Tribunal Supremo

• El jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid no quería publicar la nota
• El ex secretario de Comunicación niega haber dado órdenes para filtrar los correos

La directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedó, ha asegurado que cuando se decidió redactar la nota de prensa para desmentir lo que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que era la Fiscalía la que había propuesto un pacto a Alberto González Amador, novio de Ayuso, pero que "por órdenes de arriba" no había llegado a buen puerto, no disponía de los correos presuntamente revelados. Además, ha sostenido que "se intentó sembrar una sombra de sospecha sobre la actuación de la Fiscalía".

FOTO: La directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedó, llega al Tribunal Supremo. EFE/ Javier Lizón

• Miguel Ángel Rodríguez dice que se vio en la "obligación" de filtrar el contenido y dice que el novio de Ayuso es una "víctima"

La jefa de prensa de la Fiscalía General niega haber tenido los mails antes de la nota

El Tribunal Supremo ha diseñado un calendario intenso para el juicio al fiscal general del Estado: seis días con sesiones de mañana y tarde cargadas de declaraciones. Hay citados 40 testigos: fiscales, agentes de la UCO y políticos. Uno de los platos fuertes será Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Las acusaciones piden para Álvaro García Ortiz entre tres y seis años de cárcel por un delito de revelación de secretos.

Foto: RTVE/EFE

Comienza en el Tribunal Supremo el histórico juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Es la primera vez que el jefe del ministerio fiscal se sienta en el banquillo de los acusados. Desde el estrado, junto a sus abogados y vestido con la toga de Fiscal General del Estado, se ha declarado inocente.

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado este lunes que "no" se considera autor ni responsable de un presunto delito de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoce que su cliente defraudó dinero a Hacienda. El Tribunal Supremo le ha preguntado al respecto al inicio de un juicio inédito en España. Nunca antes el máximo representante de la Fiscalía se había sentado en el banquillo los acusados. Su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, denuncia un proceso injusto y marcado por la "idea preconcebida" de que García Ortiz era culpable.

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A las 10 de la mañana de este lunes ha comenzado un juicio histórico e inédito en nuestro país: el Fiscal General del Estado se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos. Se cuestiona si difundió un correo del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía dos delitos fiscales. Si finalmente es condenado, se enfrenta a peticiones de cárcel de hasta seis años. En la sesión, están citados los fiscales que intervinieron en la investigación y otros relacionados con la causa.

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El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte de la causa centrada en presuntos contratos irregulares de mascarillas.

El instructor ha dictado este lunes un auto, al que ha tenido acceso RTVE, de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En el mismo, da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares —lideradas por el PP— para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias. Foto: Diego Radamés / Europa Press

Este lunes empieza el juicio que sentará a un fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, en el que se le preguntará si filtró u ordenó la filtración del correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador pedía a la Fiscalía un acuerdo y reconocía dos delitos de fraude fiscal de 350.000 euros. Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ha asegurado en 'Las Mañanas de RNE' que con este juicio se produce una anomalía: "Cualquier fiscal que actúe en ese procedimiento denota una falta de imparcialidad de la propia institución que es absolutamente palmario".

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín González, afirma: "La Fiscalía General del Estado está perfectamente preparada para que el fiscal general pueda sentarse en el banquillo de los acusados y otro fiscal actúe con absoluta independencia e imparcialidad, pero hay que ver la causa, por qué García Ortiz está sentado aquí: para desmentir un bulo". Félix cree que Álvaro García Ortiz no está sentado en el banquillo por razones personales: "El fiscal general del Estado está sentado por una actuación que fue ligada a defender la imparcialidad de la institución", concluye.

• Por primera vez en la historia, el jefe de la Fiscalía se sienta en el banquillo, pero no declarará hasta el 12 de noviembre
• El fiscal del caso de González Amador, Julián Salto, asegura que "nunca" ha ofrecido un pacto a un abogado
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• Están acusados de presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación
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Todas las miradas están puestas en el Tribunal Supremo, donde, por primera vez en democracia se sienta en el banquillo de los acusados el fiscal general del Estado. Un juicio inédito que Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, ha analizado en Las mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas, asegurando que adolece de serias deficiencias técnicas y carece de pruebas sólidas. “Repasando todas las actuaciones del juez de instrucción, que además ha empleado medios extraordinarios de investigación solo utilizados en casos de terrorismo, no se ha descubierto absolutamente nada" ha dicho. Además, el jurista ha asegurado que los indicios acumulados en favor del acusado son “abrumadores” y que, por tanto, la causa “no debería haber continuado adelante”. Según cree, el proceso debería haberse archivado en una fase temprana por falta de base probatoria, ya que, ha insistido, "no había indicios de peso para sentar en el banquillo al señor García Ortiz”. Además, Nieva Fenoll ha manifestado la gravedad de que el juicio haya llegado a celebrarse, ya que "ha habido muchas filtraciones a los medios y nunca se ha perseguido con esta intensidad. En este caso ha habido un especial empeño no en averiguar de dónde salió la filtración, sino en demostrar que la hizo el fiscal general del Estado”. Ante la posibilidad de que alguna de las partes afectadas emprenda acciones legales por presunta prevaricación contra el juez instructor, se ha mostrado prudente, y, aunque ha reconocido que la vía existe, cree que tendría “poco futuro”. El catedrático también ha señalado cómo este proceso contra el fiscal general ha puesto sobre la mesa un debate más amplio sobre los límites del poder judicial y, sobre todo, la independencia de los fiscales y el papel de los medios en la formación de opinión pública sobre causas aún abiertas: "está en juego no es solo la reputación del fiscal general, sino la confianza de los ciudadanos en que la justicia actúa con rigor y sin prejuicios”.

• En el juicio que arranca en el Supremo está imputado por un presunto delito revelación de secretos
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Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- conforman el tribunal que, por primera vez en la historia de España, juzgará a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo como único acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce que éste había defraudado dinero a Hacienda.

El Tribunal Supremo juzgará así hasta el próximo 13 de noviembre si García Ortiz incurrió en este delito por el que las acusaciones particular y popular -entre las que está la pareja de la presidenta madrileña, Alberto Gómez Amador- solicitan entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. La Fiscalía pide al Supremo absolver al fiscal general del delito de revelación de secretos.

• Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo como único acusado de un delito de revelación de secretos
• Alberto Gómez Amador está citado a declarar este martes y el fiscal general tomará la palabra el 12

• El juez señala que algunos pagos de los que habla la UCO no constarían en la información facilitada por el PSOE
• Advierte de que no hay explicación "suficiente" sobre el origen de las cantidades en metálico en la sede del partido

• Se hizo pasar por alguien que trabajaba en el Gobierno y fingió una conversación con la entonces vicepresidenta
• No considera que exista usurpación de funciones, sino un comportamiento nada ético y reprochable

• También pide que declare un capitán de la UCO para saber si se le investigó antes de que el caso Koldo fuese público

• El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de una asociación de fiscales que pedía suspender a García Ortiz
• Suspender al fiscal supondría una "inaceptable invasión" de las competencias que pertenecen al Ministerio Público

• Ambos señalan que el exasesor de Ábalos centralizaba las liquidaciones de gastos de la Secretaría de Organización
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