Este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá junto a los sindicatos a la firma del acuerdo para la subida salarial de los funcionarios. Finalmente será de un 11% en cuatro años, hasta 2028. El acuerdo ha costado varias reuniones y además incluye mejoras laborales. El sindicato Comisiones Obreras no ha decidido si se suma o no a la firma.
Ya en la nómina de diciembre recibirán la subida de todo este año, un 2,5%. En enero el salario aumentará un 1,5%, en 2027 será de un 4,5% y de un 2% en 2028. Además, si el IPC del año que viene alcanza el 1,5%, los funcionarios recibirán medio punto más a principios del 27. UGT afirma que es un buen acuerdo. Según la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, "en 13 meses nueve puntos más en la nomina, se elimina la rasa de reposición, que llevamos décadas reclamando esto".
Por su parte, CSIF aplaude que los funcionarios recuperarán casi un 3% de poder adquisitivo. El secretario general de este sindicato, Miguel Borra, asegura que se ha conseguido "el mejor acuerdo posible para como está el país, con un Gobierno en minoría, los presupuestos bloqueados y mucha incertidumbre política".
CC.OO. es el único que tiene dudas y recuerda que hay puntos sin cumplir del acuerdo anterior, como "la carrera profesional y la jubilación parcial", afirma el secretario general del sindicato, Unai Sordo.
El Ministerio de Función Pública y los sindicatos han cerrado este miércoles un acuerdo salarial para los empleados públicos con una subida del 11% en cuatro años. Este aumento comenzará en la nómina del próximo mes de diciembre con un alza del 2,5% correspondiente a 2025, retroactiva desde enero.
Le seguirá una subida del 1,5% para 2026, a la que se sumará otro 0,5% variable, que se cobraría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo si el índice de precios de consumo (IPC) iguala o supera el 1,5% a cierre de año. Para 2027, la subida salarial se queda en el 4,5%, en tanto que para 2028 será del 2%.
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El Gobierno propone una subida del sueldo de los funcionarios de un 11% de manera acumulada hasta el año 2028, lo que implicaría un gasto público de 22.000 millones de euros. ¿A quién afectaría? En total, a 3,5 millones de trabajadores, entre ellos personal sanitario, de las fuerzas de seguridad, funcionarios de justicia o profesores, ya que las condiciones negociadas a nivel estatal son de obligado cumplimiento para administraciones autonómicas o locales.
El último acuerdo salarial expiró a finales de 2024. UGT respalda la oferta actual, aunque piden aumentar el límite de incremento del 4% en los dos primeros años incluido en la propuesta del Gobierno. Por su parte, CSIF ve insuficiente la propuesta y advierte de que los funcionarios han perdido un 20% del poder adquisitivo en 15 años.
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