Un exdirectivo de Bankia contradice a De Guindos y confirma que exigió a Rato un nuevo plan

• Economía pidió al presidente de Bankia un plan de saneamiento "más agresivo"
• El imputado Ildefonso Sánchez Barcoj ratifica la versión de Rato

El exdirector general Financiero y de Riesgos de Bankia,  Ildefonso  Sánchez Barcoj, ha confirmado ante el juez de la  Audiencia Nacional Fernando Andreu que el Ministerio de Economía  pidió al entonces presidente Rodrigo Rato, que realizara un nuevo  plan de saneamiento al considerar que el anterior  plan de capitalización, con el aval del Banco de España, no era  viable, han informado fuentes jurídicas.

Esta declaración avala la versión ofrecida al magistrado por Rato  en la Audiencia Nacional y contradice el testimonio del ministro Luis  de Guindos, que comunicó al juez por escrito que el Gobierno no  rechazó ningún plan de Rato para Bankia.

El nuevo plan, que se llamó "de desinversión, saneamiento y  mejora", se elaboró para un escenario de estrés máximo, con una  disminución del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,8% y  sin recuperación del empleo hasta el año 2013. Incluía mayores  provisiones para contemplar posibles pérdidas a futuro.

Rato explicó al juez que el objetivo de este nuevo proyecto, que  contemplaba 9.500 millones de provisiones adicionales al plan de  abril, en el que también participó la auditora Deloitte, era generar confianza entre los inversores. El plan también contemplaba reducir  de 19 a cinco los miembros del Consejo de Administración.

Economía quería un plan más agresivo

Durante su declaración como imputado Barcoj ha precisado que Rato  les comunicó, tras mantener una reunión en Economía, que al  Ministerio no le gustaba el primer plan propuesto y ya avalado por el  Banco de España. El Gobierno pensaba -ha dicho- que esa estrategia  no iba a conseguir el objetivo de calmar a los mercados. En opinión  de Economía, se necesitaba un plan que fuera más allá, más agresivo,  ha concretado.

A su salida de la Audiencia Nacional, Barcoj ha sido zarandeado e  insultado por una decena de jubilados que protestaba a las puertas de  las dependiencias judiciales por la pérdida de sus ahorros por la  compra de preferentes de la entidad.

Sánchez Barcoj, que fue imputado en el "caso Bankia" el pasado 5  de junio, también declaró en esa condición ante el juez de Madrid  Elpidio José Silva por la compra del City National Bank de Florida y  por la concesión en 2008 de un crédito de 26,6 millones al Grupo  Marsans -dirigido por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán-  por parte de Caja Madrid.

Las cuentas dependían de Rato

El imputado, que se ha limitado a contestar a las preguntas  realizadas por el fiscal Luis Rodriguez Sol, se ha desvinculado de la  elaboración de las cuentas de 2011 y ha explicado que en octubre de  2012 un cambio en el organigrama de la entidad provocó que esta  cuestión pasara a depender de la presidencia.

Ha atribuido la responsabilidad de la no publicación de aquellas  cuentas a la auditora Deloitte, que, en su opinión, incumplió su  obligación de presentar su informe cuando tenía la posibilidad de  hacerlo aunque fuera con salvedades o de forma poco limpia.

Sánchez Barcoj ha especificado que la elaboración de las cuentas  contaba con la dificultad añadida que suponía la falta de integración  informática de las cajas fusionadas, que provocaba que la información  que proporcionaban no fueran fiable.

En cuando a la preparación de la salida a Bolsa de le entidad, el  imputado ha puesto de manifiesto que se trató de una decisión  estratégica dirigida por el presidente. Ha especificado que fue Rato  quien eligió esta opción y llevó directamente todo el proceso.

Andreu cerrará mañana la ronda de declaraciones en la causa que  investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia con el interrogatorio  al exdirector general adjunto de Auditoría Interna de Bankia, Miguel  Angel Soria.

En la causa hay 36 imputados, entre los que se encuentran 32  miembros del antiguo Consejo de Administración de la entidad  financiera, encabezada por Rato, y Bankia y BFA en calidad de  personas jurídicas. Se les acusa de delitos de apropiación indebida,  administración desleal, falsedad en los balances y maquinación para  alterar el precio de las cosas.