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Los ministros de Finanzas de la UE aprueban la contribución europea al rescate de Irlanda

       
  • El interés de los 45.000 millones que prestarán los 27 rondará el 5,8%
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  • También se han aprobado las condiciones que se exigirán a cambio
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  • El Ecofin también ha aprobado una mayor transparencia contra el fraude fiscal

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La UE aprueba la contribución europea al rescate de Irlanda

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han aprobado los 45.000 millones de euros con que contribuirán al programa de asistencia financiera a Irlanda, que en total asciende a los 85.000 millones, y que Dublín deberá devolver a un interés ligeramente por debajo del 6%.

Junto al paquete de asistencia, los ministros han aprobado las condiciones asociadas al programa, relacionadas con "la reestructuración del sistema bancario, reformas para potenciar el crecimiento económico y la reducción del déficit público al 3% del PIB en 2015", según explica el Consejo -órgano donde están representados los estados miembros de la UE- en un comunicado.

La decisión constituye la aprobación formal del rescate que ya fue acordado el 28 de noviembre pasado, así como la prolongación por un año más de la fecha límite para que Irlanda sitúe su déficit por debajo del 3%, hasta 2015, que también fue consensuada en la reunión extraordinaria de ministros de Finanzas europeos que se celebró ese día, y coincide con la votación en el parlamento irlandés de los presupuestos para 2011, que inician el plan de ajuste exigido.

Los ministros sí concretaron hoy el interés que pagará Irlanda por la asistencia, que consistirá en "el coste actual de la financiación de cada tramo, más un margen de 292,5 puntos básicos", una fórmula que probablemente situará el interés ligeramente por debajo del 6%, según fuentes comunitarias.

España aportará 2.800 millones

El programa de asistencia financiera a Irlanda consiste en un paquete articulado mediante distintas aportaciones. La propia Irlanda contribuirá a su rescate al financiar la mitad de las medidas destinadas a apoyar el sector bancario, con 17.500 millones extraídos de sus reservas para el sistema de pensiones.

La aportación con cargo al presupuesto comunitario se elevará a los 22.500 millones de euros, al igual que la contribución del Fondo Monetario Internacional. Los 22.500 millones restantes serán facilitados por el fondo de rescate creado por los países de la zona euro en mayo (17.700 millones) y préstamos bilaterales de Reino Unido (3.800 millones), Dinamarca (400 millones) y Suecia (600 millones).

España contribuirá con avales por valor de 2.600 millones de euros dentro de la aportación del fondo de rescate de los países de la zona euro, según informó el 28 de noviembre la ministra de Economía y Hacienda española, Elena Salgado.

Del total de la ayuda, 50.000 millones de euros se destinarán a atender las necesidades de financiación del Gobierno de Dublín mientras que los 35.000 millones restantes se concentrarán en el sector financiero (10.000 millones para medidas inmediatas de recapitalización y 25.000 millones para otras ayudas a la banca).

Más transparencia contra el fraude fiscal

Además, del rescate a Irlanda, el Ecofin ha aprobado por unanimidad una norma que acabará con el secreto bancario -todavía vigente en países como Luxemburgo o Austria, que este martes han retirado su veto a la normativa- en las investigaciones contra el fraude y la evasión fiscal. Los economistas estiman que el fraude fiscal representa cada año entre el 2 y el 2,5% del PIB de la UE, es decir, entre 200.000 y 250.000 millones de euros.

El objetivo de la norma es mejorar la cooperación entre los Estados miembros y el intercambio de información para poder determinar correctamente la cantidad de impuestos que se les adeudan. Se trata de evitar que los defraudadores aprovechen las limitaciones territoriales de las autoridades fiscales para esconder los ingresos obtenidos.

La directiva establece que, en el marco de una investigación por fraude fiscal, un Estado miembro no podrá denegar información sobre un contribuyente del país que solicite los datos aduciendo únicamente que esta información está en manos de un banco o de otra institución  financiera.

Cuando un país de la UE reciba una solicitud de información de otro Estado miembro deberá contestar en un plazo máximo de seis meses. Para evitar que los Gobiernos realicen peticiones imprecisas para detectar responsabilidades, los Veintisiete han pactado una serie de detalles que se deberán incluir en cualquier petición, concretamente la identidad de la persona investigada y el objetivo  iscal para el que se requiere la investigación.

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