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Día Internacional de la Mujer

El Gobierno llega tensionado al 8M en mitad de las discrepancias por sus leyes 'estrella' en Igualdad

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Discrepancias en la coalición feminista
EFE / JAVIER LIZÓN

El primer Ejecutivo de coalición de España se ha nombrado a sí mismo, desde su conformación, como el más feminista de la historia; como el Gobierno que impulsaría las leyes más ambiciosas en materia de Igualdad de los últimos años y provocaría múltiples progresos en relación con los derechos de las mujeres. Ha pasado más de un año desde que PSOE y Unidas Podemos se unieran bajo el mismo mandato y, sin embargo, el recuento de avances legislativos refleja algunas deudas pendientes.

La pandemia, por un lado, pero también y sobre todo los continuos encontronazos entre el ala socialista y la parte morada han estancado los planes centrales que contiene la agenda del Ministerio de Igualdad, que no ha podido ver aprobadas ninguna de sus tres normas estrella: la ley de ‘solo sí es sí’, la ‘ley trans’ y la de igualdad LGTBI.

La coalición sí ha visto iniciarse, en cambio, el trámite parlamentario de la llamada ‘ley Zerolo’ promovida por los socialistas, aunque este logro ha quedado encapotado por un notable desencuentro entre los dos socios del Gobierno bicolor, que llega bastante tensionado al Día de la Mujer tras ofrecer continuas muestras de las dos sensibilidades que confluyen en su seno.

No es novedad esto último, pero lo cierto es que el cúmulo de discrepancias hace cada vez más visible la batalla que libran ambos partidos por hacerse con el liderazgo del feminismo. 

La ley de ‘solo sí es sí’ y los palos en la rueda

El anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como ley de 'solo sí es sí', se aprobó en el Consejo de Ministros hace justo un año. El texto ha seguido su cauce desde entonces, pero su camino está repleto de baches, sin que la ministra de Igualdad, Irene Montero, tenga todavía una fecha de culmen marcada en el calendario.

Su objetivo era ver iniciada la tramitación parlamentaria de la ley en vísperas de este 8 de marzo, pero ese plazo se ha visto prorrogado a raíz de la polémica que ha envuelto al texto desde que fue gestado. 

Esa ley, que aspira a poner fin a la distinción entre abuso y agresión sexual, y exigir el consentimiento expreso en la tipificación de los delitos sexuales, provocó los primeros choques en el Gobierno de coalición antes de llegar al Consejo de Ministros, el 3 de marzo de 2020. Meses después, el anteproyecto tuvo que ser modificado y ampliado, de manera que los órganos consultivos tardaron más de lo previsto en recibirlo.

Con el visto bueno del Consejo Fiscal, el nuevo obstáculo lo representó la tardanza del Consejo General del Poder Judicial en emitir un informe que, una vez llegó, desmontó de manera unánime los puntos centrales de la ley.

Esa valoración no es vinculante, pero sí ensombrece de algún modo el proyecto y añade frustración a los planes de Igualdad. No está claro, por ahora, si las consideraciones del CGPJ derivarán en nuevos cambios en el texto, pero ya la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió tener “humildad” y sugirió contemplar esa posibilidad mientras la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ve “regresivo” lo expuesto por ese órgano y afirma con rotundidad que la ley de ‘solo sí es sí’ se materializará.

También lo asegura Montero, quien ha criticado que el CGPJ siempre se sitúe "en el lado erróneo" pese a que la pasada semana se mostró dispuesta a estudiar algunas modificaciones que no impliquen en ningún caso sacar el consentimiento del "centro" de la ley.

La ‘ley trans’ que abrió la mayor grieta entre Calvo y Montero

Junto con la ‘ley de solo sí es sí’, los esfuerzos del Ministerio que encabeza Montero se han concentrado en la elaboración de los borradores de las leyes ‘trans’ y de Igualdad LGTBI.

La primera de las dos últimas es, sin duda, la que mayor disenso ha generado en el seno del Gobierno de coalición y, concretamente, entre el equipo de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el de la propia ministra de Igualdad. Las negociaciones entre ambas se encuentran atascadas por las reservas de la socialista respecto a lo que conlleva la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género desde los 16 años. Es decir, la ley permitiría que a partir de esa edad sea posible realizar un cambio de sexo sin contar con un informe médico ni con tratamiento previo, y esto es algo que “preocupa” a Calvo.

El PSOE ha argumentado en las últimas semanas que la negociación estaba recién iniciada y admitió que los socios mantenían posturas diferentes sobre el "primer borrador", que, según los socialistas, únicamente recoge "las posiciones de Unidas Podemos".

En la raíz de esas discrepancias está una división que existe en el propio movimiento feminista respecto a un debate conceptual de enorme calado. El ala del PSOE podría vincularse a un feminismo más “clásico” que considera que el sujeto político de la lucha es la mujer y su objetivo es acabar con la igualdad y la violencia, y desde Unidas Podemos defienden un feminismo más diverso e inclusivo que también luche contra la discriminación LGTBI o el racismo.

De hecho, el borrador de la ‘ley trans’ ha causado un gran revuelo en el feminismo porque, mientras unos colectivos ven imprescindible para el progreso la aprobación de esa ley que avala la "identidad de género", otros consideran que significaría negar la existencia del sexo biológico y, como consecuencia, también las desigualdades que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

Montero apoya y defiende lo primero y asegura que "no puede ceder" en lo que contempla esta ley, pese a las reticencias del PSOE.

Sin ley LGTBI y con "malestar" por la ‘ley Zerolo’ 

El borrador del anteproyecto de la ley orgánica para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, también sigue sobre la mesa de la vicepresidenta Carmen Calvo, a la espera de lo que concluyan las negociaciones.

Esta norma está muy vinculada a la ‘ley trans’, puesto que también vela por los derechos de la “T” (transexuales), y se solapa en buena medida con la ley para la Igualdad de Trato y no Discriminación, la denominada ‘ley Zerolo’. Esta última norma, impulsada por el PSOE, sí ha logrado iniciar su tramitación parlamentaria, aunque en un clima de enorme “malestar”.

El pleno del Congreso la aprobó el pasado mes de febrero sin el apoyo de Unidas Podemos, que se abstuvo en la votación para expresar su disconformidad con el hecho de que los socialistas hubieran registrado la proposición de manera “unilateral” y sin cumplir con lo que, según los morados, se había acordado. Llegaron a acusar al PSOE, incluso, de haber sido “desleal”.

Esa fue la primera vez que la formación liderada por Pablo Iglesias no daba un ‘sí’ a una proposición de ley presentada por los socialistas desde que ambos partidos firmaron el pacto de Gobierno, lo que añadió un mayor desgaste a las relaciones internas.

La pandemia ha complicado aún más la escena

El primer año de Irene Montero en la cartera de Igualdad no solo ha estado marcado por esos desencuentros con el ala socialista del Ejecutivo, sino también por la pandemia de COVID-19, que frenó durante un tiempo la actividad parlamentaria y ha agravado las desigualdades de género: se han recrudecido las violencias machistas, la crisis socioeconómica ha afectado en mayor medida a las mujeres y éstas han visto recaer sobre sus hombros un mayor peso en el ámbito de los cuidados.

El confinamiento domiciliario que se impuso en marzo de 2020, por el primer azote del coronavirus, obligó al Ministerio de Igualdad a idear de manera urgente un plan de contingencia que protegiera a las víctimas de violencia de género y también en aquel momento hubo una colaboración continua de esta cartera con el Ministerio de Trabajo para trazar los planes de igualdad de las empresas y la transparencia retributiva.

Montero trata ahora de conseguir que una parte de los fondos europeos se utilicen en la asistencia integral a víctimas de las violencias machistas y sirvan también para fomentar la conciliación familiar.

La propia ministra ha admitido en alguna ocasión que el Gobierno podía haber hecho más por las mujeres durante la gestión de esta triple crisis, sanitaria, económica y social, y ha lamentado que la conciliación no se haya facilitado como debería.

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