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La CECA acusa a Aguirre de "intervencionismo público descarado" en Caja Madrid

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La CECA critica con dureza la situación de Caja Madrid
El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás, considera que la situación de Caja Madrid se ha convertido en el caso de "intervencionismo público más descarado que he vivido en los 26 años de experiencia en el sector".

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía, Quintás ha asegurado que el hecho de que los partidos políticos pueden pactar fuera de los órganos de gobierno de una entidad lo que se va a decidir en ellos supone claramente "la prostitución de un modelo".

Ha añadido que más que "lamentable", adjetivo que usó el lunes el ministro de Economía, Pedro Solbes, para calificar la situación de la caja, en su opinión se trata de una situación "esperpéntica".

Ante estas situaciones de intento de control político en las cajas, Quintás ha asegurado que el Consejo de Administración de la CECA ha pedido a todas las fuerzas políticas que "recapaciten".

La Asamblea General de Caja Madrid rechazó el lunes, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos de la entidad adaptado a la normativa de cajas regional que aprobó el Gobierno de Esperanza Aguirre el pasado diciembre, dos meses después de comenzar el proceso electoral de la entidad.

El TSJ ratificó la legalidad de la Ley de Cajas pero la Asamblea rechazó el texto por mayoría, con un total de 157 votos en contra, 51 abstenciones y 87 votos a favor.

El Ejecutivo autonómico de Madrid aseguró que los impondrá en el plazo máximo de un mes. Las elecciones de Caja Madrid culminarán en septiembre con la renovación de todos los órganos de gobierno, y deberán regirse por la ley de cajas regional..

"Pelas en el patio del colegio"

 "A ver si al final vamos a ser capaces de extinguir uno de los elementos estructuralmente más sólidos de la economía de este país simplemente por una pequeña ambición política de peleas en el patio del colegio", ha advertido.

Según Quintás, el problema de Caja Madrid es "de incomprensión o de olvido deliberado" por las fuerzas políticas de la regulación que tienen las cajas.

La Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro (LORCA), ha recordado Quintás, dice "claramente" que el mandato de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas no es "imperativo", es decir, que nadie puede indicar el sentido del voto. En este sentido, la reforma del Gobierno de Aguirre establece que Miguel Blesa sea reelegido por la Asamblea de Madrid

Sin embargo, ha lamentado, "nos estamos encontrando con que cualquier partido político está abriendo expedientes a consejeros generales de las cajas y lo hace, con todo descaro, porque no ha seguido el sentido del voto" que ellos querían. A su juicio, estos actos "violan la ley".

Para el presidente de la patronal bancaria, esta situación en la que entidades que durante casi dos siglos han sido autónomas y han tenido soberanía empresarial ahora sufran controles políticos es "extraordinariamente preocupante".

"Se ha roto el principio fundamental constitutivo de los órganos de gobierno de las cajas, que es una representación equilibrada de los distintos grupos con intereses legítimos en la entidad", ha asegurado.

Aguirre V.S. Gallardón

La reforma rebaja la representación del Ayuntamiento en la entidad. Éste es uno de los principales motivos de la discordia entre Aguirre y Gallardón.

Para evitar enfrentamientos, Rajoy ordenó a los miembros del PP que no interviniesen en la Asamblea de Caja Madrid.

Las discrepancias entre ambas partes del PP están siendo patentes a lo largo de todo el proceso electoral de Caja Madrid y han llevado incluso al Ayuntamiento de la capital a interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para impedir la 'imposición' de la Ley de cajas de Aguirre, que reduciría en 46 los consejeros de los órganos de gobierno de la caja.

Según la reforma del Gobierno de Aguirre Miguel Blesa deberá ser reelegido por la Asamblea de Madrid, de mayoría popular. Asimismo, la reforma reduce del 70% al 30% la presencia de consejeros de corporaciones locales, por lo que le quita poder al Consistorio de Gallardón.

Por otra parte los cambios en la Ley preven la entrada en Caja Madrid de otras instituciones como universidades privadas y cámaras de comercio, además de los sindicatos, empresarios, asociaciones, fundaciones y universidades públicas ya representadas.

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