militar anual, los Estados Unidos, no. Son aún la primer potencia mundial y su Ejército es el que tiene más bases establecidas por el mundo, pero no hace ostentación de ello en sus calles. Obvia el ritual. Hasta que llegó Trump.
Ya lo dijo en su primera presidencia cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, lo invitó a presenciar el desfile militar del 14 de julio, la fiesta nacional de Francia que conmemora la toma de la Bastilla. Trump declaró que quería copiar la idea. No pudo porque el Pentágono, el Departamento de Defensa, se negó porque lo consideró incompatible con mantener a las Fuerzas Armadas al margen de la política. Trump tomó nota y ya advirtió en campaña que en su segunda presidencia se rodearía de leales, de "sí señores", y este sábado Trump presidirá en Washington un desfile de militar. ¿Con ocasión de la fiesta nacional? No, con ocasión del cumpleaños de Donald Trump, 79 años, aunque oficialmente no se celebra su cumpleaños, sino el del Ejército continental (14 de junio de 1775).
Donald Trump ya tiene, como Macron, Vladímir Putin o Kim Jong-un, su desfile militar, su espectáculo de fuerza. Simultáneamente se han convocado protestas por todo el país con el lema de no querer un rey, un perfil, rey absolutista, al que cada día se acerca más el presidente de la república. Trump quiere proyectarse como un mandatario fuerte y dirige su propia guerra.
Guerra contra la inmigración
El presidente Trump usa un lenguaje bélico para referirse a sus medidas contra la inmigración, como George W. Bush lo hizo con el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En su discurso de toma de posesión vinculó, una vez más, inmigración con delincuencia y calificó de invasión desastrosa el flujo inmigratorio, y de emergencia nacional la situación en la frontera con México.
Es más, anunció y cumplió, que resucitaría una ley de 1798, cuando las 13 colonias que eran entonces los Estados Unidos llevaban apenas 20 años de independencia y temían que el Imperio británico las recuperara, con el fin de detener y expulsar a inmigrantes indocumentados acusándolos, sin juicio, de pertenecer a la banda criminal venezolana Tren de Aragua. "Como comandante en jefe, mi mayor responsabilidad es defender nuestro país de amenazas e invasiones, y es exactamente lo que voy a hacer". Un presidente en estado de guerra, así se presenta Donald Trump para justificar sus actuaciones.
Más militares en Los Ángeles que en Irak y Siria
Trump ha vuelto a invocar ese imaginario de guerra esta semana para saltarse uno de los pilares del sistema federal: la autoridad y las competencias del gobernador del Estado de California. Ha movilizado él, el presidente, la Guardia Nacional de California contra las protestas en Los Ángeles contra las redadas. En la orden del 7 de junio el presidente Trump no llega a invocar la ley de insurrección, pero se acerca en su argumentación: "En la medida en que las protestas o los actos de violencia impiden la ejecución de la ley, constituyen una forma de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos". Es decir, como es una "rebelión" contra el Gobierno federal, el presidente tiene, según esa lógica, capacidad para saltarse al Estado y "federalizar" el Ejército de California. Para el público español, es una especie de artículo 155 parcial aplicado a California.
Como si dijera: "¿No quieres caldo? Toma tres tazas", el presidente además ha mandado a Los Ángeles a unos 700 marines, que con los 4.000 militares de la Guardia Nacional suman, según señala la cadena ABC, más que los militares estadounidenses desplegados en Irak (2.500) y Siria (1.500). Algo que confirma y avala en X el portavoz del Pentágono (Defensa): "Es exactamente lo que votaron los estadounidenses. Defender a nuestro pueblo y nuestra patria".
La última vez que un presidente movilizó una Guardia Nacional en contra del criterio del gobernador fue en 1965, con Lindon B. Johnson. Lo hizo, ironías de la historia, para proteger a los manifestantes pro derechos civiles, es decir, contra la discriminación de la población negra, en el muy sureño estado de Alabama, cuyo gobernador era un destacado segregacionista, George Wallace. La polémica más reciente que recuerdo fue en 2005, cuando George W. Bush no tomó el control de la Guardia Nacional de Luisiana para hace frente a la tragedia del huracán Katrina. Se abstuvo porque la gobernadora del estado se opuso, como se ha opuesto ahora el gobernador de California.
¿Invasión? ¿Emergencia? ¿Qué dicen los datos?
Trump habla de invasión y de emergencia, pero acudamos al Pew Research Center. Con datos del censo de diciembre de 2024, el último cálculo de inmigrantes en situación irregular en los Estados Unidos es de 11 millones en 2022, más que en 2021, pero menos que en el año que récord de 2007, cuando calcularon que eran 12,2 millones.
Por país de origen, el primero es México, con cuatro de esos 12,2 millones de inmigrantes "no autorizados", una tendencia a la baja mientras que sube la inmigración ilegal de otras regiones como el Caribe, Centro y Sudamérica, Asia o Europa. Según esos datos de 2022, el 23% de la población nacida fuera de los EE.UU. está en situación irregular, un 3,3% del total de la población.
Como en otros países, no todos los inmigrantes llegan cruzando ilegalmente la frontera, muchos de quienes están actualmente en situación irregular entraron legalmente como turistas y se quedaron cuando sus visados de turista ya habían caducado.
Un artículo de verificación de datos el periódico The Washington Post destaca que en California, donde está puesto el foco, los delitos violentos han bajado y no subido, contradiciendo así el discurso de que la inmigración aumenta la inseguridad. En cuanto al supuesto perjuicio económico, el periódico recuerda que este año California ha superado a Japón y se ha convertido en la cuarta economía del mundo. Es el estado más poblado de la Unión, con casi 40 millones de habitantes, y también es el que cuenta con el mayor número de inmigrantes, tanto regulares como irregulares, pero lejos de ser un perfil de población al alza, desciende. "En los últimos años ha perdido centenares de miles de inmigrantes sin papeles porque han vuelto a sus países o se han ido a estados menos caros" señala el Post, "la población indocumentada está por debajo de los tres millones de hace una década, y no tiene que ver con la represión".
Cómo es posible vivir décadas en los EE.UU. sin residencia legal
Cubriendo o siguiendo noticias sobre inmigración en situación irregular en los Estados Unidos, a ojos europeos llama la atención los millones de personas que pueden construir una vida, décadas de vida, en ese país sin tener regularizada su residencia. ¿Cómo es posible que tantas personas puedan trabajar, alquilar casas, estudiar e incluso montar negocios y pagar impuestos, si no están legalmente en el país?
Lo primero que hay que recordar en cualquier cuestión que se aborde sobre los Estados Unidos, desde la pena de muerte, el derecho a voto, la venta de armas o la inmigración irregular, es que es un país federal donde la mayoría de regulaciones no lo son a nivel federal, las mismas normas para los 50 estados, sino que dependen de cada uno de ellos. En el caso de la inmigración irregular puede variar según la ciudad.
California es uno de los estados donde su Congreso aprobó una ley por la cual la policía no colabora en la detención y las deportaciones (competencia de un organismo federal, el ya famoso ICE) salvo que alguien haya cometido un delito grave. Los legisladores californianos también concedieron a los indocumentados derechos que no tienen en otros lugares de los EE.UU. Por ejemplo, obtener el permiso de conducir que, importante, en los EE.UU. sirve como documento de identidad nacional, acceso a la sanidad y a becas para estudiar.
La variedad de legislaciones, la economía sumergida y lo laxo de los controles de identidad en un país donde no existe un documento nacional de identidad obligatorio explican por qué es posible construir una vida y crear una familia sin tener una situación legal regularizada.
Es bastante común que quienes emigran lo hagan teniendo algún familiar o conocido en el lugar de destino, esa persona o ese grupo será el ancla que le permitirá tener un techo bajo el que vivir al principio y, probablemente, un trabajo en b, que cobrará en metálico. Los empleadores en determinados sectores como el agrícola, la hostelería o el hogar no suelen pedir pruebas de residencia para ofrecer y pagar el trabajo. Según el Pew Research Center, hay 6,3 millones de hogares con inmigrantes irregulares, un 70% en situación mixta, donde conviven residentes ilegales y legales.
Sin papeles, pero pagando impuestos. Tal vez este sea el aspecto que más sorprende, que se puede estar en situación ilegal en el país y al mismo tiempo tributar por los ingresos que se perciben en el trabajo. Esa tributación convertirá al inmigrante en menos indocumentado porque, a falta de un registro en la Seguridad Social, tendrá un número de identificación fiscal y, por lo tanto, un documento legal estadounidense que, en un país sin documento nacional de identidad obligatorio, le abrirá varias puertas en algunos tramites administrativos, incluido tener su propia empresa. Por ley los datos fiscales son confidenciales.
Que sea posible no significa que sea fácil, los millones de personas que están en esas circunstancias tienen permanentemente el miedo a tener un accidente o cualquier percance que les haga topar con alguna autoridad que investigue su situación legal, y a que pueda haber redadas, como las está habiendo, en su lugar trabajo.
Cuánto depende la economía de la inmigración
Según el Pew Research Center, con datos de 2022, en los Estados Unidos había 8,3 millones de trabajadores en situación irregular, una cifra similar a las de 2008 y 2011, y representan alrededor de un 4,8% de la fuerza laboral. Otro dato de trascendencia económica: el 89,4% de los inmigrantes indocumentados están en edad laboral. Los sectores que se nutren y dependen de estos trabajadores son la agricultura, el procesamiento de alimentos, la construcción, el servicio doméstico y la hostelería. En cuanto a su impacto económico, no sólo contribuyen al sistema productivo, sino a la Administración pública con los impuestos que pagan. Según datos de 2023 que publica el American Immigration Council, los inmigrantes sin legalizar pagaron casi 90.000 millones de dólares al fisco.
Si en la balanza coste-beneficio de la inmigración ilegal pesa más lo uno o lo otro es un debate recurrente sin consenso. Recurrente y complejo porque todas las cifras que se manejan en esta cuestión son aproximadas por la propia naturaleza de este tipo de inmigración, que rehúye por temor el control administrativo. Según el Instituto sobre impuestos y política económica, con datos de 2022, "los inmigrantes indocumentados pagaron unos 96.700 millones de dólares, más de un tercio de ese dinero se dedicó a financiar programas sociales a los que estos inmigrantes, por su situación legal, no pueden acceder, es decir contribuyen más de lo que reciben.
En el sentido contrario se pronunció en el Congreso de los EE.UU. Steven A. Camarota, director del Centro de Investigación sobre estudios de la inmigración: "Los inmigrantes ilegales dejan un saldo negativo fiscal, reciben más en servicios públicos de lo que pagan en impuestos (...) El índice de empleados activos entre los indocumentados es superior a la media, pero tienen trabajos poco remunerados y por lo tanto tributan poco, pero tienen derecho a subvenciones, lo que tributan no cubre lo que gastan". Una circunstancia que es común a las rentas bajas, independientemente de su situación legal, y que es una de las bases del llamado estado del bienestar y la redistribución de la riqueza, conceptos con los que el presidente Trump parece estar también en guerra.