El Gobierno traspasa a ayuntamientos y comunidades la facultad de anular las licencias de VTC

• El Consejo de Ministros aprueba la cesión de la normativa que regula empresas como Uber o Cabify
• Ayuntamientos y comunidades autónomas podrán suprimir las concesiones tras un período de cuatro años

Las actuales licencias de VTC dejarán de servir en las ciudades en cuatro años

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley con el que delega en las comunidades autónomas regular la actividad de las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), que tendrán un período de cuatro años durante el cual podrán seguir prestando servicio en el ámbito urbano

Tras esa moratoria, las actuales licencias pueden ser anuladas para respetar el ratio legal de 1/30 (una VTC por cada 30 taxis) y dependerán de la normativa con que se dote cada administración.

Según ha informado en rueda de prensa el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, serán los gobiernos autonómicos los que se encarguen de otorgar las licencias, con un "período transitorio de cuatro años" que permita a las comunidades disponer de un tiempo prudente para la regulación y a las VTC un período de "adaptación o indemnización" a esta normativa.

Aunque el real decreto deberá ser aprobado en el Congreso en el plazo de un mes, este sábado se publicará en el BOE, lo que permitirá ya a ayuntamientos y comunidades regular sobre condiciones como la precontratación de un VTC, la solicitud de un servicio, la captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, los horarios obligatorios o especificaciones técnicas del vehículo, según fuentes de Fomento que cita EFE.

Tensión entre taxistas y VTC

La medida intenta rebajar la tensión abierta desde hace meses entre los taxistas y empresas como Uber y Cabify, a las que acusan de competencia desleal, lo que ha provocado movilizaciones por ambas partes.

"El problema es absolutamente desigual en España; en algunas comunidades la presencia de las VTC es irrelevante pero no en grandes ciudades como Madrid o Barcelona", ha señalado Ábalos.

El real decreto ley establece que, como en el caso de los taxis, las plataformas digitales tendrán que tener una licencia específica para su actividad urbana, regulada directamente por la normativa municipal y autonómica, mientras que, cumplido el plazo de cuatro años, las licencias actuales les permitirán operar únicamente en al ámbito interurbano.

Tras ese período, las administraciones locales y autonómicas podrán suprimir las licencias de VTC y tendrán la potestad de determinar el número de concesiones que otorgan, lo que en la práctica puede llevar a la desaparición de varias de las ya existentes.

Eso sucedería si aplican la proporción de concesión de autorizaciones que establece la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT), que fija una licencia VTC por cada 30 taxis, cuota que en la actualidad se sobrepasa ampliamente.

El decreto ley contempla incluso que, en el caso de comunidades y ayuntamientos que no quieran regular este servicio, las VTC perderán la licencia para operar en esos territorios una vez concluya la moratoria.

Las posibles indemnizaciones, en años de moratoria

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es consciente de que el real decreto no va a gustar a todas las partes, porque "se han mantenido posiciones muy beligerantes y un tanto excluyentes".

Pero ha asegurado que el texto está "muy bien apoyado" en la legislación, especialmente en el caso de la reclamación de indemnizaciones que se harán "si procede, en años de moratoria", ha adelantado el ministro, aunque Fomento ha precisado que este período no podría prolongarse más de seis años desde la publicación del real decreto ley.

Este período de transición es, según Ábalos, "suficiente para compensar los prejuicios que pueda ocasionar a los titulares" de las VTC que puedan ser anuladas con la nueva normativa.

En España existen 11.200 licencias de VTC lo que quintuplica el máximo de 2.184 que debería tener por ley en base a los 65.539 taxis que existían en la misma fecha, lo que arroja un ratio de seis a uno. La proporción se estrechará aún más en los próximos años por las 9.000 autorizaciones que aún están pendientes de conceder los tribunales.

Madrid se sitúa a la cabeza con 5.277 licencias, por delante de Barcelona (1.926) y Málaga (1.075).