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El Santander quiere aplicar un ERE a su plantilla y la del Banco Popular que afectará a 2.150 personas

  • Pretende que 1.585 empleados se acojan a prejubilaciones o bajas incentivadas
  • Otros 575 trabajadores serían recolocados dentro de empresas del grupo
  • La mesa de negociación con los sindicatos se constituye el día 16
  • La entidad desea que las negociaciones acaben antes de Navidad

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Oficina del Banco Popular en el barrio de Tetuán, en Madrid.
Unos 1.580 empleados saldrían del grupo bancario mediante prejubilaciones y bajas incentivadas

La dirección del Banco Santander quiere aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 2.150 empleados, entre su propia plantilla y la del Popular. De ese total, la entidad pretende que 1.585 empleados salgan de las entidades mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, mientras que las restantes 575 sean recolocados en puestos similares dentro del grupo financiero.

Así se lo ha comunicado la entidad a los sindicatos en una reunión celebrada este miércoles como parte del proceso de integración de los servicios centrales de los dos bancos, resultado de la compra del Popular por parte del Santander anunciado en junio pasado.

Fuentes de UGT-Servicios Financieros han confirmado a RTVE.es que el ajuste de plantilla se aplicará en los servicios centrales de ambos bancos, es decir, todos los que no están relacionados con la actividad comercial. "Por ejemplo, los servicios de tecnología, informática y operaciones del Popular se van a ver más afectados porque el Santander ya aplicó un ajuste en esos departamentos recientemente", han advertido.

El próximo 16 de noviembre está previsto que se constituya formalmente la mesa de negociación del ERE y los sindicatos creen que el proceso negociador puede haber concluido antes de Navidad, "porque el Santander quiere entrar en 2018 con esto solucionado".

Los sindicatos: más recolocaciones y menos salidas

UGT ha señalado que las organizaciones sindicales tratarán, por un lado, de aumentar las recolocaciones para evitar la destrucción de empleo, y por otro, rebajar la edad de 58 años señalada por el banco para acogerse a las prejubilaciones, "ya que es para el trabajador es mejor una prejubilación que una baja incentivada, que al final es un despido".

Por su parte, Comisiones Obreras (CC.OO.) también considera demasiado elevado el número de personas afectadas e insiste en que "la movilidad funcional entre los servicios centrales y la red [comercial] que recoge el convenio colectivo debe servir para reducir esa cifra inicial".

Su secretaria general en Banco Santander, Ana Herranz, ha señalado que hasta 700-800 trabajadores podrían ser recolocados dentro del grupo.

En un comunicado, este sindicato añade que "los ajustes que se tengan que hacer después de aplicar estas medidas de recolocación en el grupo tienen que contar siempre con la voluntariedad de las personas afectadas. Y la voluntariedad se alcanza con la aportación de recursos que hagan atractivas las ofertas de desvinculación".