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El Gobierno recurrirá este martes el 'pin parental' de Murcia

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El Gobierno recurrirá este martes el 'pin parental' de Murcia

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pedirá este martes a los tribunales la suspensión cautelar del 'pin parental' en Murcia, ante la negativa del Gobierno regional a retirarlo antes del fin del plazo del requerimiento que el departamento que dirige Isabel Celalá remitió hace un mes a la Consejería de Educación de esta comunidad.

[¿Qué es el 'pin parental' que propone Vox en los colegios?]

"Aún tiene estas 24 horas para reponer la legalidad. De no ser así, mañana mismo recurriremos por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia", explicaba Celaá este lunes en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, en la que ha calificado como "sorprendente" que Murcia "no reponga la vulneración del derecho a la educación" que, en opinión de la ministra, representa el 'pin parental'.

El llamado 'pin parental' es una propuesta -liderada por Vox y apoyada por el PP- que pretende obligar a la dirección de los centros educativos a tener que informar sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI a los progenitores para obtener su consentimiento expreso. Esta medida, que supone un veto a ciertos contenidos educativos, afectaría a actividades organizadas en horario lectivo y, por tanto, a diferencia de las extraescolares, obligatorias para todos los alumnos.

Para Celaá, esta medida que el Gobierno de Murcia, dirigido por PP y Cs, incluyó en las instrucciones de principios de curso supone "incorporar una pretensión fundamentalista a un sistema educativo que nunca ha tenido ese problema".

"El Partido Popular lleva 25 años gobernando en Murcia y no han declarado jamás que hubiera adoctrinamiento. Es más, su presidente dice que no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué inventárselo?", ha añadido Celaá, acusando al Gobierno de PP y Ciudadanos de ceder ante grupos "fundamentalistas", en alusión a Vox, que exige el 'pin parental' para apoyar los presupuestos en Murcia.

Murcia lo retirará solo por orden judicial

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó el pasado viernes que solo retirará el 'pin parental' si así lo determinan las instancias judiciales"No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", defendió Miras.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha reiterado este lunes que el Gobierno murciano no retirará el permiso parental a menos que así lo exija una instancia judicial y ha dicho que tienen la “tranquilidad” de contar con avales jurídicos y de inspección para esa medida.

En declaraciones a los medios de comunicación, Celdrán ha insistido en que la “autorización familiar para actividades complementarias” cuenta “con el aval suficiente” de los informes de los servicios jurídicos y de inspección de la Consejería de Educación,

Mientras que los Gobiernos andaluz y madrileño ya han mostrado su rechazo a implantar esta medida; Murcia quiere consagrar el 'pin parental' en su decreto de currículo de Educación Primaria y Secundaria. De hecho, en la Comunidad de Madrid, el 'pin parental' ha abierto fisuras entre PP, Cs y Vox.

La intención del Gobierno de la Región de Murcia es que la autorización parental sea obligatoria sólo en los casos de actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración.

En las últimas horas, un total de 35 asociaciones y organizaciones de la Región de Murcia, muchas de ellas representantes del colectivo LGTBI, han enviado una carta al Gobierno regional en la que han pedido ser recibidos por el presidente de la comunidad para solicitarle la retirada del permiso parental.

Quieren que los dirigentes regionales les den "explicaciones" por su negativa y hacerles llegar el sentir de "buena parte" de la sociedad civil que se opone a esta medida y a la modificación de los decretos.

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