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Gobierno de Rajoy: un año de reformas y recortes para buscar la salida de la crisis

  • Rajoy ha desplegado sus políticas en medio de una protesta creciente
  • El paro, la cara más dramática de la crisis, no remite y alcanza el 25%
  • El Ejecutivo no pide aún el rescate, pero la prima de riesgo sigue alta
  • El PP ha sufrido un fuerte desgaste que el PSOE no ha podido capitalizar

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Rajoy consiguió la mayor victoria para el Partido Popular de toda su historia
Rajoy consiguió la mayor victoria para el Partido Popular de toda su historia hace un año.

"Lo peor ha pasado. Estamos en una situación difícil, es una situación transitoria. Tenemos que adoptar estas decisiones, esperamos resolver el problema de financiación, pero créame, estamos dando pasos en la buena dirección, aunque todavía queden momentos muy difíciles".

Mariano Rajoy ponía este lunes nota a su gestión. Hacía balance junto a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en rueda de prensa en la Moncloa, el palacio del que consiguió las llaves hace este martes justo un año. Un 20-N. Entonces el líder del Partido Popular procuró a su partido la mayor victoria electoral de su historia, 186 diputados y 10,86 millones de votos. Un apabullante 44,63% de los sufragios que ponía fin a casi ocho años de José Luis Rodríguez Zapatero en el poder y que condenaba al PSOE a una derrota dolorosa y amarga.

Un año después, España sigue aún sumida en la crisis económica, sin ver la luz al final del túnel. Aunque el Ejecutivo augura eso, que "lo peor ha pasado" y que se acerca la recuperación. Según las previsiones ya expresadas por Rajoy, 2013 será "mejor" que 2012, y en 2014 se avistará el crecimiento económico y la creación de empleo "con claridad".

El Gobierno ha repetido que su política económica está sustentada en tres pilares básicos: la consolidación fiscal (o sea, la "austeridad"), las reformas estructurales y el saneamiento del sistema financiero. Y ahí el camino está iniciado, pero ni mucho menos concluido. Y el drama más acuciante, el que pone rostro a la crisis económica, el paro, sigue batiendo cifras históricas, por encima del 25%. Mientras, la contestación social ha ido creciendo. Manifestaciones, protestas a las puertas del Congreso y hasta dos huelgas generales en el primer año de Gobierno.

"El inicio del inicio"

La senda de recortes y reformas comenzó muy pronto, apenas una semana después de que el nuevo Ejecutivo tomara posesión. El 30 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobaba un primer paquete de medidas para reducir el gasto en unos 8.900 millones de euros e incrementar los ingresos en otros 6.275 millones de euros: alza del IRPF, subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI), congelación del salario mínimo, ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos, tijeratazo del 20% a las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales...

Era "el inicio del inicio", como aseguró entonces la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. También la primera muesca al programa electoral del PP, cuyo incumplimiento acabó reconociendo el propio Rajoy. La razón esgrimida por el Ejecutivo se ha mantenido constante en este primer año de legislatura: el desequilibrio en las cuentas públicas, el déficit, la llamada "herencia recibida". El anterior Ejecutivo socialista había fijado el desvío para 2011 en el 6%, pero los populares calcularon que el agujero había sido mucho mayor, de hasta el 8%. Después, tras varias revisiones del dato, se elevó el déficit del año pasado al 8,96%, y hasta el 9,44% si se cuenta el impacto de las ayudas a la banca.

El Gobierno ha achacado las cifras de déficit a la "herencia" del PSOE

Con el arranque del año, el Ejecutivo se puso manos a la obra para alumbrar dos iniciativas capitales. Una, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la norma que desplegaba el pacto de la modificación de la Constitución y que imponía un fuerte corsé a las comunidades autónomas, hasta el punto de amenazarlas con la intervención si se deslindaban de los objetivos de déficit. El texto salió sin el consenso del PSOE, el promotor del cambio de la Carta Magna en el verano de 2011.

Dos, la reforma laboral. Se hizo sin acuerdo de patronal y sindicatos, con la idea de flexibilizar las condiciones del mercado de trabajo, sentar "las bases para crear empleo estable cuanto antes" y "ayudar a destruir la fuerte sangría" del paro. La clave de bóveda de la reforma, según denunciaron enseguida la oposición y las centrales sindicales, se situaba en el despido: echar a los trabajadores sería, a partir de febrero, más barato y fácil.

La respuesta no tardó en cristalizar: Rajoy encajó su primera huelga el 29 de marzo, apenas tres meses después de su llegada al poder, con un promedio de seguimiento del 77%, según las cuentas de CCOO y UGT.

Las cifras no han mejorado en este tiempo. El paro ha escalado hasta el 25,02%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), por encima ya de la previsión del Gobierno (24,6%). Más de 5,77 millones de desempleados y  un paro juvenil del 52,3%. La última EPA de Zapatero en el poder, la del tercer trimestre de 2011, apuntó un desempleo del 21,5% y 5,27 millones de parados. El Gobierno ha insistido en que todavía es pronto para pasar a examen la reforma laboral. Que sus efectos se notarán con el tiempo, sobre todo a partir de que asome la recuperación.

Acoso de los mercados

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, "los más austeros de la democracia", según enfatizó entonces el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prolongaron la medicina de los ajustes. Llegaron después de las elecciones andaluzas y asturianas y de la huelga general del 29-M, y comportaron un recorte del 16,9% del gasto en el conjunto de los ministerios. 27.300 millones de euros menos. Pero al debate de las cuentas se superpuso un elemento criticado muy duramente por la oposición: la llamada amnistía fiscal, el establecimiento de un gravamen del 10% para rentas no declaradas, una "ventana abierta excepcionalmente" y que se cerrará a finales de este noviembre.

Apenas una semana después de la presentación de los PGE el Ejecutivo informó, a través de una nota, que se disponía a acometer otra importante reducción del gasto, de 10.000 millones en sanidad y educación. Los detalles se fueron conociendo en los días siguientes: se estableció el copago en los medicamentos en función de la renta y lo introdujo para los pensionistas, se endureció el acceso a la tarjeta sanitaria, se incrementó en hasta un 20% el número de alumnos por aula y se posibilitó que se aumentasen las tasas universitarias, entre otras medidas.

A las medidas de los Presupuestos de 2012 se sumó la reducción del gasto en educación y sanidad

Las primeras reformas del Ejecutivo, las dudas sobre las cuentas de las comunidades autonómas y la desconfianza hacia la verdadera situación de la banca volvieron a tensionar a los mercados. La pesadilla de la prima de riesgo, que había experimentado a primeros de año una cierta relajación, regresaba. Pero todo estalló con la caída de Bankia. El verdadero punto de inflexión en el complicado proceso de reestructuración del sistema financiero español.

Los acontecimientos se precipitaron a partir de mayo. Rodrigo Rato dimitió como presidente de la entidad y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y dio paso a José Ignacio Goirigolzarri, un relevo en buena medida auspiciado por el Gobierno, que no veía con buenos ojos los planes de saneamiento que había previsto el hombre fuerte de los Ejecutivos de José María Aznar.

La salida de Rato urgió la nacionalización y dejó al descubierto un inmenso agujero y unas necesidades de capital enormes: 19.000 millones de euros más, elevando la cifra de ayudas a 23.500 millones. El reguero de sangre dejado por Bankia acabó llegando hasta la Audiencia Nacional, que imputó a Rato y otros 32 exmiembros de los consejos de administración de Bankia y BFA.

La espiral se hizo entonces imparable. La prima de riesgo no cedía. Tampoco las dudas sobre el estado de la banca. España empujó para conseguir la recapitalización directa, sin pasar por la ventanilla del Estado. No fue posible. El 9 de junio, el titular de Economía, Luis de Guindos, hacía oficial lo que ya había circulado como una opción irremediable: el Gobierno pedía el rescate financiero. Una línea de crédito concedida por el Eurogrupo de hasta 100.000 millones de euros que, según afirmó entonces el Ejecutivo, no acarrearía una condicionalidad extra.

El Eurogrupo concedió un préstamo de hasta 100.000 millones para salvar a la banca

Ni siquiera la solicitud de auxilio bancario alivió la presión de los mercados. El Gobierno se empleó en conquistar reformas en el seno de la Unión Europea, haciendo valer que España hacía sus "deberes" de puertas para dentro. Rajoy insistió ante sus socios en que era fundamental afianzar la "irreversibilidad del euro".

Del plante del jefe del Ejecutivo y del italiano Mario Monti salió el compromiso de la UE de impulsar la unión bancaria, la recapitalización directa de las entidades financieras y la garantía de que los fondos europeos de rescate pudieran comprar deuda de los países en apuros. Planes conquistados en la cumbre de junio de Bruselas pero aguados en la cita informal de octubre por la presión, otra vez, de la alemana Angela Merkel.

Paquete de recortes en julio

El 11 de julio de 2012 quedaría marcado para siempre en la vida del Ejecutivo de Rajoy como en su día se grabó a sangre y fuego el 12 de mayo de 2010 para el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente anunció ese día en el Congreso un abultado paquete de recortes: 65.000 millones de euros en dos años. Subida del IVA (el tipo general crece hasta el 21%), supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios, reducción de la prestación del paro, eliminación de la deducción por vivienda, bajada del gasto en dependencia, reforma de las administraciones y nuevo mordisco a las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal, entre otras medidas.

"Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio. Ni renuncio a bajarlos cuando sea posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas. Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración", sostuvo entonces Rajoy ante la Cámara baja, imprimiendo una retórica churchilliana a sus palabras, invocando la cultura del "sacrificio" común para salir de la crisis.

"No he cambiado de criterio. Han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas", dijo Rajoy en julio

La presión sobre la deuda soberana siguió en una escalada vertiginosa, alcanzando su techo el pasado 24 de julio: 638 puntos básicos y una rentabilidad del bono español altísima: por encima del 7,5%. Hicieron falta sólo unas palabras de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en defensa del euro, para comenzar a frenar el acoso a España.

Quien no se detuvo fue la calle. A la huelga general de marzo y a la reedición de las manifestaciones del Movimiento 15-M se sumaron las numerosas protestas que poblaron las ciudades españolas conforme avanzaba la política de recortes, y que no cedieron tampoco en pleno verano. Desde entonces, el Congreso ha vivido de hecho un blindaje permanente.

La esperanza de las exportaciones

El otoño ha sido también tan caliente como se esperaba. Y el fuego lo alimentó, en parte, la presentación de los Presupuestos del Estado para 2013 –ahora ya en el Senado–. Más recortes y más pago de los intereses de la deuda (38.589,55 millones de euros, unos 10.000 millones más que en las cuentas vigentes). Montoro los rotuló como "los PGE más sociales de la democracia", apoyado en que son los que más dinero han reservado hasta ahora al gasto social. Y los que mantienen la promesa de la subida de las pensiones, aunque todavía no se sabe si se acomodarán al incremento esperado del IPC.

La protesta vino de la mano de la plataforma 25-S, Rodea el Congresode la convergencia de los sindicatos y organizaciones ciudadanas en la Cumbre Social y de las distintas mareas contra las políticas del Ejecutivo. La última gran escenificación del malestar se produjo la semana pasada con la convocatoria de la segunda huelga general de la era Rajoy, el 14-N.

El pago de los intereses de la deuda marcan las cuentas del Estado para 2013

El Gobierno ha insistido en que respeta el derecho de los ciudadanos a la huelga, pero también ha remachado que su hoja de ruta es "la única posible" para afrontar la recesión, contraer el déficit, crear empleo y garantizar el sostenimiento del Estado del bienestar. Este mismo lunes, el presidente defendía que sus medidas, aunque hagan "daño" y sean "difíciles de explicar", son "imprescindibles" para revertir la situación.

"¿Qué habría pasado si no hubiéramos tomado esas medidas?", se preguntó, para reforzar que no tenía escapatoria. La economía sigue anclada en el retroceso –el PIB cayó en el tercer trimestre un 0,3%, aunque la variación interanual es ya del -1,6%–, pero el Gabinete subraya que las cosas marchan mejor en otros aspectos. Por ejemplo, que España tenga una balanza comercial positiva con la zona euro y mantenga un dinamismo claro en las exportaciones. La recaída en la crisis, con todo, ya comenzó en la última etapa del Gobierno de Zapatero.

El reto de Cataluña

Los últimos meses de este primer año de legislatura han venido marcados por otro desafío. Y este de carácter más político: el debate soberanistaArtur Mas acudió a su entrevista en la Moncloa con Rajoy con un potente arsenal en la mochila: las multitudinarias manifestaciones con motivo de la Diada. Sin embargo, la negociación en torno al pacto fiscal que demandaba el presidente de la Generalitat tropezó desde el primer minuto. No había "margen" para elevar el techo de autonomía financiera para Cataluña, según el relato del convergente. Rajoy hilvanó una narración distinta, en clave casi de chantaje por parte de Mas.

Aprovechando la oleada soberanista (y pillando con el pie cambiado a la oposición), el president protagonizó un quiebro cuyo resultado se comprobará este domingo en las urnas: convocó elecciones anticipadas, con menos de dos años cumplidos de mandato. Desde entonces, la escalada verbal entre los dos Gobiernos, el central y el autonómico, no ha cesado.

Los catalanes serán los quintos y últimos comicios de este 2012. El PSOE consiguió salvar los muebles en Andalucía y Asturias el 25 de marzo. Mantuvo el Gobierno en la primera –pese a que el PP fue la fuerza más votada– y recuperó la segunda, y en los dos casos gracias a la subida de IU.

El espejismo que para los socialistas se convirtieron las andaluzas y asturianas se tornó en jornada negra el pasado 21 de octubre: en Galicia los populares revalidaron con holgura su mayoría absoluta y en Euskadi, en la primera cita autonómica sin ETA y con la izquierda abertzale rehabilitada bajo las siglas de EH Bildu, el PNV tumbó al lehendakari, Patxi López. Para este 25-N, todas las encuestas apuntan a la victoria de CiU –está por ver si con mayoría absoluta– y una nueva debacle del PSOE.

El PSOE mantuvo Andalucía y recuperó Asturias, pero se hundió en Galicia y Euskadi

Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apuntan, mientras, cambios de tendencia respecto a las elecciones generales del 20-N. Así, el PP sufre un fuerte castigo de los ciudadanos (cae 8,7 puntos en un año) y los socialistas se estancan. Sí suben la tercera y cuarta fuerza de ámbito estatal, IU y UPyD. El presidente padece igualmente en sus carnes el desplome de valoración: pasa del 4,55 del barómetro de enero al 2,78 del pasado octubre. Alfredo Pérez Rubalcaba baja, pero menos, del 4,25 al 3,70. Según el último sondeo, todos los ministros suspenden. El peor para los españoles es el titular de Educación, José Ignacio Wert, cuyas declaraciones a menudo polémicas le ha valido incluso el intento de reprobación de la oposición en el Congreso.

Los sondeos continúan reflejando el desapego de los españoles hacia sus políticos: desde hace meses, son vistos como el tercer problema para el país.

¿Habrá rescate?

El segundo año de legislatura de Rajoy se abre con un interrogante que lastró el epílogo del Gobierno de Zapatero: la amenaza del rescate. Los mercados dan por descontado que el Gobierno solicitará acogerse al llamado programa precautorio que puso en marcha el BCE el pasado septiembre.

Rajoy ha remarcado que no tiene tomada ninguna decisión, pero que si conviene a los "intereses generales de los españoles", lo pedirá, aunque su Gobierno ya ha deslizado que está descartado que se acuda a los fondos de rescate este año. La decisión no es ni fácil ni gratis, porque Draghi ya recalcó que el Eurobanco comprará deuda sin límite de los países con dificultades si estos demandan ayuda y si se someten a una condicionalidad "estricta".

El diferencial con el bono alemán se sitúa hoy en niveles próximos a los de hace un año

El Gobierno juzga que no es el momento, porque la presión de los mercados ha disminuido relativamente. La prima de riesgo cerró el lunes en los 454 puntos básicos, en niveles semejantes a los de hace justo un año, tras el triunfo del PP, que encarecen todavía mucho la financiación. Asimismo, cree encarrilada la reestructuración bancaria después de tres reformas seguidas y la creación del banco malo y la evaluación por un analista independiente de las necesidades de capital de todo el sistema financiero. La asfixia económica de las comunidades autónomas también se ha aliviado gracias a la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), cuya continuidad está asegurada para 2013.

Además, el Ejecutivo está convencido de que se conseguirá embridar el déficit y que sus previsiones para 2013 se abrirán paso. Calcula que el año próximo el PIB caerá sólo un 0,5%, una proyección que distintos organismos nacionales e internacionales elevan hasta el entorno del 1,5%. Bruselas ha ofrecido a España palo y zanahoria: cree optimistas las estimaciones de Rajoy pero a cambio no exigirá medidas adicionales de ajuste en el próximo ejercicio.

Se ha abierto una puerta de desahogo para el drama de los desahucios

En medio de un panorama todavía muy complicado, se ha abierto una puerta de desahogo a uno de los dramas sociales más visibles: los desahucios. El Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves las medidas más urgentes, la paralización de los desalojos para los casos más extremos y un parque de alquiler social. No cuajó el pacto con el PSOE y no se aborda, por ahora, la reforma de la Ley Hipotecaria. Pero la negociación, insiste el Gobierno, aún es posible.

Rajoy cruza su primer aniversario con algunas cifras en negativo. El segundo año que se abre dirá si la senda de la recuperación que el Ejecutivo ve asomarse en el horizonte es una realidad o falta por recorrer más trecho en el desierto de la crisis.