Montoro asegura que el dato del déficit público "irá mejorando" y se cumplirá el objetivo

• El ministro de Hacienda remarca que la estadística es "provisional"
• Hasta agosto, el déficit es del 4,62%, casi un punto por encima del objetivo

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en el pleno del Congreso.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal  Montoro, ha asegurado este miércoles que "no hay motivo alguno de  preocupación" sobre el cumplimiento del déficit marcado, ya que el dato  conocido este martes -con el que se supera ya en casi un punto porcentual el objetivo para todo el año- es "provisional" y puede  "llevar a confusión". El ministro ha destacado que hay que tener en cuenta que "el Estado es financiador  del resto de Administraciones  públicas", por lo que en los próximos  meses "irá mejorando", mientras que el  de la Seguridad Social "empeorará".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas en los  pasillos del Congreso, después de que se publicase este lunes que entre enero y agosto el Estado registró un déficit de 47.579 millones  de euros, el 4,62% del PIB, frente al objetivo del 3,8% fijado para todo el  ejercicio.

"No hay motivo alguno de preocupación, pero entiendo que en  España, por la forma de articulación de la financiación entre  administraciones, efectivamente, cuando se presenta un dato aislado,  realmente, lo que puede inducir es a cierta confusión", ha reconocido  el titular de Hacienda.

Por ello, ha recomendado comparar las cifras hasta agosto con las  del mismo período del año pasado para que sea una equiparación  "homogénea", y ha señalado que, si se hace así, "se ve que el déficit del  Estado ha bajado y está en línea con la consecución de los objetivos  que hay que cumplir este año". "El seguimiento mes a mes es  importante, pero hay que interpretarlo, entenderlo", ha apostillado.

Los nuevos datos sobre 2012, mejores que los publicados en abril

Además, ha subrayado que las cifras hechas públicas este martes  son aún "provisionales" y que hay que esperar a tener los datos del  conjunto del año para tener "una visión completa".

Montoro también ha avanzado que en los próximos días la Intervención General del  Estado concluirá el cierre de las cuentas de 2012 de todas las Administraciones públicas para remitirlas a la oficina estadística europea, Eurostat.

"Aunque seguirán siendo todavía cifras provisionales, serán mucho  más definitivas que las enviadas en primavera. Ese cierre del año  pasado será mejor que el que se envió en abril", ha concluido Montoro.

Hacienda estudia aplazamientos en el IRPF para emigrantes retornados

Ya dentro del hemiciclo, el ministro ha asegurado que el Gobierno está estudiando caso por caso aplazamientos en el pago del IRPF para los emigrantes retornados que no han declarado las pensiones recibidas en otros países y que, por esa razón, han sido multados por la Agencia Tributaria.

Montoro ha hecho esta declaración en la sesión de control, donde ha respondido a una pregunta del diputado del PSOE Antonio Hurtado, quien le ha preguntado por qué el Ejecutivo no trata igual a los emigrantes retornados y a los beneficiarios de la amnistía fiscal.

Según Montoro, la mayoría de estas personas mayores no han declarado esas prestaciones por desconocimiento, pero eso no les exime del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Hurtado ha reprochado al ministro que se persiga a personas humildes y trabajadoras, que siguen aportando divisas a España y que no tienen ánimo defraudatorio. En su opinión, a este colectivo se les está aplicado intereses de demora, recargos, sanciones y tipos de gravamen especial, mientras que a los que se acogieron a la "amnistía fiscal" no se les impone nada.

El ministro de Hacienda ha negado que el PP haya aprobado una ley para cubrir a los defraudadores y ha acusado al diputado socialista de desconocer la ley tributaria.

En relación al mismo asunto, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha  afirmado que la obligación de tributar por todas sus rentas de los españoles que retornan al país, con independencia de donde las  hayan recibido, es consecuencia de una ley aprobada por el Gobierno  socialista en 2006.