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Canarias pedirá permiso al Gobierno para celebrar una consulta popular sobre las prospecciones

  • Así lo ha avanzado el presidente del gobierno autonómico, Paulino Rivero
  • Rivero: las leyes contemplan este tipo de referéndum y es diferente a Cataluña
  • El ministro de Industria lo respeta y ve el petróleo y el turismo compatibles

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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado que el Ejecutivo canario pedirá autorización al Consejo de Ministros para promover una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote. EFE EFE/Cristóbal García

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo canario pedirá autorización al Consejo de Ministros para promover una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote.

"¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?" es, según ha dicho Rivero tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, la pregunta en la que se basaría esta consulta popular, comparecencia en la que ha estado acompañado por todos los miembros de su Gobierno.

La petición del Gobierno de Canarias va dirigida, en primer lugar, al Parlamento autonómico, que tiene que pronunciarse por mayoría absoluta, algo que sucederá con toda probabilidad porque CC y PSOE -que gobiernan en coalición- cuentan con los escaños suficientes. Seguidamente, será el presidente canario quien se tendrá que dirigir al Gobierno de España solicitando la autorización para llevar a cabo esta consulta.

Rivero: se puede hacer en base a la ley

En su intervención, Paulino Rivero indicó que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Parlamento contemplan este tipo de referéndum en asuntos de "especial trascendencia", como es la posibilidad de llevar a cabo prospecciones en el entorno de las aguas canarias.

Además ha aclarado que esta consulta es "absolutamente respetuosa" con el marco constitucional, por lo que "no tiene nada que ver" con la consulta soberanista que quiere realizar en Cataluña la Generalitat.

Paulino Rivero ha señalado que en la reunión que mantuvo en enero con el presidente Rajoy -al que ha llamado este lunes para informarle de este acuerdo- ha quedado claro que la voluntad es trabajar "codo con codo" en asuntos que sean de interés, y ha afirmado que esta consulta no será "un obstáculo" para la lealtad institucional mutua que ha surgido entre ambos gobiernos.

El presidente canario también confía en que el acuerdo del Consejo de Gobierno sirva para suspender cautelarmente cualquier tipo de actuación por parte de Repsol en aguas canarias hasta tanto el Gobierno de España no se pronuncie acerca de esta consulta. Preguntado por una posible negativa por parte del Estado, Rivero manifestó que los siguientes pasos "se irán dando en función de las decisiones que se vayan tomando".

Soria muestra su "respeto" a la iniciativa

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha mostrado este lunes su "respeto" al acuerdo del Gobierno regional siempre que lo haga en el ámbito de sus competencias". En declaraciones a los medios de comunicación tras un acto informativo en La Palma, ha subrayado que en este campo, el Gobierno central "actúa, y todos los pasos se han hecho con el marco legal, tal y como demuestran los pronunciamientos del Supremo acorde a la legislación vigente".

En su opinión, el petróleo es "compatible y complementario" con el turismo, y sería "bueno" para la actividad económica y el empleo. "Tenemos que elegir si queremos una economía dependiente de un solo sector, con tasas de paro del 35% y 11 millones de turistas, o desarrollar en paralelo otra actividad como la industria. No podemos renunciar si queremos generar actividad y empleo, especialmente para la gente joven", ha indicado.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó las prospecciones petrolíferas en marzo de 2012, una autorización que fue recurrida por el Gobierno regional ante el Tribunal Supremo, que admitió el recurso.

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