El Supremo vuelve a avalar los permisos a Repsol para hacer prospecciones en Canarias

• Rechaza el recurso del Gobierno canario contra una sentencia anterior
• Canarias dice que no el TS no se pronuncia sobre la legalidad de los permisos
• Para el PP la sentencia ridiculiza al presidente canario

El Supremo avala por segunda vez los permisos para hacer prospecciones petrolíferas en Canarias

El Tribunal Supremo ha ratificado su decisión de rechazar la solicitud del Gobierno canario de suspender los permisos concedidos a Repsol para hacer sondeos petrolíferos en aguas próximas a Canarias, tal y como ya dictaminó el pasado 4 de junio.

Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una resolución en la que rechaza el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno de Canarias contra esa anterior decisión del 4 de junio, por considerar que no ha lugar "ni por forma ni planteamiento", según han confirmado a Efe fuentes del Alto Tribunal,

La resolución que el Gobierno canario pedía revisar es el auto por el que el pasado 4 de junio el TS rechazó su petición y la del Cabildo de Lanzarote de que, por ejecución de la sentencia que dictó esa misma Sala de lo Contencioso en 2004 contra esos primeros permisos, se anularan también los concedidos este mismo año.

En la resolución recurrida y ahora ratificada, el Supremo argumentaba que el motivo en que fundó su decisión de 2004 fue que "se habían omitido, respecto de unas determinadas labores de investigación previstas para un específico período temporal, las medidas de protección medioambiental obligadas en virtud de la Ley 34/1994, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos".

Si que incorpora medidas de protección

La Sala entiende, por contra, que el real decreto de este año incorpora las medidas de protección ambiental cuya omisión llevó a la sentencia de 2004, con el añadido de que en él se integran, además, las disposiciones de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 2008.

Por ello, razona que "difícilmente puede admitirse" que, con este nuevo real decreto, el Consejo de Ministros haya "tratado de eludir la sentencia (de 2004) cuando, en realidad, tiene como objetivo y designio precisamente el de incorporar al proyecto de investigación y al programa de trabajos las medidas medioambientales cuya falta pusimos de relieve".

Frente a la falta de medidas de protección de 2001, los nuevos permisos, según el Supremo, contienen las propuestas por las propias empresas, las exigidas por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, los estudios que se tendrán que realizar en cada uno de los trabajos y las que puedan exigirse por aplicación de las leyes de ordenación del territorio y protección de los recursos marinos.

El Consejo de Ministros decidió el pasado 16 de marzo mediante real decreto convalidar los permisos otorgados a Repsol hace once años por entender que se habían solventado los defectos de carácter ambiental que habían llevado al Supremo a ponerlos en cuestión.

En concreto, ese acuerdo del Gobierno central permite a Repsol y a sus socios en este proyecto -Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG- prospectar nueve zonas del Atlántico situadas entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote y la mediana imaginaria que divide las aguas españolas de las marroquíes.

Para el Gobierno canario, el TS no se ha pronunciado sobre la legalidad de los permisos

El Gobierno canario ha recalcado este lunes que el Supremo aún no se ha pronunciado sobre si son o no legales los permisos otorgados por el Consejo de Ministros para hacer sondeos petrolíferos en aguas cercanas a las islas, puesto que aún no ha fallado el fondo del asunto.

Mientras se dilucida si los permisos de prospección otorgados a principios de año a un consorcio liderado por Repsol respetan o no la legislación española y europea, el Gobierno canario y el Cabildo de Lanzarote intentaron bloquearlos mediante un incidente de ejecución de sentencia y una petición de medidas cautelares.

En el primer caso, pretendían que el Supremo declarara que los nuevos permisos vulneraban la sentencia de 2004 que revocó las autorizaciones de 2001 por falta de medidas de control ambiental y, en el segundo, solicitaban una suspensión cautelar para evitar posibles daños al medio ambiente y a la actividad turística.

El Supremo falló ambas peticiones en junio a favor del Gobierno de España, al entender que ni los nuevos permisos vulneraban la sentencia de 2004, ni se habían aportado pruebas para sostener que las prospecciones pueden provocar daños de carácter irreparable.

En un comunicado, el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, subraya que, en el auto que se ha conocido este lunes, el Supremo se ha ratificado en la primera de esas dos decisiones: que los permisos concedidos este año a Repsol no contravienen la sentencia de 2004. Sin embargo, insiste, el Alto Tribunal "aún no se ha pronunciado sobre su legalidad", porque todavía no hay sentencia sobre el fondo del asunto: la impugnación de los nuevos permisos.

El portavoz del Gobierno canario recalca que "el pleito principal, en el que se dirime la legalidad de las prospecciones, no tiene aún pronunciamiento" y que, de hecho, el Ejecutivo autonómico todavía está "en plazo para formalizar la demanda correspondiente".

El PP cree que la sentencia ridiculiza a Rivero

Por otro lado, el PP canario ha considerado este lunes que el auto del Tribunal Supremo confirma "una vez más el ridículo" del presidente regional, Paulino Rivero, y del PSOE, que acumulan "derrota tras derrota en su batallita contra el petróleo".

Según afirma en un comunicado la portavoz del grupo parlamentario Popular, María Australia Navarro, es la tercera ocasión en que Paulino Rivero queda "desautorizado" por el Tribunal Supremo "en su absurda causa" contra la oportunidad de averiguar si existen nuevas fuentes de riqueza en aguas territoriales españolas a 60 kilómetros del archipiélago "de las que pueden y deben beneficiarse, económica y laboralmente, tanto España como Canarias".

La portavoz de los populares acusa a Paulino Rivero de "dilapidar" recursos humanos y económicos de la Comunidad Autónoma en pleitos con el Gobierno central a sabiendas de que éste es plenamente competente en la materia y actúa de acuerdo a la legalidad, tal y como pone de manifiesto el Tribunal Supremo.

El Partido Popular no se explica por qué Paulino Rivero dedica tiempo y dinero de la Comunidad Autónoma a una causa politizada que se opone a los verdaderos intereses de todos los canarios, que no son otros que mejorar y diversificar la economía y crear riqueza y empleo en las islas, ha señalado.

Navarro exige que el presidente canario "dé la cara" y explique cuánto dinero está costando a todos los canarios esta causa y cuánto tiempo y personal dedica la Comunidad Autónoma "a satisfacer la obstinación de Paulino Rivero" y cuántas derrotas y fracasos más necesita "su terquedad" para que recupere la posición institucional que le corresponde como jefe del Ejecutivo.