La jueza habla de "pasividad" de la Generalitat en la gestión de la dana y rechaza investigar al Gobierno central

• La magistrada justifica su decisión en que no existe "ninguna relación causal" con las víctimas mortales
• Advierte que el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno "no es sino un reconocimiento" de la "pasividad" de la Generalitat

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha denegado la solicitud de la acusación popular ejercida por la asociación Liberum para que se oficiara al Gobierno a fin de preguntar si se convocó el Consejo de Seguridad Nacional. La magistrada justifica su decisión en que no existe "ninguna relación causal" con las víctimas mortales, al tiempo que sostiene que los argumentos que utiliza el Ejecutivo valenciano para eximirse de responsabilidad suponen un reconocimiento explícito de su "pasividad" para alertar a la población.

En el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la instructora justifica su decisión en que el análisis de la convocatoria de ese órgano "queda extramuros completamente del procedimiento penal" en curso y "carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y lesiones" producidos el 29 de octubre. Además, hace notar que su juzgado "carece de competencia" para analizar si el presidente del Gobierno convocó el citado consejo.

La jueza reitera que el objeto de este procedimiento es "el análisis del fallecimiento de 227 personas, una de ellas embarazada de ocho meses, una desaparecida y los lesionados, y la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población y la normativa aplicable al caso".

Tras recordar que el Estatuto de Autonomía establece que la protección civil es competencia exclusiva de la Generalitat y, por tanto, el mando único de la emergencia, señala que las pruebas "deben de centrarse en el referido nexo causal entre la inactividad de quienes se atribuye la condición de investigados, su posición de garantes y los fallecimientos". En caso contrario, se trataría de un "análisis genérico, sin conexión con lo sucedido y que supone apartarse radicalmente de la regulación legal".

Ve el desplazamiento de responsabilidad como un reconocimiento de "pasividad"

Por otro lado, respecto a las alegaciones presentadas de elementos exculpatorios como la falta de experiencia y conocimiento de la situación o la delegación de la responsabilidad en los técnicos, la jueza recuerda que "la incapacidad en la toma de decisiones no puede suponer la búsqueda reiterada de una normativa alternativa a la realmente aplicable".

Tampoco se puede justificar esa "incapacidad" en la atribución reiterada de responsabilidades a quien comparece como testigo, "ni su sometimiento a una ordalía de preguntas propias de un investigado", ya que se trataría de una actuación "contraria a cualquier tipo de garantía procesal".

"En cualquier caso, el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica, administración que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo dicha tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia".

Recuerda el consenso respecto a la declaración de emergencia

En el escrito también apunta que algunas de las partes personadas en la causa han argumentado la procedencia de la declaración de emergencia nacional. Al respecto, señala que está regulado en la ley del Sistema Nacional de Protección Civil y que una sentencia del Tribunal Constitucional estableció que "la concurrencia de un interés supracomunitario justificará la previsión de unas potestades estatales", pero sin que ello excluya la participación de las Administraciones autonómicas competentes.

La jueza expone que dicha emergencia nacional "ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la Administración autonómica valenciana". Al contrario, "existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni tampoco los días posteriores".

Paralelamente, la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en la causa penal por la gestión de la dana, ha pedido a la instructora que cite a declarar en calidad de investigados al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y al ex inspector jefe de los bomberos del Consorcio Provincial, José Miguel Basset.

Su abogado, José María Bueno, realiza esta petición para que presten declaración como imputados o, subsidiariamente, en calidad de testigos, e incluye en la petición a la jefa del servicio de Coordinación de Emergencias, Inmaculada Piles, y la técnico de Comunicación de Emergencias, Aurora Roca.