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Caso Púnica

La Guardia Civil apunta a que el PP costeó con dinero público gastos de la campaña de Rajoy en 2008

  • Lo habría hecho desviando subvenciones de Madrid a la fundación Fundescam
  • Desvió dinero destinado a cursos que no se impartieron y emitió facturas falsas

Granados recaudó 2,1 millones para las campañas electorales de 2011 y 2014

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Mariano Rajoy, en un mitin en Teruel en la campaña de las elecciones generales de 2008
Mariano Rajoy, en un mitin en Teruel en la campaña de las elecciones generales de 2008.

El PP de Madrid habría subvencionado parte de los gastos relativos a la campaña de las elecciones generales de 2008 -en las que fue cabeza de lista el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- como la publicidad exterior, banderolas, trípticos y hasta el telepronter, con subvenciones públicas concedidas por la Comunidad de Madrid a la fundación Fundescam, según apunta la Guardia Civil en un informe que obra en el sumario de la trama Púnica.

Dicho documento concluye que el PP madrileño empleó "facturación falseada" para cursos del ámbito audiovisual y diseño gráfico que nunca se impartieron, "enmascarando los conceptos realmente facturados" para costear los gastos electorales.

Subvención de 200.000 euros concedida por Ignacio González

Unos gastos que, continúa la Unidad Central Operativa (UCO), acabarían siendo abonados a través de una subvención pública de 200.620 euros que la Comunidad de Madrid le había otorgado a Fundescam el 18 de noviembre de 2008, meses después a la celebración de los comicios.

Fue en concreto Ignacio González, encarcelado por el caso Lezo, quien, como vicepresidente primero de la región, aprobó la concesión de esta subvención, igual que hizo con otras en años anteriores cuando además era patrono de Fundescam.

En este informe, la UCO pone de manifiesto las "prácticas irregulares" por parte del PP madrileño tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008 basadas en el uso "de Fundescam para pagar gastos electorales y el desvío de subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid con este mismo propósito".

Detalles de las facturas

El análisis efectuado por agentes de la UCO del pendrive requisado a Beltrán Gutiérrez en febrero de 2016 en el registro de su domicilio detecta que las cantidades que aparecen en sus documentos coinciden exactamente con las recogidas por las facturas mencionadas aunque con conceptos diferentes.

Así, por ejemplo, en el apartado referido a 'Publicidad Exterior' de los papeles de Beltrán aparece el concepto 'carteles' asociado a la empresa Emfasis por un importe de 2.389 euros, y que se ubica a la columna F, en referencia a Fundescam. Se trata de la misma cantidad y la misma empresa que aparece en la factura falsa pero bajo el concepto 'Edición de programas de cursos y seminarios'.

En la misma columna F se recogen gastos por importes de 50.529 euros y 46.189 con los conceptos de 'esquineros' (voluntarios del partido que reparten propaganda electoral en campaña) y 'telepronter', según el informe que precisa que en algunos casos hasta se fracturaba el pago del gasto electoral en diferentes facturas sobre boletines informativos pero cuya suma daba un resultado idéntico a la cifra que manejaba el exgerente popular en sus anotaciones.

Francisco Granados, en sus tiempos de senador del PP, en una imagen de 2011.

Francisco Granados, en sus tiempos de senador del PP, en una imagen de 2011. EFE

Granados recaudó dinero de empresarios para campañas del PP

Por otro lado, según apunta la UCO dentro del sumario del caso Púnica, el exconsejero madrileño Francisco Granados recaudó 2,1 millones de euros de empresarios y entregó 1,6 al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez para sufragar gastos de las elecciones autonómicas de 2011 y las europeas de 2014, según las sospechas recogidas en un informe, que vincula este dinero con una "práctica generalizada" de "contraprestaciones realizadas por las empresas a cambio de la adjudicación de obras desde distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid".

Según un informe, que sirvió al juez Velasco para ordenar en febrero de 2016 el registro del despacho de Gutiérrez en la sede del PP, de los 2,1 millones que aparecen como entradas de dinero en la agenda que le fue intervenida a Granados, 500.000 euros se los repartieron entre él y el empresario Javier López Madrid, yerno del exdueño de OHL Juan Miguel Villar Mir.

El resto, 1,6 millones, los recibió Beltrán Gutiérrez, "al objeto de sufragar unos comicios electorales que no han podido ser determinados con exactitud, pero que debieran de corresponder bien con la elecciones autonómicas y municipales del año 2011 o las elecciones al Parlamento Europeo del año 2014".

De hecho, las principales aportaciones reflejadas en la agenda eran de JLM, iniciales que se atribuyen a este empresario. Por sus vínculos con OHL, los investigadores hicieron pesquisas sobre esta constructora y detectaron la adjudicación de diversos contratos públicos a esta empresa "en materia de infraestructuras de transporte, hospitalarias y otras".

"Sucesión de roles en los pactos de corrupción"

Tras conocer este informe, la Fiscalía Anticorrupción manifestó al juez que compartía "las argumentaciones vertidas en el escrito policial, ya que la agenda incautada recoge mayoritariamente textos relacionados con campañas electorales del Partido Popular, concretamente las campañas de los años 2011 y 2014".

Según la Fiscalía, "la investigación ha ido demostrando una sucesión de roles en los pactos de corrupción, que, si empezaron en la esfera local, han culminado en funciones de recaudación y de intermediación entre las grandes empresas del IBEX y la gerencia regional de su partido".

Todo ello cuando Granados era senador, de junio de 2011 a febrero de 2014, "alejado ya del control directo de las mesas de contratación, pero con un poder de influencia frente a las grandes empresas mayor". También se señala el "papel y ascendencia política clave en las campañas electorales, durante casi dos legislaturas", que ejercía Granados.

La Fiscalía añadía, además, que Granados y Gutiérrez "estarían vinculados con la Fundación Fundescam", investigada por ser presunto instrumento de la financiación ilegal del PP madrileño.