El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha valorado los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes para sacar adelante el decreto anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán pese al retraso que provocó en el inicio de la reunión la negativa de los ministros de Sumar, entre ellos él mismo, a entrar si en los acuerdos no se incluía un decreto sobre vivienda con la prórroga de los contratos de alquiler: "La negociación fue dura y larga pero el resultado fue positivo", ha asegurado el ministro que considera que es un "síntoma de salud democrática" y que ahora "toca pelear para construir esa mayoría en el Congreso convalidar esos dos decretos leyes". Como resultado de esa negociación, ha dicho que el Gobierno "estuvo a la altura" y que para eso "sirve que la izquierda esté en el Gobierno, para defender los intereses de la clase trabajadora". Preguntado por la sanción de 64 millones a la plataforma de alquileres Airbnb —después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya denegado las medidas cautelares solicitadas por Airbnb para paralizarla — ha dicho que es un paso "importante", que manda "una señal respecto de los márgenes de beneficios", que "ninguna empresa esta por encima de la ley los derechos de los consumidores" . Y sobre el liderazgo en Sumar, después de que Yolanda Díaz haya anunciado que no se volverá a presentar como candidata, ha dicho que en estos momentos lo prioritario es "centrarse" en la "pelea por el derecho a la vivienda" para darle dos años de estabilidad a las personas con los contratos congelados. "La izquierda a eso y después conforme consigamos esta serie de pasos adelante, será mas fácil", ha asegurado. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha descartado como el candidato de la nueva coalición que preparan los aliados de Sumar para las elecciones generales. Su nombre había sonado como sucesor de Yolanda Díaz. En Sumar dicen que no se lo habían propuesto y que seguirán buscando a la persona adecuada.
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El ministro de ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que seis plataformas de alojamientos turísticos han retirado 108 anuncios de alojamientos turísticos en territorios palestinos ocupado por Israel, que supone casi el 80% del total de lo requerido por el departamento gubernamental el pasado diciembre de 2025.
En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, el ministro ha señalado que se está a la espera de que una séptima plataforma elimine los 30 anuncios restantes, ya que son 138 la oferta exigida a suprimir. Además, esta restricción no solo ha afectado a los anuncios en España, sino que también "para otros países", según ha destacado el titular de Consumo.
A su vez, ha criticado el rechazo de PP, Vox y Junts al llamado "decreto ómnibus" del Gobierno, que incluía la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios, entre otras cuestiones, tildándolo de "indigno". Y ha reclamado la dimisión de la concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro tras los insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE celebrado este domingo en Teruel, y ha lamentado la "degeneración de la política" que, a su juicio, refleja este tipo de comportamientos.
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por posibles prácticas abusivas contra inquilinos, entre otras, el cobro de comisiones ilegales o la obligación de contratar servicios adicionales.
Así lo ha adelantado este lunes FACUA-Consumidores en Acción y confirmado posteriormente el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE. "Todos los recursos del Ministerio estarán para asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley", ha señalado.
En su opinión, "en el mercado de vivienda se ha impuesto la ley de la selva y hay indefensión de los inquilinos que violenta el derecho constitucional a una vivienda digna", ha denunciado el ministro, que no se ha pronunciado acerca de la propuesta de sanción al estar abierto el procedimiento.
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes nuevas medidas para reforzar la atención a enfermos de ELA, con una inversión de 500 millones de euros y la creación de un Grado III+ de dependencia extrema, que permitirá prestaciones de hasta 10.000 euros al mes y asistencia 24/7. En el informativo 24 horas de RNE hemos hablado sobre ello y analizado estas nuevas ayudas con Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA).
Martín ha apuntado que, de esos 500 millones de euros que invertirá el Gobierno, "387 son para la ley y 123 para el sistema de dependencia". Además, ha anunciado que este miércoles se reunirán con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para evaluar "el real decreto y el texto". Aunque, si hay algo que celebran, es que conceptos como el Grado III+ hayan salido adelante: "Ojalá sirvan para que esto sea de verdad una revisión del cuarto pilar del Estado del bienestar y sirva para mejorar la vida de personas que, a día de hoy, están fuera de ese Estado del bienestar".
El presidente de ConELA ha explicado que tendrán que analizar y ver a dónde van destinados esos 10.000 euros al mes que se emplearán en la asistencia a los enfermos: "Porque la nota de prensa habla de un 50 % del Estado y un 50 % de las comunidades autónomas. Hay que verlo de acuerdo con el artículo 32 y el artículo 9 de la ley de atención".
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