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El Gobierno recurrirá de nuevo a un préstamo y la 'hucha' de las pensiones para pagar la extra de Navidad

  • Los ingresos por cotizaciones cubren sólo la nómina mensual
  • Como sucedió en julio, se utilizará un crédito del Estado y el Fondo de Reserva
  • Por primera vez desde los años 90, el sistema se endeudará

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Manifestación de las Marchas por las Pensiones Dignas en Madrid en octubre
Manifestación de las Marchas por las Pensiones Dignas en Madrid en octubre.

Llega el momento de pagar las pensiones de diciembre, que van acompañadas de la extra de Navidad, y el Gobierno tendrá que recurrir esta semana de nuevo al Fondo de Reserva –conocido como “la hucha de las pensiones”- y a un préstamo del Estado para poder abonarlas. Así lo ha insinuado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante una visita este lunes a Barcelona.

Báñez ha garantizado que se pagarán "con puntualidad" las pensiones gracias a los mecanismos que tiene el Estado para cumplir con su compromiso: cotizaciones sociales, Fondo de Reserva, Presupuesto del Estado y la posibilidad de recurrir a un préstamo, "como se ha hecho en 2017 para pagar las pensiones en su totalidad".

Los ingresos por cotizaciones de empresas y trabajadores dan para cubrir la nómina mensual, pero no alcanzan para pagar la extra y la liquidación del IRPF de los pensionistas.

Por eso, como ya ocurrió en julio pasado con la extra de verano, el Gobierno utilizará parte de lo que queda en la hucha de las pensiones, unos 11.600 millones de euros, un 83% menos de lo que acumulaba en 2011.

Báñez: "La Seguridad Social sufre un déficit temporal"

Pero de esa cantidad, sólo empleará algo más de 3.500 millones, ya que los Presupuestos del Estado de este año limitan a 7.500 millones anuales el recurso al fondo, y ya se sacaron 3.514 millones en julio.

El resto del dinero que se necesita se obtendrá del préstamo de 10.192 millones concedido en junio por el Tesoro a la Seguridad Social para el conjunto de este año. Para la extra de verano ya se utilizaron 5.986 millones de ese préstamo, por lo que quedan unos 4.200 millones.

Durante una visita a la Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona (Eshob), la ministra Báñez admitió que la Seguridad Social sufre un "déficit temporal" por la pérdida de más de 3,5 millones puestos de trabajo durante la crisis, y aseguró que esa situación se superará con crecimiento económico y creación de empleo.

"Esto no es raro en la Seguridad Social. En los años 90, cuando no había Fondo de Reserva, directamente se pagaban las pensiones con préstamos cuando había un déficit temporal", ha recordado la ministra.

Por primera vez desde los 90, el sistema se endeuda

La referencia de Báñez a los años 90 no es circunstancial: al cierre de este año, por primera vez desde esa época, la Seguridad Social empezará a endeudarse.

Después de sacar los 3.500 millones para pagar la extra navideña, quedarán en la hucha unos 8.000 millones, menos de los 10.200 millones prestados por el Estado.

Así, el sistema volverá a generar deuda, algo que no ocurría desde los 90 y que se trataba de evitar con la creación del Fondo de Reserva en 1997.

Sin embargo, ese endeudamiento es ahora mucho más preocupante, ya que en aquellos años, el sistema financiaba mucho más gasto social, como el desaparecido Insalud y las pensiones no contributivas (todas las ayudas y pensiones de carácter asistencial que desde 2013 deben financiarse vía impuestos, y no con cotizaciones sociales).

Precisamente en esos años es cuando se acumuló la denominada "deuda histórica" de la Seguridad Social con el Estado, que se cifra en unos 17.000 millones de euros y que la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso estudia cómo saldar. Una de las vías que se está analizando sería traspasar al Estado los 600 hospitales y centros de salud que aún posee la Seguridad Social.

Solución al desequilibrio: sacar gastos del sistema

Los motivos de la insuficiencia actual del sistema son variados: desde el acelerado envejecimiento de la población hasta la fuerte caída en las cotizaciones provocada por la crisis económica.

Pese a la mejora del mercado laboral y la consiguiente subida de los ingresos por cotizaciones –en los nueve primeros meses del año se lograron 81.398 millones de euros, la cifra más alta en 11 años-, la recaudación no basta para cubrir las necesidades del sistema, que no dejan de crecer por el aumento del número de jubilados y de la prestación media. (Ver recuadro inferior)

Para tratar de remediar ese descalabro, los diputados que participan en el Pacto de Toledo preparan unas recomendaciones que abundan en la separación de fuentes de financiación para sacar más gastos del sistema y que se abonen con impuestos.

Así, por ejemplo, se estudia dejar de pagar con los ingresos del sistema los sueldos de los funcionarios que trabajan en la Seguridad Social o el mantenimiento de los edificios que acogen sus oficinas. También se baraja prohibir que las bonificaciones de cuotas sociales utilizadas habitualmente como incentivos a la contratación de colectivos como los jóvenes o los mayores de 55 años dejen de correr a cuenta del sistema.

Hasta ahora -pese a la separación de fuentes aconsejada por el Pacto de Toledo en 1996, que no se aplicó por completo hasta 2013, la fecha límite marcada por la ley para hacerlo-, los sucesivos Gobiernos han tirado de los ingresos de la Seguridad Social para pagar gastos que no estaban relacionados estrictamente con las pensiones.

Así, al inicio de la crisis, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero incumplió la obligación de destinar todo el excedente del sistema de pensiones al Fondo de Reserva y desvió unos 14.000 millones para otros fines.

Después, también a costa de las cotizaciones sociales, los Gobiernos de Rajoy han financiado cosas tan dispares como las ayudas por el terremoto de Lorca, las compensaciones por desastres naturales e incendios, los incentivos al trabajo por cuenta propia o a las contrataciones de los colectivos más afectados por el paro.

Más pensiones y más altas para unos ingresos renqueantes

Según los últimos datos disponibles de noviembre, en España hay más de 9,5 millones de personas con derecho a una pensión contributiva por jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares (un 1,15% más que hace un año), de las que más de la mitad son por jubilación.

La pensión media del sistema se acerca ya a los 926 euros, lo que supone un incremento del 1,84% respecto a un año antes.

Esas subidas del número y la cuantía de las pensiones no se compensan, por el momento, con la mejora de los ingresos del sistema, que los Presupuestos de 2017 prevén rozarán los 145.000 millones de euros (un 4,48% más que en 2016), de los que unos 110.600 millones procederían de las cotizaciones sociales (un 6,68% más).