La Fiscalía Europea pide información al Supremo sobre las adjudicaciones de obras investigadas en el caso Cerdán
- Le insta a que traslade "sin dilación" el "objeto de su investigación" y "los contratos, adjudicaciones o subvenciones"
- En caso de que los contratos hayan sido sufragados con fondos europeos, la competencia sería de la Fiscalía Europea
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La Fiscalía Europea ha pedido al Tribunal Supremo información sobre las adjudicaciones de contratos que investigan en la causa abierta contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco del caso Koldo.
En el suplicatorio, al que ha tenido acceso RTVE, el órgano exhorta al juez instructor Leopoldo Puente que le informe "sin dilación" alguna sobre el "objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados".
Las fiscales Olga Muñoz Mota y Laura Pellón Suárez de Puga, que firman el escrito remitido el 24 de septiembre, recuerdan que la ley fija que, en caso de que los contratos investigados hayan sido sufragados con fondos europeos, la competencia para investigar es de la Fiscalía Europea.
Fuentes de la defensa de Cerdán a Europa Press inciden en que de momento la Fiscalía Europea no ha ejercido su "derecho de avocación" para reclamar la instrucción, pero sostienen que en caso de que así lo haga el magistrado del Supremo "debería abstenerse o plantear un conflicto de competencia".
El Supremo desestimó que la Fiscalía Europea asumiera la causa completa
La Fiscalía Europea ya disputó hace un año la competencia completa del caso Koldo cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investigaba únicamente en ese momento la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.
Ante este conflicto de competencias, el Supremo resolvió que la Fiscalía Europea no era competente para investigar los hechos en su totalidad como pretendía porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, con lo que se le limitó a poder rastrear solo los contratos en lo que presuntamente hubo un uso presuntamente irregular de fondos europeos en Baleares y Canarias.
En consonancia con el criterio del magistrado de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción, el alto tribunal estableció que las actuaciones en esta causa estaban dirigidas a investigar "la posible existencia de una trama de corrupción a nivel nacional que afectaría a diversas administraciones y organismos públicos, también nacionales".
Por ello, dictaminó que podía ser investigada más eficazmente por órganos de la misma naturaleza, "dada su falta de conexión material con cualquier interés supranacional" que pudiera justificar la intervención de un órgano de esta naturaleza, como lo es la Fiscalía Europea.
Una causa compleja con varias líneas de investigación
En el caso de que ahora sí asumiera las competencias, supondría atomizar aún más el denominado caso Koldo, que ya se investiga en dos tribunales y en distintas piezas. Estalló en febrero de 2024 con las entradas y registros en casa del exasesor ministerial Koldo García y otros investigados, en el marco de unas pesquisas dirigidas por la Audiencia Nacional que entonces se centraban en la adjudicación a una empresa relacionada con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, de contratos de material sanitario en plena pandemia.
Desde entonces, el caso ha evolucionado hasta el punto de que en noviembre de 2024 el Supremo abrió causa a Ábalos, por su presunta implicación en esos hechos y su condición de aforado al ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, si bien ya por el Grupo Mixto.
A lo largo de estos meses, el Supremo se ha ocupado también de investigar a Koldo y De Aldama, únicamente en lo tocante al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y ha indagado en otros hechos, como la presunta contratación irregular de su expareja Jésica Rodríguez en dos empresas públicas (Tragsatec e Ineco) sin que realmente trabajara, aunque esto último lo ha derivado a la Audiencia Nacional.
El Supremo amplió las pesquisas el pasado junio, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelara una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública y señalara a Cerdán por su "papel principal", provocando su ingreso en prisión provisional el 30 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Ante la creciente complejidad del caso, Puente decidió recientemente desgajar la investigación que dirige en el alto tribunal, para abrir una línea dedicada exclusivamente a los presuntos amaños de obra. En la resolución explicó que, respecto a los demás hechos, las pesquisas están muy avanzadas, previendo que podrían llegar a término en breve, pero que en lo relativo a la adjudicación de obra están en fase embrionaria.
