Ayuso y Monasterio alcanzan un acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2022

• El Gobierno auditará los gastos dirigidos a los centros de menores extranjeros y recortará el presupuesto a Telemadrid
• El PP seguirá negociando con Vox para modificar las leyes LGTBI y ambos vetarán todas las enmiendas de la izquierda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la presidenta de Vox, Rocío Monasterio.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y Vox han alcanzado un acuerdo para los presupuestos autonómicos de 2022, las primeras cuentas públicas que previsiblemente se aprobarán desde 2019. El Ejecutivo regional se compromete a auditar todas las subvenciones de los últimos años, especialmente las destinadas a los centros de menores extranjeros no acompañados ('menas'), a reducir un 10% la asignación a Telemadrid y a aumentar en seis millones de euros la dotación para cuidados paliativos y para ayudas a adolescentes embarazadas.

El acuerdo de 13 puntos, al que ha tenido acceso RTVE, está firmado por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, y la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

El acuerdo incluye la reducción de los gastos de estructura y funcionamiento del Gobierno regional y una asignación un 10% menor para gastos de promoción, con un ahorro previsto de diez millones de euros. Por otra parte, prevé ahorrar 7,4 millones de euros con el recorte presupuestario a Telemadrid y hará "un análisis de la viabilidad de la fusión o supresión de órganos o entes" públicos.

Incluye a su vez el avance en la "gratuidad de las etapas no obligatorias" de la educación, a través del incremento "durante los próximos tres o cuatro ejercicios presupuestarios" en un 33% de los beneficiarios de las ayudas de educación infantil de 0 a 3 años, y de un 25% en Bachillerato y Formación Profesional (FP), una medida con un coste de 62,5 millones de euros (un curso completo).

También incorpora la concesión de avales para la compra de vivienda a jóvenes menores de 35 años solventes pero sin ahorros (con un coste de nueve millones de euros para el programa Primera Vivienda). En materia de vivienda, el Gobierno regional también “estudiará todas las posibilidades existentes, basadas en la colaboración público-privada, con el objeto de movilizar todo el suelo demanial de titularidad de la Comunidad de Madrid, para conseguir incrementar la oferta de viviendas de alquiler a precio asequible”.

Una auditoría de los costes y subvenciones a centros de menores extranjeros

Vox ha conseguido el compromiso del Gobierno regional de realizar una "auditoría completa que abarque todos los aspectos legales, financieros, procedimentales y de funcionamiento relacionados con los servicios y subvenciones asociados a los menas". Dicha auditoría se realizará en un plazo de los tres meses posteriores a la aprobación del presupuesto y tendrá un coste de 50.000 euros.

A su vez, el Gobierno regional auditará todas las subvenciones en general concedidas por la Comunidad en los últimos cuatro años "por medios propios" o mediante el mecanismo de la Airef, con un coste previsto de 200.000 euros.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso incrementará también en cinco millones la dotación para el Plan de Cuidados Paliativos "con el fin de incrementar significativamente el número de beneficiarios" del mismo. A su vez, aumentará la dotación en un millón de euros para ayudar a adolescentes embarazadas "con el objetivo de facilitar su maternidad en condiciones sociales adecuadas, al mismo tiempo que puedan mantenerse activas en su trabajo o en sus estudios".

Igualmente, se destinará un millón de euros a las familias con miembros que padezcan el Trastorno del Espectro Autista (TEA) "con programas de acompañamiento y ayuda".

En materia de empleo, el Gobierno se compromete a aplicar el "principio de igualdad" y a no discriminar entre los posibles perceptores de ayudas e incentivos para el empleo. “En aquellas convocatorias que obedezcan a requisitos o condiciones marcados por el Gobierno” nacional, o de la Unión Europea, “como administraciones financiadoras, se estará a lo dispuesto en las respectivas normativas”, añade.

El Gobierno de Ayuso también se compromete a “agilizar” las actuaciones administrativas “encaminadas a pagar a los proveedores de la Comunidad de Madrid”

Por último, el Ejecutivo se compromete a estudiar la posibilidad de personarse en las acciones judiciales que se desarrollen “en aquellos asuntos que pongan en grave riesgo la seguridad personal de los ciudadanos o sus propiedades, ante infracciones administrativas o penales provocadas por grupos organizados o individuos”.

Siguen negociando modificar las leyes LGTBI

En declaraciones ante los medios, Ayuso ha celebrado que se trata de "un acuerdo muy importante para todos los ciudadanos", con el que se aplicarán "nuevas rebajas fiscales, dar estabilidad institucional a la región y aplicar políticas sensatas pensadas en las personas, en las familias, en las empresas, buscando la austeridad en el gasto público".

Una de las cuestiones en las que Vox ha hecho hincapié desde 2019 es la relativa a las leyes LGTBI de 2016 durante la etapa de Cristina Cifuentes, a las que se opone abiertamente. En declaraciones a los medios, Ayuso ha dicho que no se han incluido en este acuerdo porque "no modifican" las cuantías de los presupuestos pero que se siguen tratando "en paralelo". "Si en estas cuestiones nos encontramos, me parecerá estupendo, porque hay que gobernar para todo el mundo pero sobre todo para quien coopera para que este Gobierno siga adelante”.

Ayuso ha indicado que su intención es mejorar estas leyes pero ha dicho que no se eliminarán. Concretamente, ha vuelto a mostrarse en contra de la inversión de la carga de la prueba y de los aspectos que buscan "la imposición de cualquier política", sobre todo en el ámbito educativo. Además, ha justificado que estas leyes vienen de "parlamentos pretéritos" que no corresponden con el actual.

Ayuso ha manifestado su intención de "seguir tratando muchas cosas" con Vox, porque aunque solo necesita, ha dicho, cuatro abstenciones del partido para las cuentas públicas, "no se trata solo" de que Vox no "bloquee" los Presupuestos sino de "un Gobierno que represente a la Comunidad de Madrid de izquierda a derecha": "Por eso vamos a seguir buscando el entendimiento con Vox, porque quiero que se vean representados los votantes de esta formación" que están "preocupados", ha dicho, por cuestiones como la educación o el "gasto austero" de la Administración.

Veto a las enmiendas de la izquierda

Lasquetty, por su parte, ha asegurado en rueda de prensa que tanto el PP como Vox no aceptarán ninguna de las enmiendas parciales que presenten los grupos de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) a los presupuestos y que se votarán el 3 de diciembre, por lo que sólo se integrarán en el presupuesto los acuerdos alcanzados entre ambos partidos de la derecha. Ha defendido que es “lógico” porque en la izquierda siempre “dicen las mismas cosas, con las mismas palabras y sin que la gente le haga ningún caso”.

"Agradecemos la disposición de la Comunidad de Madrid. Este acuerdo no cumple todas las expectativas pero es satisfactorio", ha señalado por su parte Monasterio en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer el acuerdo. Y respecto al veto a las enmiendas de la izquierda, ha añadido: "Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid".

El portavoz adjunto de Vox en la Cámara regional, Íñigo Henríquez de Luna, se ha mostrado por su parte convencido en que se llegará a un "acuerdo más que razonable" en materia de las leyes LGTBI y ha animado al líder del PP, Pablo Casado, a ser "un buen banco de pruebas" de sus palabras cuando dice que "quiere tumbar las leyes de la izquierda".

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos cargan contra el "atropello a la democracia"

Por su parte, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han tachado de "atropello a la democracia" el acuerdo. Para la portavoz de Más Madrid, Mónica García, este acuerdo supone la "materialización de la agenda ultra de Ayuso" con un "tufillo reaccionario" con el que se "criminaliza a los menas". "Es un nuevo ataque a la independencia, a las mujeres que abortan, a los madrileños desfavorecidos, a la televisión pública. Una auditoría de su xenofobia y sectarismo", ha advertido García.

La portavoz adjunta del PSOE, Pilar Sánchez Acera, ha lamentado que estas cuentas "no sean las mejores ni las que necesita esta región y sus ciudadanos". "Creo que Vox y PP han puesto en evidencia que quieren gobernar juntos en la Comunidad. Isabel Díaz Ayuso ha incluido entre sus amigos a Vox y excluye a millones de madrileños", ha lanzado.

Y la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha criticado que el nuevo acuerdo se trata del "cuento de Robin Hood pero a la inversa", porque "quita el dinero a los madrileños, dan la educación pública a la privada y la vivienda a los promotores y los especuladores inmobiliarios". "Es un acuerdo muy negativo. Desmantela los servicios públicos, profundiza en la desigualdad que tiene la Comunidad y se carga la educación. Criminaliza a los menas y los trata como si fueran un mero coste para las arcas (...) Son medidas ideológicas para eliminar derechos fundamentales", ha criticado.