Murcia rebaja el 'pin parental' y no lo aplicará a charlas impartidas por funcionarios como policías, médicos y jueces

• Entre las novedades: si los padres no se pronuncian, se considerará que consienten la actividad
• Una madre denunció que su hijo se perdió una charla sobre esclerosis por habérsele olvidado dar el consentimiento

Imagen de archivo de una manifestación por la educación igualitaria y contra el veto parental.

El veto parental o 'pin parental' que lleva implantado en la Región de Murcia desde principios de curso tendrá algunas limitaciones. La consejería de Educación y Cultura modificará los decretos de los currículos de primaria y secundaria para que la autorización de los padres o tutores sea obligatoria para las actividades complementarias, pero no se requerirá en caso de charlas impartidas por funcionarios como policías, médicos o jueces.

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Asimismo, el silencio de los padres se considerará positivo y no negativo como hasta ahora, es decir, si un menor no entrega la autorización, asistirá a la actividad, y solo se quedará fuera si sus progenitores manifiestas expresamente que no consienten la asistencia de sus hijos.

Precisamente al respecto se quejó recientemente la madre de un alumno murciano, lamentando que su hijo se perdió una charla sobre la esclerosis múltiple porque a ella se le había olvidado dar el consentimiento afirmativo.

El llamado ‘pin parental’ es una propuesta –liderada por Vox y apoyada por el PP– que pretende obligar a la dirección de los centros educativos a tener que informar sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI a los progenitores para obtener su consentimiento expreso. Esta medida, que supone un veto a ciertos contenidos educativos, afectaría a actividades organizadas en horario lectivo y, por tanto, a diferencia de las extraescolares, obligatorias para todos los alumnos.

Una medida implantada desde principios de curso

Así lo ha avanzado este miércoles la consejera del Educación, Esperanza Moreno, que ha explicado que de esa manera se da solidez a la instrucción que desde el principio de este curso ha servido para implantar en los colegios e institutos murcianos el denominado pin parental.

La instrucción fue recurrida judicialmente por CC.OO. y por la FAPA Juan González, mayoritaria en la región.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional envió al Gobierno de Murcia un requerimiento para que fuera retirada, ya que sostiene que contraviene los decretos de 2014 y 2015 que consideran obligatorias y evaluables las actividades complementarias.

Y la Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem) y el colectivo No Te Prives han recogido 153.000 firmas que han recabado en la plataforma electrónica de participación ciudadana Change.org contra la implantación del permiso parental para entregar al Gobierno regional.

El nuevo decreto, que se aprobará en Consejo de Gobierno sin necesidad de pasar por la Asamblea Regional, ha explicado la consejera, incluirá “algunos matices” al actual permiso parental para reducir la burocracia y facilitar a los centros educativos la labor de recabar las autorizaciones.

"Se les presupone neutralidad ideológica"

Así, no será necesario autorizar a los menores acudir a actividades que impartan funcionarios públicos sobre asuntos relacionados con sus funciones, como policías, bomberos, guardias civiles, médicos, enfermeros o jueces. Sí lo será, entonces, para autorizar charlas de organizaciones feministas o LGTBI.

Se ha tomado esa decisión, según Moreno, porque a los funcionarios “se les presupone una neutralidad ideológica” que están obligados a mantener en el ejercicio de sus funciones, algo que no se puede exigir a otros colectivos como miembros de asociaciones.

Para modificar el decreto se abrirá en primer lugar un plazo de exposición pública en el Portal de la Transparencia y después se someterá a los informes preceptivos para, por último, aprobarse en Consejo de Gobierno, un proceso que podría demorarse, “siendo optimistas”, entre dos y tres meses.

Para Moreno, esta modificación de las condiciones del veto parental “respeta el acuerdo de gobernabilidad con Vox”, aunque no ha aclarado si lo habían trasladado ya al partido de Santiago Abascal y tampoco a sus socios de Ciudadanos para conocer su opinión al respecto.