Hungría y la recepción con honores a Netanyahu: ¿Qué supone la salida de la Corte Penal Internacional?
- Retirarse de este tribunal es posible, pero no exime a Hungría de la obligación de detener al primer ministro israelí
- Hasta el momento, solo Burundi y Filipinas han dejado de formar parte de la Corte
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El jueves, el primer ministro húngaro y líder de la extrema derecha europea, Viktor Orbán, recibió con honores a su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu. Lo hizo durante la primera visita del primer ministro de Israel a un país de la Unión Europea desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiese una orden de detención contra él en noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Sin embargo, justo antes de recibir a Netanyahu, el mandatario húngaro anunció su retirada del Tribunal de La Haya. Según Orbán, la CPI ya no es un tribunal imparcial, sino político. Esta decisión abre ahora varias incógnitas: desde cómo se retira un país del organismo, a las consecuencias que puede tener también dentro de la Unión Europea.
Un proceso regulado por el Estatuto de Roma
Cualquiera de los 125 países miembros puede abandonar el Tribunal Penal Internacional. El proceso está estipulado en el artículo 127 del Estatuto de Roma, el acuerdo internacional por el que se creó la CPI en 1999. Según el acuerdo, primero es necesario que el país envíe una notificación por escrito al secretario general de las Naciones Unidas. Aunque la retirada no entrará en vigor hasta un año después.
Por otro lado, aunque un Estado miembro decida retirarse de la CPI, esto no le exime de las obligaciones que haya contraído mientras era parte de él. De este modo, el Gobierno húngaro debería seguir cooperando con el Tribunal de La Haya y detener a Netanyahu, ya que la CPI no tiene un cuerpo policial propio y depende de la cooperación de sus Estados miembros para ejecutar cualquier orden de arresto.
Los antecedentes de Burundi y Filipinas
Hasta la fecha, solo dos países han abandonado este tribunal. Burundi en 2017 y Filipinas en 2019, bajo el mandato de Rodrigo Duterte, quien precisamente fue detenido por la Corte recientemente acusado de crímenes contra la humanidad por su guerra contra las drogas.
Otros miembros, como Gambia y Sudáfrica, también han amenazado con hacerlo. La tensión entre la potencia africana y la Corte Penal Internacional se elevó en junio de 2015, cuando el entonces presidente sudanés, Omar al Bashir, imputado por el alto tribunal por crímenes de guerra y contra la humanidad, no fue detenido por el Gobierno de Pretoria.
¿Podría la UE castigar a Hungría?
Todos los países de la comunidad europea forman parte del Estatuto de Roma. Hungría sería el primero de los Veintisiete en romper con la Corte.
De momento, Bruselas no ha anunciado medidas contra Budapest, pero sí dispone de mecanismos para sancionar a Hungría. Desde congelar y retirar la entrega de fondos europeos al Gobierno de Orbán, como ya ha hecho antes, hasta aplicar el artículo 7 del Tratado de la UE.
Este permite la suspensión de ciertos derechos de un Estado miembro, incluido el derecho de voto en el Consejo de la UE, en caso de violaciones graves y persistentes de los valores de la comunidad como el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
Sin embargo, es poco probable que esto suceda. De hecho, varios Estados miembro como Polonia, Italia, Francia o Austria han dejado claro o han dado a entender que no cumplirán la orden de detener a Netanyahu. Por ejemplo, el recién ganador de las elecciones de Alemania, Friedrich Merz, ha ido más allá y ha invitado al líder israelí a visitar el país.
Doble rasero ante la Justicia internacional
La negativa a cumplir con las decisiones del Tribunal Penal Internacional en el caso del primer ministro de Israel choca con la voluntad de la Unión Europea de llevar a cabo la orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, también acusado de crímenes de guerra. En este caso, solo Hungría se ha negado a seguir el mandato del organismo.
Con todo, la visita de Netanyahu a Hungría y la salida del país de la Corte Penal, un tribunal que nació para garantizar que nadie en el mundo esté por encima de la Justicia, supone un desafío a la rendición de cuentas y un retroceso en el compromiso con el derecho internacional.
