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Hablamos con Carmina Gil, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana

Víctimas de la dana: "Feijóo ha mentido desde el principio y esperamos que haya consecuencias"

La vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, Carmina Gil, ha reaccionado en Mediodía de RNE a la declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza de Catarroja, en la que reconoció que no recibió información en tiempo real ni mantuvo contacto con el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, hasta poco antes de las ocho de la tarde. Para Gil, se trata de “una nueva versión entre las miles y miles de versiones que nos tienen acostumbradas a dar para azafarse de sus responsabilidades”, y considera que el problema de fondo es que “ha mentido desde un principio”.

Gil ha denunciado el daño que estas contradicciones han causado a las familias durante más de un año: “A las familias llevan haciéndonos daño 14 meses todas esas mentiras y ese intento de evitarse las responsabilidades que tienen”. En su opinión, durante la gestión de la crisis primó el cálculo político frente a las vidas humanas: “No todo vale para hacer política, las vidas humanas no debían de entrar en ese juego”, y lamenta que se pensara más en “cómo vamos a salir de esto, cómo comunicamos, a quién podemos echar la culpa” que en las personas afectadas.

En el plano personal, la vicepresidenta de la asociación ha descrito una situación cada vez más difícil para las familias, especialmente tras las fiestas navideñas: “Las familias cada día estamos peor”. Su principal apoyo, asegura, es la investigación judicial: “Nuestra única esperanza y nuestro soporte es que la justicia está en este momento haciendo lo que debe hacer”. En cuanto a las ayudas, ha reconocido que las indemnizaciones del Gobierno central llegaron con rapidez, mientras que las del Ejecutivo autonómico siguen pendientes: “Nunca se nos ha dado una indemnización por fallecido ni se han reconocido nuestros familiares”, aunque señala que las ayudas materiales ya han llegado en un 90%.

Montero admite que el nuevo sistema de financiación respeta el principio de ordinalidad para Cataluña, pero no la garantiza en otras comunidades. De esta manera, Cataluña se asegura recibir lo que aporta. Las Comunidades Autónomas recibirán 21.000.000 millones de euros extra en 2027, las más beneficiadas serán Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, por ese orden, y se cederá más porcentaje de recaudación del IRPF y del IVA para las CC.AA. Tras dos horas de rueda de prensa, Montero también ha explicado qué criterios se seguirán para repartir el dinero. Además de la población empadronada, como novedad se incluye, entre otras cosas, un cálculo de cuántas personas necesitan una mayor atención sanitaria o también si tienen riesgo esas comunidades de sufrir los efectos del cambio climático. Se refuerza, dice Hacienda, la solidaridad entre regiones para reducir la brecha entre la más beneficiada por este sistema y la que menos.

Hacienda no cree que esta propuesta nazca muerta por no contar con los apoyos suficientes ahora mismo y dice Montero que no entendería que el PP votara en contra cuando el 70% de los recursos van a comunidades que están gobernadas por su partido. El miércoles inicia su andadura legislativa esta nueva propuesta, Hacienda se la va a presentar a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo cuenta Hugo Domínguez.

Entrevista con Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados

Nogueras (Junts): "Sin un concierto catalán y sin salir de café para todos, no apoyaremos nada"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que, a día de hoy, "nadie tiene el documento al detalle" sobre la propuesta de financiación autonómica y ha advertido de que, sin un texto concreto, "la valoración con rigor no la podemos hacer ni nosotros ni nadie". Nogueras ha cuestionado las cifras que circulan en los medios y ha subrayado que "en ningún sitio está escrito que sean estos 4.700 millones", insistiendo en que, para Junts, el debate no es una cuestión de cantidad, sino de modelo.

Según Nogueras, ni el PSOE ni Esquerra Republicana han dicho la verdad sobre el acuerdo anunciado que —ha afirmado— se presentó como un concierto económico catalán "igual que tienen los vascos, igual que tienen en Navarra, y esto no es así". A su juicio, la propuesta vuelve al "café para todos" y reproduce el mismo esquema que ya se planteó en 2009, un modelo con el que "nunca se llegó a cobrar un duro de los que se anunciaron" y que, casi veinte años después, ha demostrado "que no es el mejor sistema de financiación para Cataluña".

La dirigente de Junts ha defendido que el momento actual es "una oportunidad histórica" al considerar que nunca los partidos catalanes habían tenido tanta fuerza para condicionar al Gobierno central. Ha advertido de que su formación no apoyará en el Congreso una reforma que no contemple un concierto económico propio y ha cargado contra lo que ha calificado de "conformismo" de Esquerra. Frente a ello, Nogueras ha reivindicado los acuerdos logrados por Junts en los últimos meses: "Estamos hablando de 6.800 millones de euros en pocos meses, que no son humo, no son un titular, son ya un hecho", ha señalado, para concluir que su partido no entrará "en el juego de las cifras" y seguirá defendiendo un modelo específico para Cataluña.

La reforma del modelo de financiación autonómica pactada entre el Gobierno y Esquerra Republicana ha desatado una oleada de críticas entre varias comunidades autónomas. Desde la Región de Murcia, una de las peor financiadas del país, el Ejecutivo autonómico califica el acuerdo de “esperpento” y “vergüenza”, al considerar que se ha negociado de forma unilateral y a espaldas del resto de territorios.

El consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín González, advierte de que el pacto genera privilegios para Cataluña, vulnera los principios de solidaridad interterritorial y podría ser impugnado judicialmente. Murcia reclama una reforma multilateral del sistema que garantice, al menos, que sus ciudadanos reciban la financiación media por habitante del conjunto de España.