Historias bajo los plásticos en la huerta de Europa

• Almería es el destino de muchos migrantes que persiguen un permiso de residencia
• Los migrantes llegan a pagar por un contrato o por el empadronamiento
• Ya puedes ver 'Bajo el plástico' en RTVE Play

Saidou Konkisre fue víctima de un delito contra los trabajadores.

Saidou Konkisre empezó a trabajar en un invernadero de Almería casi 30 meses después de cerrar por última la vez la puerta de su casa en Uagadugú, Burkina Faso. Pocos sabían que sus planes ya, irremediablemente, pasaban por alcanzar el prometedor continente europeo. Prácticamente solo lo sabía el compañero con el que ensoñaba llegar a Francia y al que Saidou se cansó de esperar.

Tras recorrer cinco países africanos a través de carreteras destartaladas, esperó un mes su oportunidad para saltar la valla de Melilla. Relata Saidou que fue su estancia en Marruecos el mayor peligro que afrontó en los 20 meses anteriores, y eso que en Argelia la policía tampoco se lo puso fácil. Partió con el equivalente a dos euros, sabiendo que su única opción estaba en la valla. “En el mar hay que pagar”, repite insistentemente.

Cuenta a un equipo de En Portada su salto de la valla un 13 de mayo de 2013 con una naturalidad que, si no tuviéramos ya la retina acostumbrada a concertinas, heridas, personas semidesnudas y explosiones de adrenalina, pensaríamos que fue como prepararse el té con el que nos recibe en su casa compartida en El Ejido.

“Si entras en Europa, todo está bien, todos tranquilos”

Desde Melilla informó a su familia por primera vez de que había decidido emigrar. "No quería asustarles”, nos cuenta. A pesar de tanto tiempo sin saber de él, en casa respiraron: “Si entras en Europa todo está bien, todos tranquilos”. Cuando salen de sus países ya saben que muchos se han quedado por el camino y que los que vuelven voluntariamente desde Europa ya solo lo hacen de visita.

Pronto Saidou también constató que entrar físicamente en Europa no es llegar al paraíso. Ya lo sabía por las redes sociales, pero era mejor que su día a día en un país pobre y revuelto.

Tras un periplo por Murcia, Cantabria y País Vasco, en el que no hubo manera de encontrar trabajo acabó en la pedanía de Parador en Almería. Aquí dio con un empresario a quien no le importó que no tuviera documentación para emplearle en sus invernaderos.

En Almería hay 33.000 hectáreas de invernaderos, repartidas entre 13.000 explotaciones. EN PORTADA

El paraíso no estaba en un invernadero

Actualmente en la provincia hay más de 33.000 hectáreas de invernaderos, en esta última campaña ha aumentado la superficie de cultivo bajo el plástico. No tanto como el valor de la producción, cercano a 3.000 millones de euros, casi un 15% más que en la campaña anterior, según la estadística de la Fundación Cajamar con datos de la Junta de Andalucía.

En Almería hay unas 13.000 explotaciones en las que trabaja el agricultor y se emplea casi 100% mano de obra extranjera. Cada propietario tiene entre uno y tres empleados a su cargo de media, según datos de Coag, una de las organizaciones agrarias con más peso en la zona.

Distintas organizaciones humanitarias y sindicales estiman que entre un 10 y 30% de las personas extranjeras trabajan irregularmente, aunque las sanciones si te descubre la Inspección de Trabajo ascienden a 10.001 euros por cada empleado que no esté dado de alta en la Seguridad Social. En el último año la inspección descubrió más de 400 infracciones en el campo.

Para COAG se puede dar algún caso, pero “nadie arriesga su patrimonio, su vida” para llevar a su casa a una persona que incluso puede tener un accidente, “un golpe de calor”, trabajando irregularmente para él.

18 meses de cárcel por un delito contra los trabajadores

Saidou fue uno de ellos desde que llegó a Almería, aunque él supo y se atrevió a denunciarlo de la mano de Comisiones Obreras. Tras un largo proceso contra su empleador, que terminó en una condena de un año y seis meses de cárcel, además de multa e indemnización. Para llegar a la sentencia del juzgado de lo penal número 1 de Almería, el trabajador tuvo que denunciar, y la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo constatar que Saidou trabajaba sin contrato, sin horario, sin descanso, que acometía trabajos peligrosos sin protección ni formación, entre otros delitos contra los trabajadores.

Estaba al borde de los tres años que la ley de Extranjería exige para regularizar su situación y el empresario que le había empleado con la promesa de ayudarle con el contrato de 12 meses - el otro requisito para conseguir la residencia a través del arraigo social-, no estaba dispuesto a cumplir su parte.

La sentencia fue el sello que le faltaba para regularizar su situación en España, aunque un problema burocrático con su país le mantuvo seis meses más en el limbo de los ‘sinpapeles’.

Pocas sentencias como la de Saidou

El caso de Saidou es una aguja en un pajar, una gota en el océano. Lo cierto es que pocos trabajadores explotados denuncian porque apenas conocen el idioma, mucho menos la legislación y no tienen vías “fáciles” para demostrarlo ni tiempo que perder, cada día perdido en burocracia es un día sin jornal.

Antes de llegar al juzgado hay varios mecanismos de mediación que, si están bien asesorados, son el punto final de su problema. Si no, una cicatriz más en el trauma de la migración por motivos económicos. La exposición a la economía irregular es solo de sus vulnerabilidades, uno de los daños colaterales de su situación irregular de llegada o de estancia.

Fernando Plaza, profesor e investigador de la Universidad de Almería (UAL) y portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Almería, Nadia Azougagh, investigadora de la UAL y fundadora de La Resistencia, y Juan Miralles, de la asocación Almería Acoge, debaten sobre la situación de las migrantes sin regularizar y de los asentamientos chabolistas. EN PORTADA

Extorsionados para conseguir papeles

El proceso para lograr los permisos de residencia y de trabajo, como dice Juan Miralles de Almería Acoge, “está fuera de su alcance y les expone a ser extorsionados” por pequeñas mafias o personas.

Según los testimonios de los migrantes indocumentados con los que ha hablado En Portada, corroborado por organizaciones humanitarias e incluso por la administración, se enfrentan a pagos, que algunos casos además engordan las deudas que asumieron para poder migrar. Hasta 6.000 euros, según detalla la Guardia Civil en el documental "Bajo el plástico".

Algunos de eso migrantes denuncian que les piden entre 1.000 y 6.000 euros para obtener la documentación que acredita su residencia, el empadronamiento, o para conseguir el contrato de trabajo de 12 meses.

La regularización de una persona migrante es la puerta a derechos, servicios, una vida, una vivienda y un trabajo - que ya realizan- dignos. En el plano emocional es el billete de regreso a sus hogares, a los lugares de donde partieron para volver a ver a sus seres queridos, sin que eso les suponga revivir su trauma migratorio.

Nora ElhadramI, trabajadora del campo, ha conseguido su permiso de residencia después de 8 años. EN PORTADA

Volver a casa

Nora Elhadrami ha podido volver a su casa en Tánger después de ocho años. Su destino inicial fue Francia, pero tras varios años en uno de los destinos más importantes de la inmigración europea, se digirió a Almería, donde le dijeron que es más fácil conseguir los papeles. Su periplo es frecuente entre las personas que viven en Almería.

Otros vecinos de asentamientos, en Atochares, también llegaron de forma regular, con visa de estudiantes, con contrataciones temporales en origen y acabaron viviendo irregularmente en España.

Nora lleva casi cuatro años en el asentamiento de Atochares, uno de los 59 que hay en la provincia y de los 44 que hay en Níjar, acaba de conseguir los papeles, para los que ha tenido que pagar una parte, “poco”, no nos dice cuánto.

La documentación le ha servido para volver a ver su madre y a su hermano, que viven con la ayuda de lo que Nora consigue trabajando en los invernaderos, y que para ella era lo más importante. Nos cuenta que ha vivido estos años con el sufrimiento de no volver a ver a su madre viva. Sabe de las historias de otros migrantes que no tuvieron esa suerte y sobrellevan esta herida como una de las más dolorosas.

Ella salió de su país cuando falleció su padre. Trabajaba pero no les llegaba, estudiaba una carrera pero no les daba de comer. Así que partió regularmente hacia Francia y acabó en un asentamiento de Almería, donde trabaja y hace activismo por los derechos de los migrantes.

Asentamientos chabolistas como el de Atochares se diseminan alrededor de las explotaciones donde la mayoría trabaja y puede desplazarse por sus propios medios. EN PORTADA

Asentamientos en condiciones "inhumanas", según la ONU

Núcleos chabolistas, algunos ya barrios consolidados, erigidos con palos y cubiertos con los plásticos que se renuevan en los invernaderos cada cuatro campañas al precio de 10.000 euros por hectárea.

El relator de la ONU ya denunció en 2020 la inhumanidad que suponen estos asentamientos después de una visita a Lepe (Huelva), donde se cultiva la fresa. Allí la situación es parecida, pero a diferencia de Almería la mayoría son temporeros.

En Almería las campañas abarcan casi todo el año y hay migrantes que viven hasta una década expuestos a los incendios, sin luz (salvo enganches ilegales) o agua potable. En Atochares, uno de los asentamientos más grandes que quedan tras el desalojo y arrasamiento de El Walili en enero de 2023, hay grifo de agua no potable que quien no tiene dinero adereza con unas gotas de lejía para poder beberla. Ese suministro llega gracias al Sindicato Andaluz de Trabajadores (Soc- Sat).

Nora ha mejorado su chabola, como otros de sus vecinos, a base de bloque de cemento. No quieren estar expuestos a la amenaza del fuego. Cuando alcanza los plásticos devora todo, sus documentos, sus recuerdos y su dinero. Los que viven en la clandestinidad no pueden abrir una cuenta donde guardar sus jornales.

Así que Nora tiene entre sus planes abandonar cuanto antes el asentamiento y buscar una vivienda para alquilar. Una tarea casi imposible en Almería seas o no extranjero.

El desarrollo de los invernaderos

Las cifras oficiales hablan de alrededor de 35.000 extranjeros trabajando en el campo y otro número similar en el industria del manipulado. Una tercera parte de la producción se exporta, casi en su totalidad a Europa, de ahí que se le conozca como el huerto de Europa.

Esta dimensión se ha ido consiguiendo metro a metro desde hace cuatro décadas cuando el cultivo de invernadero empezó a dar una oportunidad de prosperidad a una de las provincias con más dificultades para crear riqueza.

Durante el franquismo se crearon en esta provincia de zonas de colonización. Municipios artificiales, levantados con un patrón de iglesia, escuela y viviendas que son ahora para muchos inmigrantes su refugio. Casi los afortunados, porque más de 3.500 migrantes se reparten ahora por los 59 asentamientos chabolistas de la provincia, 44 de ellos en Níjar.