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Caso Púnica

La UCO incide en otro informe en la presunta prevaricación de Cifuentes

  • Lo afirma en un nuevo documento escrito un mes después del conocido ayer
  • Sostiene que tuvo que saber que la adjudicación de la cafetería estaba amañada

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. EFE

Un segundo informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Púnica incide en la presunta comisión por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de un delito de prevaricación como "directa partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

El documento, con fecha del pasado 27 de marzo -casi un mes después del primero-, incide en el contenido del informe conocido el miércoles si bien no habla del delito de cohecho, centrándose en un presunta prevaricación que apuntalan diversos testigos interrogados por la Guardia Civil sobre este expediente.

Sin embargo, el juez que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, y la Fiscalía Anticorrupción, ya salieron al paso del primer informe de la Guardia Civil aclarando que no tienen intención de proceder contra la presidenta madrileña, ya que no han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.

Este mismo miércoles, Cifuentes recibía también el respaldo político del presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy. La propia Cifuentes ha negado que cuestione la labor de la Guardia Civil y a la UCO, pero ha matizado que "se pueden cometer errores", a lo que las asociaciones de guardias civiles han respondido recordándole la "neutralidad", "buen hacer" y "profesionalidad" de la unidad especializada que realiza estos informes.

La UCO concluye que las declaraciones prestadas ponen de manifiesto la existencia de "significativas y evidentes contradicciones" entre los diferentes testimonios y permiten concluir la existencia de "una pluralidad de acciones" por parte del Comité de Expertos -del que formó parte Cifuentes- que tuvieron como única finalidad favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L. en ambos procesos de licitación y decidir de antemano" su adjudicación.

Percepción "paladina"

Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.

La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien en este segundo informe no alude a esta circunstancia.

El informe reproduce las declaraciones, como autores de un presunto delito de prevaricación, realizadas en las dependencias de la Guardia Civil por otras tres personas que participaron en este expediente administrativo: la jefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recorder, la jefa de relaciones externas y protocolo de la cámara Maria Merino -que formaba parte del comité de expertos- y el también miembro de esta mesa Arturo Zubiri.

A juicio policial, el análisis de estas declaraciones "avalaría aun más" las conclusiones apuntadas del informe del 1 de marzo dado a conocer este martes, dadas las contradicciones observadas en los testimonios de estas tres personas investigadas, que situaron a Cifuentes en dos reuniones en las que se habló de las diferentes ofertas para estos concursos, de los que la presidenta madrileña fue presidenta de la mesa de adjudicación y a la vez miembro del comité de expertos que evaluaba a los licitadores, dos cargos que la UCO cree incompatibles.

La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas licitaciones habría sido la de proporcionar a la empresa de Arturo Fernández un amplio margen de puntos "para poder afrontar la apertura del último sobre del que emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las ofertas económicas de las empresas licitadoras (...) donde el comité de expertos no intervenía".

Cero puntos para la empresa rival

En la licitación de 2011 participó uno de los imputados, Arturo Zubiri, funcionario de la Asamblea que, según explicó a los agentes, asignó cero puntos a una empresa competidora de Arturo Fernández "bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna".

De esta circunstancia, dice la UCO, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" los otros dos componentes del comité de expertos, que eran Cristina Cifuentes y María Merino, otra de las imputadas que declaró ante la Guardia Civil.

Merino sostuvo que en 2009 mantuvo una reunión con Cifuentes y con la letrada de la Asamblea Tatiana Recoder (miembro del comité de expertos también) en la que en realidad "no hubo deliberación". "Nadie expuso nada, no había nada que discutir", añadió sobre la reunión.

La UCO concluye que de las declaraciones de Zubiri, Merino y de Recoder -quien dijo que hizo la recomendación respecto a la incompatibilidad de Cifuentes como miembro de la mesa y el comité- se extrae "la existencia de significativas y evidentes contradicciones" entre las declaraciones y respecto a pruebas documentales.

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