Duterte ingresa en un centro de detención en La Haya para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en Filipinas
- El expresidente filipino se convierte en el primer líder de un Estado asiático en ser juzgado por la Corte Penal Internacional
- La CPI considera que Duterte es "coautor indirecto" de asesinato durante su período como alcalde de Dávao y su presidencia
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El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha ingresado este miércoles en el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI) tras aterrizar en Países Bajos extraditado por Manila acusado de presuntos crímenes de lesa humanidad en Filipinas durante su llamada "guerra contra las drogas".
El avión, que tenía previsto llegar a primera hora del miércoles, hizo una larga parada en Dubái, donde Duterte, de 79 años, recibió un chequeo médico rutinario y se gestionaron documentos necesarios para todas las personas que se encontraban en el vuelo. Hasta el lugar del aterrizaje se habían trasladado una ambulancia y agentes de la Policía neerlandesa, así como dos autobuses. Solo se considera que estará oficialmente bajo autoridad de la Corte cuando se encuentre en el centro de detención.
Una vez allí, pasará por una especie de primera entrevista sobre necesidades, situación médica y temas legales protocolarios. Después, la CPI programará una audiencia para confirmar la identidad e informarle de sus derechos. Una vez se dicte sentencia, será trasladado a una cárcel de un país socio de la Corte para cumplir su pena.
La CPI ha hecho pública la orden de arresto, que se emitió de forma secreta el 7 de marzo. En ella, los jueces indican que "existen motivos razonables" para creer que se cometieron numerosos asesinatos a manos de los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao [durante su período como alcalde de la ciudad homónima] y el personal de las fuerzas del orden, al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, defendió en un comunicado que sus investigaciones son "independientes e imparciales" y ha celebrado el arresto como "un avance importante en la búsqueda de la rendición de cuentas" en Filipinas por su "campaña contra las drogas" entre 2011 y 2019.
Dada la posición y funciones de Duterte, así como su posición en el Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS, donde fue fundador y líder), la CPI considera que "tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones", lo que lo hace “coautor indirecto” de los crímenes de asesinato.
El "papel central" que se le imputa incluye el diseño y promoción de una política de exterminio de criminales; establecimiento y dirección del DDS; proporción de armas, vehículos y equipos a los perpetradores; orden directa de actos de violencia; la selección de funcionarios clave para ejecutar los crímenes; y la protección de los perpetradores de la justicia.
Por temor a la rendición de cuentas ante la CPI, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, en marzo de 2019. Sin embargo, esa decisión no afecta a la jurisdicción que tiene la Corte sobre crímenes cometidos antes de esa fecha.
Primer líder asiático juzgado en La Haya
El caso de Duterte podría convertirse en el primero de su clase, al ser el primer exjefe de un Estado asiático en ser juzgado ante la CPI. "Su arresto constituye un paso histórico hacia la justicia", ha declarado la ONG Human Rights Watch en un comunicado.
"Es una victoria largamente esperada contra la impunidad que podría acercar a las víctimas y sus familias a la justicia", ha declarado la subdirectora para Asia de la organización, Bryony Lau. "Este trascendental acontecimiento envía un mensaje a quienes violan los derechos humanos en todo el mundo: que algún día podrán rendir cuentas", ha añadido.
Según estadísticas policiales oficiales, más de 6.000 filipinos fueron asesinados en la "guerra contra las drogas" de Duterte, en su mayoría personas de bajos recursos en zonas urbanas. En cambio, grupos de derechos humanos en Filipinas señalan un número mayor, con cifras que superan las 30.000 personas. Muchos niños se encontraban entre las personas asesinadas o sufrieron las consecuencias perjudiciales de la campaña antidrogas de Duterte.
El modus operandi consistía en oficiales de la Policía Nacional Filipina o fuerzas paramilitares que allanaban viviendas por la noche sin orden judicial, arrestando y luego ejecutando a sospechosos. En algunos casos, incluso llegaban a presentar pruebas falsas para justificar sus actos. Un número muy pequeño de los miles de casos ha sido investigados o procesados, y solo cuatro de ellos resultaron en condenas, todos contra agentes de policía de bajo rango, por ejecuciones extrajudiciales.
A Duterte se le vincula con el asesinato de al menos 19 personas, identificadas como presuntos traficantes de drogas o ladrones, por el DDS en Dávao y sus alrededores. Y con el de al menos otras 24, identificadas como presuntos delincuentes o consumidores de drogas, asesinadas por fuerzas del orden en Filipinas, en algunos casos con asistencia de individuos ajenos a la policía.
Aunque Human Rights Watch exige que el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos, tome medidas adicionales para abordar las continuas violaciones de derechos humanos en Filipinas, incluyendo las recientes ejecuciones extrajudiciales y los ataques contra activistas y grupos de la sociedad civil. Asimismo, piden que el Gobierno filipino también se reincorpore a la CPI.
Duterte asume la responsabilidad: "Soy yo quien se puso al frente"
En un vídeo grabado justo antes de aterrizar en Países Bajos, Duterte ha pedido a sus seguidores que no se preocupen y ha advertido de "un largo proceso penal"
"Por todo lo sucedido en el pasado, soy yo quien se puso al frente de nuestras fuerzas del orden y del Ejército. Les dije que les protegería y que asumiría la responsabilidad de todo", ha añadido el exmandatario.
La retórica empleada por Duterte es la que ha mantenido desde el inicio de la guerra contra las drogas, afirmando por un lado hacerse responsable de las consecuencias legales de la sangrienta campaña, pero negando que haya algo de lo que responsabilizarse en primer lugar.
"Mi mandato como presidente de la república era proteger al país y a los filipinos. No cuestionéis mis políticas porque no ofrezco ni perdón ni excusas, hice lo que tenía que hacer", dijo Duterte el pasado noviembre ante el Senado filipino, al ser cuestionado sobre los asesinatos extrajudiciales.
La hija menor de Duterte plantea la devolución de su padre a Filipinas
La hija menor de Duterte, Verónica, planea presentar una solicitud de hábeas corpus ante el Tribunal Supremo de Filipinas para obligar al Gobierno a traerlo de vuelta, según ha declarado su exasesor legal principal, Salvador Panelo.
Por su parte, la hija mayor del expresidente y actual vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha tomado un vuelo matutino a Ámsterdam, según ha informado su oficina, pero no ha especificado qué planeaba hacer allí ni cuánto tiempo permanecería en los Países Bajos.
El exministro de Trabajo y uno de los abogados del expresidente, Silvestre Bello, ha afirmado que un equipo legal se reuniría para evaluar las opciones y aclarar adónde sería llevado Duterte y si se les permitiría acceder a él.
El arresto marca un cambio radical para la influyente familia Duterte, que forjó una formidable alianza con Ferdinand Marcos Jr. para ayudarlo a ganar las elecciones de 2022 por un amplio margen.
Sin embargo, desde entonces, Marcos y su vicepresidenta han tenido una amarga disputa, que culminó con el impeachment de Sara Duterte el mes pasado por una cámara baja liderada por partidarios de Marcos.
Manifestaciones a favor y en contra de Duterte
Unos 20 manifestantes anti-Duterte se han congregado previamente frente a la CPI con pancartas, incluyendo una que exigía justicia y rendición de cuentas y acusando al expresidente de "criminal de guerra".
Un manifestante que sostenía una gran máscara de cartón que representaba a Duterte como un vampiro ha celebrado como "una gran noticia para el pueblo filipino", su detención. "Estoy aquí para expresar mi agradecimiento a la CPI por su labor para acabar con la impunidad", ha insistido ante la agencia AFP.
Otra ha comentado que Duterte "tiene suerte, porque está experimentando el debido proceso legal, en comparación con las víctimas que fueron asesinadas a tiros sin el debido proceso".
Asimismo, hasta 250 manifestantes pro-Duterte se han reunido en el edificio de la Corte en apoyo al exmandatario con carteles donde se puede leer: “We love you, Tatay Digong” (Te queremos, Papá Digong, apodo cariñoso de Duterte). "Entregaron a nuestro presidente a extranjeros", ha declarado a AFP la manifestante Janet Suliman. "Trajeron vergüenza a nuestro país".
En Filipinas, para las familias de las víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas, el arresto de Duterte ha reavivado la esperanza de justicia.
Sigue los pasos de otros mandatarios juzgados en La Haya
Duterte se suma a la lista de mandatarios que ya han sido juzgados en La Haya. Por ejemplo, el expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, que se convirtió en el primer jefe de Estado europeo en ser acusado de genocidio y crímenes de guerra. Fue detenido en 2001 por orden del primer ministro serbio Zoran Djindjic y había recibido tres acusaciones, dos por crímenes cometidos en Kosovo y Croacia y otra por genocidio en Bosnia durante la guerra en la antigua Yugoslavia en los años noventa.
Milosevic fue trasladado a una prisión neerlandesa y el juicio comenzó en febrero de 2002. La vista fue suspendida en numerosas ocasiones por los problemas de salud del expresidente serbio, que falleció el 11 de marzo de 2006 en la prisión de Scheveningen (Países Bajos).
También ha sido juzgado por el mismo tribunal el ex jefe de Estado de Costa de Marfil Laurent Gbagbo (2000-2011), quien fue detenido y extraditado a La Haya en 2011. La CPI lo juzgó por asesinato, violación, otros actos inhumanos y persecución cometidos entre 2010 y 2011. En enero de 2019 Gbagbo fue absuelto en primera instancia y en marzo de 2021 la CPI ratificó su absolución, lo que puso final al primer juicio en este tribunal contra un jefe de Estado.
El expresidente de Liberia (1997-2003) Charles Taylor fue declarado culpable el 26 de abril de 2012 por el Tribunal Especial de Sierra Leona (TESL) en un juicio celebrado en La Haya. El tribunal lo consideró "responsable" por ayudar y armar a los rebeldes de Sierra Leona a cambio de diamantes, con lo que se hizo cómplice de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la guerra, que causó unos 50.000 muertos.
La causa se remontaba a 2002 cuando, con el respaldo de la ONU, se estableció el Tribunal Especial de Sierra Leona para procesar a los responsables de violaciones de las leyes internacionales durante la guerra civil en ese país.
Actualmente, hay tres mandatarios sobre los que pesan órdenes de detención de la CPI: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza; el presidente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania; y el expresidente de Sudán Omar al Bashir, por crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio en Sudán.
