El Parlamento griego aprueba el plan de austeridad en medio de nuevas protestas

En la calle, pulso al Parlamento

Mientras se realizaba el debate y la votación, fuera del edificio cerca de 20.000 personas se han concentrado para protestar por segundo día consecutivo contra las medidas aprobadas.

Un cordón de seguridad ha protegido la sede de la Asamblea, manteniendo un tenso pulso con los manifestantes. La muchedumbre ha gritado contra el Gobierno socialista y ha pedido la salida del país de los representantes de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). En las pancartas que llevaban se leía: "No he robado. No pago".

Los agentes han realizado varias cargas contra los manifestantes pasadas las ocho de la tarde del jueves, para  alejarlos del Parlamento.

Miles de personas se han dispersado por el centro de la capital griega, donde continúan las carreras y lanzamientos de gases lacrimógenos. Algunos violentos han quemado papeleras y contenedores a su paso. Por el momento no se ha informado de que haya producido heridos.

Las imágenes de estos disturbios han causado una devacle en Wall Street, cuyo principal índice, el Dow Jones, ha llegado a caer más de un 9%. Después ha remontado con rapidez y ha cerrado con un retroceso del 3,20%.

Claves del plan

El plan de ahorro ratificado supone un recorte de 30.000 millones de euros en tres años, incluye duros recortes salariales y de las jubilaciones, tanto en el sector privado como el público, y veta nuevos contratos de funcionarios en los próximos tres años.

La aprobación de la legislación para obtener la ayuda internacional se daba por seguro al tener el gobernante Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) la mayoría absoluta de 160 de los 300 escaños de la cámara.

Hasta la fecha, ya se ha aplicado el aumento del 10% en los impuestos sobre el tabaco, el alcohol y la gasolina, además de una subida del IVA, y un incremento de la edad de jubilación y la flexibilización de los despidos.

La aplicación del programa de austeridad será seguido por un consejo de vigilancia, cuya composición debe decidirse, pero que incluirá expertos del FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE), los tres organismos que canalizarán la ayuda económica.

Su primer informe se presentará el próximo junio y de sus resultados dependerá que prosiga el flujo de la ayuda exterior, formado por 80.000 millones de euros prestados por los países del euro y otros 30.000 millones, del FMI.

El trámite parlamentario estuvo ensombrecido por la muerte de tres empleados de banca ocurrida el miércoles durante un incendio provocado por manifestantes radicales en una sucursal bancaria del centro de Atenas, durante la huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios griegos.

Salvación que llevará a la recesión

La estricta aplicación de este plan de austeridad permitirá reducir el déficit público de Grecia del 13,6% del PIB actual hasta un 5%, pero sumirá a la economía del país en una fuerte contracción que puede desembocar en una depresión, según ha pronosticado a EFE Yannis Stournaras, un influyente economista griego que dirige la fundación para investigación económica e industrial (IOBE).

Stournaras ha advertido de que el precio que se pagará por la consolidación de las finanzas -impuesto por la Zona euro, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conceder sus préstamos de 110.000 millones de euros en tan corto plazo- será un elevado coste social aunque, según este economista, el crecimiento económico se aceleraría de nuevo en unos dos años.

Según Stournaras, el déficit heleno comenzó a dispararse con los preparativos de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, debido a las elevadas inversiones en infraestructuras, como las instalaciones deportivas, la villa olímpica, varios puentes y el metro. En la década anterior, sin embargo, Grecia registró un notable superávit presupuestario.

Este economista acusa al gobierno conservador de Costas Karamanlis (en el poder entre 2004 y 2009) no sólo de no cumplir su promesa de liberalizar la economía, sino de haber incrementado los salarios de los funcionarios un 20% y elevado generosamente las pensiones.

A su juicio, el actual gobierno del primer ministro socialista, Yorgos Papandréu, tiene ahora una ocasión única de modernizar la economía y aumentar su competitividad.

En 2008 y 2009 el déficit fiscal se descontroló totalmente y la Comisión Europea no hizo sus deberes al no cuestionarse las cifras macroeconómicas manipuladas que le facilitaba Atenas y seguir dando previsiones optimistas, ha comentado este analista griego.

Su bancarrota sería la de Europa

Académicos y políticos en Grecia, sin embargo, coinciden en la imperiosa necesidad de aplicar el plan de austeridad para obtener urgentemente la ayuda financiera de los organismos internacionales. El próximo 19 de mayo vence el plazo para el pago de títulos soberanos griegos a 10 años por varlos de 9.000 millones de euros, una cantidad que el propio ministro de Finanzas, Yorgos Papaconstantinu, admitía que el país no tiene en caja.

Tanto el ministro como Stournaras y otros dirigentes, ven en el programa internacional de rescate la única alternativa viable para salvar al país y descartan de plano la declaración de bancarrota que han defendido algunos medios y analistas anglosajones.

Este economista argumenta que la bancarrota tendría un efecto dominó para otros países de la Eurozona, que arrastraría, en primer lugar, a la ruina a bancos alemanes y franceses, acreedores de más de 110.000 millones de euros de los 273.000 millones de euros de deuda helena.

Así, no serían sólo Portugal y España los países afectados por la quiebra griega, sino que el sistema bancario europeo correría la misma suerte que el Estado griego, ha señalado Stournaras.

En este contexto, recordó que Argentina, diez años después de declararse en bancarrota, aún no ha podido regresar a los mercados internacionales de deuda, situación que se repetiría en el caso griego.