El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a defender su inocencia en el caso de la presunta revelación de secretos sobre Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por lo que ha pedido su absolución en el escrito de defensa que ha presentado de cara al juicio que se celebrará en su contra, así como también ha reclamado que declare Amador y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
En el escrito que la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, ha enviado al Tribunal Supremo, y al que ha tenido acceso RTVE, señala que "alrededor de 600 personas" de la Fiscalía tuvieron acceso al contenido clave de la supuesta filtración y además, apunta a que "el aparato institucional de la Comunidad de Madrid" también había desvelado previamente a la nota de prensa de la Fiscalía el "núcleo esencial" de la información relevante del caso que afectaba a González Amador.
¿Quién decide si un ciudadano puede cobrar una ayuda social, por ejemplo el bono eléctrico? En esta era ya no es un funcionario el que determina si alguien cumple o no los requisitos. Es la inteligencia artificial a partir de algoritmos que no eran públicos hasta ahora.
Por primera vez una fundación ciudadana ha conseguido que el Estado abra las "tripas" de sus ordenadores, algo así como la caja negra de la Administración. A pesar de los fallos, piden no demonizar la inteligencia artificial, cada vez más habitual en esta era de la democracia digital. Esto supone un precedente que puede cambiar la relación entre la tecnología y los ciudadanos.
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El fiscal general del Estado se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, doce de inhabilitación y a una fianza de 150.000 euros para asegurar responsabilidades pecuniarias. En 'Las Mañanas de RNE', el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, asegura que, atendiendo a la sentencia 69/2023 del TC, esta fianza "no acaba de ser constitucional". "En el cálculo de esos 150.000 euros, el juez instructor ha incluido la posible responsabilidad si se estableciera una multa. El Tribunal Constitucional tiene dicho que eso contradice la presunción de inocencia, porque es de alguna manera decir que va a ser condenado".
Ruiz Robledo explica que Álvaro García Ortiz podría recurrir esta fianza, al mismo tiempo que la parte de los acusadores pueden recurrir que no se le haya suspendido provisionalmente del cargo. "El gran problema técnico que se nos plantea aquí es que el fiscal general sigue siendo el jefe de una de las partes que intervienen en el juicio y eso posiblemente sea una violación de la tutela judicial efectiva de los acusadores. Si esto se revisa desde esta perspectiva, el resultado puede ser que el fiscal general sea suspendido".
El Tribunal Supremo ha enviado al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Cree que hay suficientes indicios para juzgarle por este caso y señala que esos "secretos" solo los tuvo "por razón de su cargo". Por eso, le acusa de deteriorar la imagen de la Fiscalía y dice textualmente que "la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución".
Además, el juez Hurtado hace una valoración de lo que pudo suponer para González Amador esa presunta filtración. Asegura que provoca una "merma para el derecho de defensa", ya que la pareja de Ayuso estaba siendo investigada por fraude fiscal.
Se abre así un período de cinco días para que el fiscal general deposite los 150.000 euros que el juez le ha pedido de fianza.
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Nunca se ha juzgado en España a un fiscal general. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo acusado de revelación de secretos. Y lo hará en ejercicio de su cargo porque no se ha planteado dimitir.
La investigación contra García Ortiz comenzó hace año y medio. El origen fue la filtración de un correo donde la defensa del empresario González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, admitía haber cometido fraude fiscal.
Las acusaciones piden para él entre cuatro y seis años de cárcel. El Supremo cree que coordinó e impulsó la filtración a la Cadena SER de este correo electrónico: en él, el abogado de Alberto González Amador reconoce que su cliente cometió dos delitos fiscales y pide un pacto para no ir a la cárcel. García Ortiz siempre ha negado la acusación.
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