Seis meses de la dana en Valencia: presión en la calle y un momento clave del proceso judicial
- Seis manifestaciones multitudinarias en Valencia han reclamado la dimisión del president valenciano, Carlos Mazón
- La causa judicial abierta por la juez de Catarroja apunta a la Generalitat y a su "gravísima inactividad"
Valencia sigue recuperándose, muy poco a poco, de la devastadora dana que el pasado 29 de octubre dejó 227 muertos y un desaparecido. Cientos de personas siguen sin poder volver a sus casas, escuelas o negocios cuando se cumplen seis meses del peor desastre natural que ha sufrido España en tiempos modernos. Desde entonces resuenan varias preguntas, la principal de ellas si se pudo haber evitado este gran balance de víctimas. De ser así: ¿quién es el responsable o responsables de haberlo hecho?
En el plano político, toda la presión se centra sobre el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, señalado como principal responsable de la gestión de la tragedia por la oposición y por miles de manifestantes que han salido a la calle en seis ocasiones reclamando su dimisión.
Mazón, mientras, ha insistido en que no dimitirá y ha confiado su futuro político a la reconstrucción tras la dana. Su estrategia se ha centrado en defender que actuó con la información que había en el momento y señalar a los organismos estatales y al Gobierno.
El congreso del PP europeo, prueba de fuego
La Comunitat Valenciana ha recuperado poco a poco el suministro eléctrico después del apagón generalizado que sufrió toda la Península este lunes. Por la tarde se prohibió la manifestación convocada en Valencia, la séptima, para pedir explicaciones y responsabilidades por lo ocurrido el día de la dana.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno "movilizar todos los recursos del Estado" para garantizar la seguridad durante el apagón y condicionó la celebración del congreso del Partido Popular Europeo a la evolución de la situación.
Coincidiendo con los seis meses de la dana ha arrancado este martes en Valencia el congreso del PP europeo, cuya celebración en la capital del Turia ha estado en duda además por la crisis política abierta a raíz de esta catástrofe.
El congreso será una prueba de fuego en el apoyo público a Mazón. El líder ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo, sugirió a principios de marzo que se podría cambiar de sede a Madrid, aduciendo que los diputados tenían que votar en una sesión del Congreso, aunque finalmente la cúpula de la formación a nivel comunitario decidió mantenerlo en la capital del Turia.
Las asociaciones de víctimas se han manifestado a las puertas de la Feria de Valencia. Estas han querido implicar a la Unión Europea en sus reclamaciones. En una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pedían la ayuda de Bruselas, "ya que muchas familias aún carecen de recursos para reconstruir sus hogares, negocios o proyectos de vida meses después del desastre". Finalmente, Von der Leyen se reunirá con ellas en mayo en Bruselas, no durante el congreso, como estas reclamaban.
A nivel nacional, la dirección del PP ha cambiado por momentos de postura en cuanto a su apoyo a Mazón. Feijóo ha escenificado en varias ocasiones su apoyo al barón valenciano, la última de ellas esta misma Semana Santa, cuando aseguró que era "coherente y valiente". Sin embargo, en otras ocasiones Feijóo ha mantenido una postura más fría y ha señalado que ni la Generalitat ni el Gobierno central "estuvieron a la altura" en la gestión de la dana.
La gran incógnita: dónde estaba Mazón
El president de la Generalitat no está imputado en la causa judicial abierta que investiga la gestión de la dana, pero todos los focos están sobre él. Se desconoce su paradero en las horas clave del día de la dana: su último acto de la agenda, un encuentro con agentes sociales, terminó a las 14:30 y su primera aparición pública llegó más allá de las 21:00 horas
Mazón ha cambiado su versión en varias ocasiones. Primero negó que tuviera una comida, luego aseguró que estuvo en el restaurante El Ventorro con el presidente de la patronal valenciana, algo que este último negó y más tarde aseguró que era un almuerzo "privado", aunque se desconoce a qué hora acabó esa comida y si estuvo pendiente de lo que ocurría en decenas de municipios valencianos. Poco después se conoció que había comido con la periodista Maribel Vilaplana, a la cual había ofrecido la dirección de la televisión pública valenciana, À Punt.
También ha variado la hora a la que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), según su versión. Primero aseguró que fue "a media tarde", justificándose por un supuesto atasco que no existió, después "a partir de las 17" y finalmente, según la Generalitat, llegó a las 20:28, después de que se hubiera enviado la alerta. Entre la comida y su asistencia al Cecopi, Mazón estuvo "trabajando" en el Palau de la Generalitat, según defendió, y en contacto con Pradas.
Según el listado de llamadas de aquella jornada, al que ha tenido acceso RTVE, hablaron en varias ocasiones hasta que, a partir de las 18.30 y hasta las 19.43, no pudieron comunicarse. Fue a las 20.10, un minuto antes de lanzarse la alerta a los teléfonos, cuando retomaron la comunicación con una llamada que duró escasos segundos.
Presión en las calles
Los bandazos de Mazón han irritado profundamente a la oposición valenciana, a Compromís y el PSOE, que han reclamado en distintas ocasiones su dimisión, así como a gran parte de la ciudadanía.
La indignación ciudadana se ha demostrado en numerosas ocasiones en las que Mazón ha tenido actos públicos, en los que ha sido increpado con gritos de "asesino". Ello le ha llevado a reducir sus apariciones públicas en la provincia de Valencia y centrarlas en la de Alicante, su lugar de origen, residencia privada y donde se siente con más apoyos. Así se comprobó, por ejemplo, con su llamativa ausencia en las Fallas de Valencia del pasado marzo, en las que solo se dejó ver en el balcón del Ayuntamiento el día de la ‘cremà’.
A nivel político, llevó a cabo una única remodelación del gobierno en noviembre, cuando destituyó a Pradas, así como a la entonces consellera de Turismo e Industria, Nuria Montes, criticada por su tono hacia las víctimas en los primeros días tras la catástrofe. Creó una Vicepresidencia para la reconstrucción, y puso al frente de ella al general retirado Francisco Gan Pampols, un cargo técnico ajeno a los partidos.
Y si Mazón se ha enfrentado en les Corts una dura oposición de los partidos de izquierda, en Vox ha encontrado un aliado clave. El partido de Santiago Abascal ha unido sus votos al PP para evitar que se tramitara una moción para que dimitiera el president, y han pactado con los ‘populares’ los presupuestos autonómicos para este año, que asumen muchos de los postulados de la ultraderecha.
Todo el foco en la Generalitat
En el plano judicial y político, toda la atención está centrada en la causa abierta por el juzgado de Catarroja. Las decisiones y autos de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, al frente de la primera fase de instrucción, han marcado el debate político sobre las responsabilidades de la tragedia.
Todo está centrado en esclarecer qué hacían los máximos responsables autonómicos de Emergencias durante las horas claves de la tarde del 29 de octubre, desde que se convocó el Cecopi a las 17:00 horas hasta que se envió la alerta a los móviles a las 20:11, cuando ya era muy tarde para la gran mayoría de víctimas.
Ya desde un primer momento, los autos de la juez apuntaban a un responsable principal: el Gobierno autonómico valenciano. La magistrada decidió imputar a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, con las competencias en Emergencias, y a su ‘número dos’, el secretario autonómico Emilio Argüeso.
No ha citado como investigado, en cambio, a Mazón. Consideraba que según la legislación autonómica, y tal y como le había indicado la propia Generalitat, era Pradas quien tenía que liderar el Cecopi y no el president.
También ha descartado investigar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, así como a los responsables de organismos estatales como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar -quienes también asistieron al Cecopi aunque de manera telemática-. El Gobierno de Mazón ha acusado repetidamente a estas instituciones de no haber proporcionado información suficiente, un argumento que ha rechazado de plano la juez.
"Gravísima inactividad" con resultado "mortal"
Imputar a otros cargos más allá de la Generalitat supondría "degradar" la "gravísima inactividad de la Administración Autonómica valenciana" que tuvo un resultado "mortal", afirmaba en un auto del pasado 22 de abril.
La juez apunta directamente al Gobierno valenciano como "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil" y habla de su "evidente pasividad" al no reaccionar con presteza a toda la información disponible muchas horas antes de la alerta: los partes meteorológicos de la Aemet, las miles de llamadas al 112 esa jornada, la información de los cauces proporcionadas por la CHJ o la cobertura proporcionada por los medios de comunicación.
Según la jueza, en la de reuniones del Cecopi parecía que los presentes "permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente". Las decisiones se demoraban, "mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala".
Pradas se descarga de responsabilidad
Uno de los momentos clave del juicio fue la declaración, el pasado 11 de abril, de Pradas y de Argüeso, únicos imputados en la causa. Ambos, recibidos entre gritos por parte de familiares de víctimas, se descargaron de responsabilidad y señalaron hacia abajo, a sus subordinados, y a la Confederación del Júcar por no proporcionar información suficiente.
Pradas, emocionada, aseguró que no tenía experiencia en emergencias y que su cargo en el Cecopi era meramente "institucional", por lo que tenían que ser los técnicos quien la informaran y se coordinaran. Rechazó responsabilizar a Mazón del envío de la alerta e insistió en que no le esperaron para enviar la alerta.
