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El Tribunal Administrativo del Deporte abre expediente a Villar por unanimidad

  • Es un paso previo a la inhabilitación que el CSD puede dictar este martes
  • Villar se encuentra en prisión provisional acusado de varios delitos de corrupción
  • El juez Pedraz cita a declarar a una docena de personas durante la próxima semana

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Imagen de archivo del presidente de la RFEF, Angel María Villar.
Imagen de archivo del presidente de la RFEF, Angel María Villar. AFP noticias

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha acordado por unanimidad abrir expediente disciplinario al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, encarcelado desde el pasado día 20 por presunta corrupción, paso previo a su inhabilitación.

Los miembros del TAD se reunieron este lunes por la mañana a petición del petición del Consejo Superior de Deportes (CSD), después del ingreso en prisión Villar, y con este trámite el organismo gubernamental, cuya Comisión Directiva tiene previsto reunirse este martes, podrá inhabilitarle.

"No pueden acordar la suspensión sin que haya un expediente previo. El TAD ha valorado el auto del juez y además del ámbito penal en el disciplinario hay méritos suficientes como para entender que se puede producir una infracción por parte de estas personas", explicó brevemente Enrique Arnaldo, presidente del TAD, al término de una reunión de poco más de media hora.

El caso de la RFEF centrará la reunión que celebrará este martes la Comisión Directiva del CSD, que tiene competencia para competencia para "suspender, motivadamente y de forma cautelar y provisional, al presidente y demás miembros de los órganos de gobierno y control de las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales, y convocar dichos órganos colegiados en los supuestos a que se refiere el artículo 43, b) y c), de la Ley del Deporte de 1990.

Dicho artículo 43 c) confiere a la mencionada comisión la competencia para "suspender motivadamente, de forma cautelar y provisional, al presidente o a los demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra los mismos expediente disciplinario, como consecuencia de presuntas infracciones o irregularidades muy graves y susceptibles de sanción, tipificadas como tales en el artículo 76 de la presente Ley".

Al margen de lo que resuelva la comisión directiva, la RFEF tiene previsto celebrar también este martes la reunión de la junta directiva que aplazó la semana pasada, tras los registros y detenciones en la Federación el martes 18, así como de su Comisión Delegada.

La Asamblea, que estaba prevista para el pasado día 20, tendrá lugar el miércoles 26.

Una docena de interrogatorios

Por otra parte, alrededor de una docena de imputados y testigos están citados a declarar durante la próxima semana en la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Soulé.

Según han informado fuentes jurídicas, estas personas irán desfilando ante el juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, del martes 25 al lunes 31, a excepción del domingo. Sus identidades no han trascendido al estar bajo secreto de sumario.

Las fuentes sí han indicado que entre los imputados en la causa no figura el ex seleccionador nacional Javier Clemente, que aparece en algunas de las conversaciones telefónicas pinchadas por la Guardia Civil.

Además, la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) ha acordado personarse como acusación particular y ha pedido la intervención judicial del ente federativo.

Pedraz envió a la cárcel sin fianza el pasado a Villar, a su hijo Gorka y al vicepresidente económico de la federación, Juan Padrón, acusados de haber tejido un "entramado" y una red de "clientelismo" en la RFEF que permitió el desvío de millones de fondos públicos y privados del ente federativo.

Entre otras cosas, en la causa se investigan varios partidos amistosos internacionales de la selección española en los que supuestamente Villar cobró comisiones a través de su hijo, sobresueldos a los directivos de la RFEF, sobornos a presidentes de federaciones territoriales, contratos amañados de material deportivo y un perjuicio de 51,7 millones a la federación por la rescisión de varios contratos en particular de derechos audiovisuales.

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