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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sigan sin aplicar la ley de vivienda y ha dicho que "le encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid", ya que a su juicio "no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda", si bien "no tiene una mayoría en el Senado para hacerlo".

"Incluso les diría, que si no están dispuestos a asumir la competencia, nosotros lo estaríamos. Pero estamos en un Estado social y democrático de derecho", ha insistido en una entrevista de La Hora de la 1 de TVE.

A su vez, ha advertido a Junts de que, si vota en contra del decreto del escudo social, tal como ha anunciado, se lo "tendrá que explicarlo a los catalanes". En su opinión, "es muy difícil votar que no a la subida de las pensiones", si bien "no encuentra la diferencia" con votar que no "a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales".

"Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno va a "pelear" para que el Congreso no tumbe de nuevo el decreto del escudo social, en el que se incluye la prórroga del bono social o la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026. "Creo que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años de dificultad (...) ser capaz siempre de dar pasos para avanzar y, si hay una materia donde merecemos avanzar y merecemos dar esa respuesta que reclama la ciudadanía, es en la política de vivienda", ha subrayado.

El primer domingo de campaña electoral ha estado marcado por la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha acudido a respaldar a su candidata, Pilar Alegría, y por la presencia, un día más, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, que reiterado sus críticas y reproches al jefe del Ejecutivo en un acto junto al candidato de su partido, Jorge Azcón. Precisamente desde Teruel-Aragón Existe, han criticado esta presencia de líderes nacionales.

Ione Belarra ha criticado con dureza la polémica sobre los funerales tras el accidente, acusando a Isabel Díaz Ayuso de instrumentalizar políticamente la tragedia: "es evidente que ella está aprovechándose de una circunstancia terrible… para intentar sacar rédito político". La secretaria general de Podemos ha defendido la separación entre Iglesia y Estado en actos institucionales, señalando que "hay una mayoría de españoles y españolas que no se siente representada con esa confesión" y que los homenajes deberían ser inclusivos. Además, ha subrayado la necesidad de ofrecer respuestas rápidas a la ciudadanía ante la incertidumbre generada por el siniestro.

Belarra ha exigido explicaciones y responsabilidades políticas, alertando de la desconfianza creciente en el transporte público y el sector ferroviario. Ha reivindicado un debate sobre la privatización de los servicios públicos y ha insistido en que "el dinero público tiene que ir para lo público", apuntando a posibles carencias en mantenimiento tras la liberalización del sector. También ha criticado al presidente del Gobierno por no comparecer de inmediato: "me parece increíble que el presidente espere a que la oposición le pida la comparecencia y no haya convocado él ya de motu propio una comparecencia urgente".

En una semana de movilizaciones en el ámbito sanitario, ‘Informe Semanal’ analiza la gestión privada de hospitales públicos en nuestro país. Desde esta misma semana, un juzgado va a investigar el trabajo del grupo Ribera Salud al frente del hospital de Torrejón de Ardoz, Madrid. La Fiscalía ha unificado las denuncias sobre supuestas irregularidades que buscarían aumentar el rendimiento económico del centro y que salieron a la luz tras la filtración de unos audios protagonizados por un CEO de la compañía. "Si tú necesitas que haya enfermedad para que haya negocio, ahí hay un conflicto de intereses", sentencia la ministra de Sanidad, Mónica García. "Si tú, a la hora de atender a un paciente, estás pensando no solamente en la dimensión clínica, sino en cuánto dinero vas a ganar, es un conflicto de interés de libro", añade.

"Nosotros estamos con la colaboración público-privada", ha dicho este mismo jueves la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso: "gracias a eso, Madrid tiene doce hospitales públicos que están pudiendo atender a más de un millón y medio de madrileños. Pienso que el trabajo que se realiza en el sistema sanitario madrileño es excelente". Esa colaboración público-privada tiene muchas aristas y es un modelo que crece, a pesar de su cuestionamiento. En concreto, la administración privada de hospitales de titularidad pública se puso en marcha a finales de los 90 en Alzira, Valencia. Allí, años después, ese tipo de gestión fue revertida.

El sistema público de Salud, en general, necesita mejoras y, sobre todo, mucha inversión. "La creatividad está para el arte, pero no para ganar dinero con nuestra salud", dice Pablo Aceña, de la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Pública de Torrejón de Ardoz.

Programa 69. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta las novedades en el caso Madeleine McCann en torno a la libertad del principal sospechoso de la desaparición y el juicio por acoso a la impostora polaca. Conversamos con Carlos Mayoral, periodista cultural y autor de la novela Un episodio nacional (Espasa), sobre el crimen de Fuencarral como un caso de corrupción nacional. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza el fenómeno de la espiral del silencio. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al cuarto capítulo sobre el asesino Tony King.

Conversamos con Carlos Mayoral, periodista cultural y autor de la novela Un episodio nacional (Espasa), en la que ficciona la investigación de Benito Pérez Galdós sobre el famoso crimen de la calle Fuencarral (Madrid, 1888). Analizamos las peculiaridades del asesinato, las pesquisas del escritor y cómo se trató de un caso de corrupción nacional que guarda similitudes con sucesos contemporáneos.

Este martes conocíamos la sentencia completa al exfiscal general del Estado, que considera "probado" la filtración por parte de Álvaro García Ortiz del correo con la confesión fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. En Las Mañanas de RNE analizamos el texto con Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. Le llama la atención, señala, que la sentencia es "muy extensa" y cree que los jueces deberían haber estado más tiempo deliberando para llegar a la unanimidad "en un tema tan delicado" como es la condena al fiscal general. "La sentencia echa en falta una solidez de prueba y sobre todo de prueba directa que se podía haber obtenido a lo largo del juicio oral", dice Catena, que señala que para él faltan "indicios sólidos". Sobre si tiene opciones de que el Constitucional anule la condena si alega vulneración de derechos, afirma que será "muy difícil" porque llegaría al final al mismo tribunal.

El Gobierno vuelve a recurrir al "acato pero no comparto" y critica abiertamente la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El presidente, Pedro Sánchez, ha defendido sin fisuras la actuación de García Ortiz. También los socios de investidura, que hablan de una campaña orquestada contra el ejecutivo. Del otro lado y especialmente dura la reacción del PP, que ha calificado a García Ortiz como el primer fiscal general "delincuente".

FOTO: EFE/ Víctor Lerena

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha dicho en 24 Horas que el procedimiento contra el fiscal general del Estado: "Nunca debió llegar a sentencia", ya que "no tenia carácter de secreto". Pallín hace referencia a las "incongruencias" que encuentra en la sentencia a lo largo de la página 18 y a tenor de la información recopilada en el correo electrónico, estima que "el propio interesado se confesó autor de los hechos delictivos y pidió que se llegase a una conformidad para reducir la pena".

Para el magistrado, "es un día muy lamentable para la justicia en España" y añade que el tribunal se ha dejado "influenciar descaradamente por la presión política", lo que supone un claro caso de "lawfare": "Se ha convertido en un caso contra el Gobierno (...), se ha utilizado como arma o munición política". Pallín se reafirma en que la sentencia es "absolutamente incongruente" y "vulnera el derecho del fiscal al principio acusatorio": "Nunca supo de qué se le acusaba".

Para terminar, abre la posibilidad de que se presente un recurso en el Tribunal Constitucional ya que aclara: "Nunca he visto una sentencia que vulnere tantos derechos fundamentales como esta".

Este martes por la tarde, el presidente del Gobierno ha defendido a Álvaro García Ortiz y a la Fiscalía General del Estado. En un acto de UGT, le ha pedido a la presidenta madrileña que pida perdón.

Isabel Díaz Ayuso, en cambio, ha acusado a Sánchez y al Ejecutivo de usar las instituciones para atacar a un rival político. "El Estado de derecho funciona a pesar del propio Gobierno", ha manifestado.

Fue el día 20 de noviembre cuando el Tribunal Supremo adelantó el fallo de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, una decisión bastante inusual. El inédito juicio contra el fiscal general del Estado tuvo seis sesiones y los jueces estuvieron deliberando solo una semana. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación y cuatro días más tarde presentó su renuncia.

El Gobierno siempre ha defendido su inocencia, y este martes ha vuelto a decir que no comparte la decisión del Tribunal.

FOTO: EFE/J.J. Guillén