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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por revelación de datos secretos por el Tribunal Supremo. ¿Puede recurrir? Como todo ciudadano, puede recurrirla. Pero primero tendrá que conocer la sentencia. En ella, sabremos los motivos concretos por los que le condenan.

García Ortiz puede presentar un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, que supone pedir que se declare juicio nulo cuando un condenado considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Una vez cerrada esa vía, ese sería el argumento para recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, que ahora tiene mayoría progresista. Y por último, y si lo ve oportuno, incluso podría llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

FOTO: El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asiste a la toma de posesión de la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, el pasadlunes en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña. EFE/ Cabalar

Programa 60. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos trae la última hora de Remedios Sánchez, la asesina conocida como 'matayayas' está siendo ahora investigada como presunta responsable de matar a una anciana en A Coruña durante un permiso penitenciario. Seguimos conversando con el antropólogo Xosé Ramón Mariño sobre el caso Romasanta, ya que sus investigaciones demuestran que el hombre lobo de Allariz (Ourense) nació como Manuela Blanco Romasanta. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza si en España se han tomado medidas similares a la tolerancia cero aplicadas en Nueva York en la década de 1990. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al segundo capítulo sobre la desaparición de Cristina Bergua (1997).

Entrevista en La Noche en 24 Horas al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que afirma que aunque la Constitución Española "es rígida" y, sobre todo en lo que afecta a los derechos fundamentales, es "muy difícil" de reformar, la manera de interpretar su contenido sí que se puede adaptar a los nuevos tiempos. "Los derechos no pueden quedar fosilizados, tienen que abarcar las nuevas posibilidades sociales. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y sí que podemos avanzar y adaptarlos a la realidad social", asegura el magistrado.

Foto: TVE

Con motivo de la celebración a finales de octubre en Madrid de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que reúne a más de 122 países y organizaciones, en RNE conversamos con Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. Sobre su continuidad al frente del Constitucional, ahora que termina el mandato, Conde-Pumpido asegura que en el momento en que la institución política que tiene que hacer la renovación, que es el Senado, "llegue al acuerdo de renovarme, yo ya dejo el Tribunal". En este momento, al turno que vamos a abandonar el Tribunal, le corresponde al Senado: "Yo he cumplido con mi labor constitucional durante estos años [...] Lo normal es que haya siempre alguna pequeña demora".

"Nosotros no legislamos, somos los supremos intérpretes de la Constitución. Tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución va a cumplir 45 años. Tenemos que dotar de contenido a esos derechos. Las palabras son las mismas, pero el contenido de esas palabras puede ser diferente. Aunamos la interpretación de los tribunales e intercambiamos experiencia", explica. Uno de los temas que se tratarán en la Conferencia es la independencia de los tribunales constitucionales. Pumpido se muestra preocupado por tres "ataques" a dicha independencia que son "bastante generalizados". En primer lugar, expone, la "interferencia política". "Eso nos afecta a todos. En España de una manera bastante relevante. Muchas veces se exige un respeto al poder judicial como tal pero sin embargo hay una especie de barra libre para criticar al Tribunal Constitucional", destaca el presidente del TC en Radio Nacional. La segunda, son "las maniobras e interferencias" que se hacen para incumplir las resoluciones del Tribunal y en tercer lugar, las "campañas mediáticas que puedan intentar desprestigiar la independencia de los tribunales".

Entrevista completa en RNE Audio.

María Martos, abogada de Juana Rivas, ha asegurado, tras la entrega del hijo menor de esta mujer granadina a su padre italiano que "vamos a seguir luchando", y ha subrayado que "si la batalla se traslada a Italia, seguiremos luchando en Italia con todas las armas que tengamos a nuestro alcance".

La abogada ha confirmado que , después de entregar a su hijo de 11 años, Juana Rivas ha tenido que abandonar el punto de encuentro en ambulancia, "aquejada de un gravísimo estado de nervios". "Es un menor que el 18 de septiembre tiene que acudir a un proceso penal en Italia en el que se está acusando a su padre de maltratarle", ha lamentado María Martos, para opinar que "esto en España no ocurriría", y es "lo que hemos intentado hacer valer en Granada, pero no se ha entendido que tenía que protegerse a ese niño en base a esos argumentos".

El Tribunal Constitucional ha avalado ayer jueves la constitucionalidad de ley de amnistía. La mayoría progresista formada por seis jueces se ha impuesto a los cuatro magistrados conservadores que rechazaban la norma. En las 'Mañanas de RNE' analiza este tema Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla: "Cuando se plantee un conflicto entre el Estado y la Comunidad Autónoma no se puede pedir que se decida la fórmula de integración de Cataluña en España". Cree que la única forma de decidir esta forma de integración es "decidirlo democráticamente, en los parlamentos de Cataluña y las Cortes Generales".

El catedrático asegura: "Ahora se está poniendo fin a un proceso del año 2004, en el que se han producido cosas que no deberían haberse dado jamás". Sobre el Tribunal Constitucional cree que "se encuentra con un problema totalmente distinto al de 2010: el 155 es un artículo que estaba en la Constitución copiando a un artículo alemán, que allí no se ha hecho uso del mismo. El problema en España dejó de estar en la política para pasar a ser un problema en el ámbito del poder judicial y cuando se usa este poder para algo que no sirve esto lleva a un conflicto constitucional terrible, que no tiene solución como hemos visto en la práctica y que nos ha llevado diez años a un problema de idas y venidas", concluye.

El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía un año después de que la aprobara el Congreso: considera que se ajusta a la Constitución, busca mejorar la convivencia y no es arbitraria. Los magistrados evitan valorar si tiene una motivación política.

En la votación de la sentencia no ha habido sorpresas y se ha impuesto la mayoría progresista del Tribunal. Ha salido adelante con seis votos a favor y en contra los cuatro de los magistrados conservadores.

Esta decisión marca el camino de lo que vendrá. Al tribunal le quedan por resolver unos 30 recursos más y pronunciarse sobre la malversación, un delito que para el Supremo no entra en la ley de amnistía.

Foto: Jesús Hellín / Europa Press

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