Cataluña solicitará el traspaso de las bonificaciones empresariales y Andalucía lo estudiará

• Valencia lo pedirá "si no supone la ruptura de la caja única"
• Baleares y Navarra se muestran favorables
• Las autonomías del PP critican el acuerdo del PNV con el Gobierno

Cataluña y Valencia reclamarán las bonificaciones empresariales

Cataluña ha anunciado que solicitará el traspaso de las bonificaciones a la contratación de nivel autonómico, después de que País Vasco las haya obtenido gracias al acuerdo cerrado por el Gobierno con el PNV a cambio del apoyo del partido vasco a los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha confirmado ya la consellera de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, quien ha explicado que los incentivos a la contratación han  llegado a suponer entre un 60% y un 70% del coste total de las políticas activas de empleo, con lo que suponen el complemento para esas transferencias que ya posee el gobierno autonómico.

También Valencia se ha mostrado dispuesta a pedir el traspaso de esas bonificaciones que se pagan a los empresarios por realizara contratos incentivados. El vicepresidente económico de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, ha asegurado que, si esa transferencia no pone en peligro el principio de caja única de la Seguridad Social, el gobierno regional pedirá "exactamente lo mismo que se haya transferido a otra comunidad".

Andalucía y Baleares lo estudiarán

La Junta de Andalucía se muestra más precavida y sólo ha afirmado que estudiará la posibilidad de solicitar esa nueva transferencia para complementar las políticas activas de empleo que la comunidad andaluza tiene transferidas desde 2003.

Baleares también considera "una buena opción" solicitar esas nuevas competencias para gestionar las bonificaciones por contratación, ya que -según su consejera de Trabajo y Turismo, Joana Barceló- eso permitiría mayor "eficiencia de los recursos".

Barceló ha explicado que la política de bonificación es la única política activa que queda en manos del Estado, porque el resto ya están transferidas a las comunidades. Pero, en palabras de la consellera balear, ahora "se abre esta puerta y esa opción de que la política de incentivos pueda ser transferida".

La dirigente socialista también ha señalado que ese traspaso no supone la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, "que hace referencia a las cotizaciones de la Seguridad Social, que son políticas pasivas en manos del Estado".

"Las cantidades bonificadas son compensadas por recursos ligados a las políticas activas", ha explicado.

Sólo para autonomías con estatutos reformados

Todas estas comunidades (junto a Aragón y Castilla y León) sí podrían acceder a una negociación para obtener la transferencia de la política de incentivos empresariales para la contratación, ya que han reformado sus estatutos y han incluído esa posibilidad, según recordó este jueves el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

Navarra se podría sumar a ese grupo en breve y su presidente, Miguel Sanz, ya ha defendido que se transfieran las políticas activas al País Vasco (era la única comunidad que no contaba con esas competencias) y ha añadido que debe igualarse a todas las comunidades. Como hasta ahora las bonificaciones no se incluían en el paquete de ninguna autonomía, si ahora se traspasan al Gobierno Vasco, Sanz cree que deben facilitarse al resto de las comunidades.

Zarrías, acompañado por el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, confirmó que el Gobierno estaba dispuesto a negociar ese traspaso con las autonomías que lo solicitasen.

Fuera de ese grupo de comunidades, en Extremadura, el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que convocará a agentes sociales y a la oposición para analizar "si es necesario" para la región solicitar ese traspaso.

Desde las comunidades gobernadas por el PP han llegado críticas y avisos sobre la ruptura de la caja única. Es el caso de La Rioja, donde el presidente Pedro Sanz, ha advertido que el acuerdo sobre las bonificaciones crearán unas "vacaciones laborales" en el País Vasco, porque puede llevar a que empresas riojanas se vean discriminadas frente a las vascas, donde la cuota empresarial puede reducirse.

"Por mucho que digan -ha recalcado Pedro Sanz-, los ingresos de las cuotas patronales se los va a quedar el Gobierno vasco y no van a entrar en la caja de la Seguridad Social".