Las reformas económicas de Francisco: más control y transparencia en las intrincadas finanzas del Vaticano
- El papa impulsó una gestión más centralizada y profesional, frente a la dispersión y opacidad previas
- Sin embargo, no logró enjugar el déficit en las cuentas de la curia, que en 2023 era de 46,5 millones
La voluntad reformista del papa Francisco se manifestó en numerosos ámbitos de la Iglesia católica, aunque uno de los más espinosos fue su intento de reordenar las finanzas de la Santa Sede. Frente a la dispersión y la opacidad que regía en las cuentas del Vaticano -abonando el camino a la corrupción-, Jorge Mario Bergoglio trató de centralizar la gestión, incrementar los controles financieros e introducir una mayor transparencia. Un proceso que, cuando le alcanzó la muerte, estaba todavía incompleto y que, pese a sus esfuerzos, no había conseguido enjugar el déficit: según el último balance publicado, correspondiente a 2023, los gastos de la curia romana, el gobierno de la Santa Sede, superaban a los ingresos en 46,5 millones de euros.
Pese a esas dificultades, los expertos coinciden en que su papado introdujo novedades sustanciales en la economía vaticana, sujeta a normas y tradiciones en ocasiones muy alejadas de la práctica administrativa convencional. "El pontificado de Francisco ha supuesto una pequeña revolución en la gestión económica de la Santa Sede", afirma Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid, en una respuesta por escrito a las cuestiones de DatosRTVE.
"Su mayor preocupación era la corrupción, no quería una economía corrupta y contra eso batallaba", abunda Juan Antonio Guerrero, jesuita español que ejerció tres años como responsable de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede, uno de los organismos que Bergoglio creó un año después de llegar al papado para controlar y ordenar las finanzas vaticanas. "Había muy poca visibilidad de las cuentas, no teníamos capacidad de controlar, que era lo que el papa quería: que las cuentas fueran transparentes y estuvieran controladas. Y, poco a poco, fuimos dando pasos, pasando de un sistema antiguo, de confianzas, a uno un poco más profesionalizado", subraya Guerrero.
Centralizar la gestión y el control económico
Entre las funciones de la Secretaría de Economía -que ahora está dirigida por otro español, el economista laico Maximino Caballero- están la publicación de los balances de cuentas, el control de los ingresos y los gastos -lo que incluye autorizar cualquier gasto extraordinario que supere los 100.000 euros- o la elaboración de los presupuestos de la Santa Sede. La aprobación de estos últimos, sin embargo, está en manos del Consejo de Economía, otro de los organismos creados por Francisco, que consta de ocho cardenales y siete expertos laicos, profesionales de la gestión empresarial -entre ellos, dos españolas: Concha Osacar y Eva Castillo-, con un mandato de cinco años para definir las grandes líneas económicas.
El Consejo y la Secretaría de Economía conforman el corazón de las reformas económicas de Bergoglio, que buscaba centralizar en ambos el control de unas cuentas antes muy dispersas entre los distintos dicasterios, los organismos que forman la curia. Eso implicó retirar competencias y elevar el control sobre otros departamentos, especialmente de la poderosa Secretaría de Estado, lo que suscitó reticencias. Pero el papa estaba decidido: "Una vez, durante una reunión que tuvo con nosotros, nos dijo: 'En una buena organización solo hay un ministerio de economía, no hay cuatro'", recuerda Guerrero.
Además de la supervisión, también se ha centralizado la gestión económica, que ahora recae fundamentalmente en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). Este organismo, creado por Pablo VI en 1967, fue reforzado por Francisco y se encarga de la gestión diaria, es decir, de administrar los ingresos y los gastos de la Santa Sede "de manera centralizada y con criterios profesionales", recalca Giménez Barriocanal. Según el último balance de cuentas, la APSA manejó un presupuesto de gastos de 484,4 millones de euros en 2023, frente a unos ingresos de 437,9 millones de euros, lo que resultó en un déficit operativo de 46,5 millones de euros.
Dependencia de unas donaciones en declive
En realidad, el presupuesto de la Santa Sede es mucho mayor, en torno a 1.200 millones de euros, pero esa cifra incluye los hospitales del Vaticano, en concreto dos: el Hospital pediátrico Bambino Gesù, en Roma, y la Casa Sollievo della Sofferenza, en San Giovanni Rotondo, una referencia en investigación médica, pero también con dificultades financieras. Los centros hospitalarios representan dos tercios de las finanzas de la Santa Sede, que en conjunto presentaron un déficit operativo en 2023 de 83,5 millones de euros, pero al excluir los hospitales -que tienen su propia gestión-, se puede conocer mejor la situación financiera de los dicasterios, es decir, de los ‘ministerios’ de la curia.
Así circunscrita, la principal fuente de ingresos de la Santa Sede siguen siendo, pese a su constante declive, las donaciones externas, que en el último año con datos supusieron el 45% del total, con 217,6 millones de euros. La mayor parte proceden del Óbolo de San Pedro, una colecta anual entre las diócesis y los católicos de todo el mundo para el sostenimiento económico del papa, que en los últimos tres años ronda los 45 millones de euros, muy por debajo de las contribuciones que financia.
Aquí se introduce un matiz muy relevante de la economía vaticana: las donaciones de los fieles son finalistas, es decir, el dinero se da para un fin concreto y no se puede destinar a ningún otro. Eso implica que hay dicasterios con superávit -habitualmente, por ejemplo, el dedicado a la evangelización, las misiones-, mientras otros se encuentran en déficit, sin que los ingresos de unos puedan compensar los de otros. "Siempre se tiene que respetar la voluntad de los donantes y no es posible trasladar recursos finalistas a otras necesidades. Lo que se está intentando promover es la captación de fondos para los fines genéricos de la Iglesia, con el fin de poder redistribuirlos allá donde sea necesario", explica Giménez Barriocanal, que reconoce que "es una labor ciertamente compleja".
El rendimiento del patrimonio
Pese a todo, Francisco pretendía profundizar en la vía de las donaciones para mejorar los ingresos: una de sus últimas medidas, aprobada el 11 de febrero, apenas tres días antes de ser hospitalizado, fue la creación de una nueva Comisión de Donaciones para la Santa Sede, con el objetivo -contra la opinión de una parte de la curia- de fomentar la recaudación de las diócesis para tratar de enjugar el déficit. Habitualmente crítico con el capitalismo, Bergoglio parecía reacio a exprimir la generación de ingresos a través del patrimonio del Vaticano, pese a que en 2023 supusieron más de la mitad de los ingresos, si se suman los ingresos propios (205,3 millones) procedentes de actividades comerciales, servicios y alquiler de inmuebles, y los rendimientos financieros (45,8 millones de euros).
Dentro de este capítulo se incluyen los beneficios del patrimonio inmobiliario, que, según los últimos datos de la APSA, proceden de más de 5.000 inmuebles, de los que 4.249 están en Italia, la mayoría de ellos -el 92%- en Roma. Otros “aproximadamente” 1.200 se encuentran en el resto del mundo, aunque la agencia oficial Vatican News cita fundamentalmente las ciudades de Londres, París, Ginebra y Lausana. Solo una pequeña parte de esos inmuebles se alquilan a precios de mercado, pero aún así, en 2023 supusieron más de cien millones de euros, el 21% de los ingresos.
En cuanto a los ingresos financieros, que en 2023 supusieron 45 millones de euros, en buena parte proceden de la aportación del Instituto para las Obras Religiosas, conocido como el 'banco vaticano', una entidad independiente que, en puridad, se asemeja más a un fondo fiduciario, ya que gestiona inversiones a partir de donaciones. En 2022, Francisco ordenó que todos los activos mobiliarios, ya fueran bonos, créditos, acciones o de cualquier otro tipo, estuvieran bajo su gestión, sacando esos activos del control de los dicasterios.
El intento de frenar los gastos
La última partida que alimenta los ingresos de la Santa Sede son las aportaciones de entidades vinculadas, fundamentalmente la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, que en 2023 fue de 15 millones de euros. Porque una cosa es el estado soberano en el que se asienta el obispado de Roma y otra la Santa Sede, aunque estén estrechamente vinculados. Así, la Gobernación tiene su propio presupuesto -con superávit-: obtiene sus propios ingresos, fundamentalmente de las tiendas del enclave y de la gestión de los Museos Vaticanos (las obras de arte, por cierto, no se pueden vender, porque pertenecen al patrimonio cultural de Italia y lo prohíbe el derecho internacional), y tiene sus propios compromisos de gasto, como el mantenimiento de los edificios y vías públicas.
En cuanto a los gastos de la Santa Sede, la mayor parte se dedica a costes de personal, que en 2023 supusieron 167,5 millones de euros, mientras que las contribuciones por donaciones ascendieron a 126,1 millones de euros. Por destino del gasto, la Santa Sede desglosa lo que destina a lo que se denomina la misión apostólica del papa, es decir, todo lo que no se gasta en los servicios corrientes y la gestión del patrimonio, más de 370 millones en 2023. Desde este punto de vista, más de la mitad se dedica a la evangelización, especialmente el apoyo a iglesias en dificultad o perseguidas, un capítulo que contó con 144,1 millones.
Enfrentado a unos ingresos que crecían mucho menos que los gastos, Francisco insistió a lo largo de su papado en la necesidad de contener el gasto de la curia para atajar el déficit. En septiembre del año pasado, volvió a remarcar en público a sus cardenales la necesidad de alcanzar el "déficit cero" en cada uno de los dicasterios. Y para predicar con el ejemplo, en octubre decretó una nueva bajada del salario de los purpurados, la tercera desde 2021: según Reuters, ese último recorte representó una reducción del 10%, lo que equivaldría a unos 500 euros mensuales para cada miembro de la curia.
Austeridad y mayor supervisión para frenar la corrupción
Los recortes salariales a los altos cargos de la Iglesia católica se inscriben en la política de austeridad que propugnaba Bergoglio, que se aplicó desde el primer momento a sí mismo: cuando alcanzó el papado, declinó vivir en el Palacio Apostólico, la residencia oficial del pontífice, y se trasladó a la Casa de Santa Marta, una residencia aneja a la Basílica de San Pedro donde se alojan los cardenales durante los cónclaves. También rechazó el coche oficial.
En esa misma perspectiva moral se enmarcaron otras iniciativas, como la nueva política de inversiones implantada en 2022 y alineada con la Doctrina Social de la Iglesia, lo que excluye inversiones especulativas o contrarias a la dignidad humana y el bien común -por ejemplo, en industrias armamentísticas-. Y también la lucha contra la corrupción: durante su papado tuvo lugar la primera condena penal a un cardenal, el italiano Angelo Becciu, por un fraude fiscal vinculado al escándalo de la compraventa especulativa de un edificio en Sloan Avenue, en el centro de Londres, que se había financiado con donaciones del Óbolo de San Pedro a través de la Secretaría de Estado y a un precio mayor de su valor real, lo que provocó pérdidas sustanciales a las arcas del Vaticano.
Los escándalos financieros, más allá de su vertiente ética, son una de las causas del declive de las donaciones, por lo que Francisco decidió reforzar la supervisión. Por ejemplo, con el cierre de miles de cuentas sospechosas en el Instituto para las Obras Religiosas, nada más comenzar su papado, o con el impulso de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, que vigila el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la entidad, para adecuarse a las normas financieras internacionales. En esta misma línea, se buscó una mayor transparencia para las cuentas de la Santa Sede: "Cuando se tiene visibilidad, también baja bastante la corrupción", apostilla Juan Antonio Guerrero.
La incógnita del nuevo papa ante las reformas económicas
La gran incógnita respecto a todas estas iniciativas es si el próximo papa profundizará en las reformas emprendidas por Francisco. "Solo desde una estructura transparente, donde fluye la información y donde se tiene capacidad real de definir prioridades de actuación globales para asignar los recursos, es como se puede avanzar en un modelo de viabilidad económica", advierte al respecto el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.
El sucesor de Jorge Mario Bergoglio tendrá que afrontar, además, un problema que afloró durante el papado de Francisco, aunque todavía no ha tenido respuesta: el déficit a futuro que se estima en el fondo de pensiones del Vaticano, al que contribuyen los casi 5.000 trabajadores de la ciudad-estado, y que en 2022 se cifró en 631 millones de euros.
"Quedan cosas por hacer", refrenda Juan Antonio Guerrero, que espera que el nuevo pontífice siga respaldando a la Secretaría de Economía para completar las reformas. Por el momento, todo está en manos de los 133 cardenales que participarán en el cónclave y que, entre otros aspectos, deberán sopesar hacia dónde quieren encaminar la economía de la Santa Sede.
