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Varios representantes de grupos políticos se han manifestado este jueves en el Congreso sobre la posibilidad de que España envíe tropas a Groenlandia como parte del refuerzo militar europeo ante las amenazas de apropiación de Donald Trump.
Pepa Millán, portavoz del partido ultraderechista Vox, ha declarado que "Europa es absolutamente irrelevante y España todavía más".
Verónica Martínez, portavoz de Sumar, ha pedido "esperar a tener toda la información" antes de "conformar una decisión en el ámbito de nuestro espacio".
Ione Belarra (Podemos) ha advertido de que "enviar tropas a Groenlandia no va a valer de absolutamente nada, es una medida absolutamente inútil ¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo con el Ejército norteameicano?". "Trump ha roto la OTAN, la OTAN está muerta", ha añadido.
Gabriel Rufián (ERC) ha declarado que le "sorprende que se debata sobre enviar tropas a Ucrania, que no forma parte de la OTAN, y no se hable de enviar tropas a Groenlandia, que forma parte de la otan, es una contradicción". No obstante, ha pedido "diplomacia".
Foto: REUTERS/Tom Little
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El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, asegura que a partir del 2026 no volverán las indemnizaciones por retrasos pese la enmienda en la ley de movilidad sostenible del PP: "Es anticonstitucional, va contra el principio de igualdad y de libertad de empresa". Explica en 'Las Mañanas de RNE' que se trata de una medida que perjudica a Renfe respecto a los otros dos competidores de alta velocidad: Ouigo e Iryo. Fernández Heredia no ve mal el tener que mejorar las indemnizaciones, pero exige que sus competidores también tengan que aplicar la misma política. Aun así, alerta de que de llevarse a cabo podría "incrementarse un 10% el precio de los billetes" y que "peligran servicios deficitarios" en otras zonas de España donde no hay alta velocidad y el único operador es Renfe.
Fernández Heredia ve en este movimiento una forma de "dar una bofetada al Gobierno con Renfe". Acusa al PP de proponer una "medida populista" porque no dicen que esa medida implica "subir precios" y que va a beneficiar a las "otras dos empresas". Por este motivo, plantea que se proteja a "todos los viajeros" y no solo a los de Renfe. Recuerda que parte del servicio está liberalizado y que en los servicios comerciales trabajan como una empresa privada: "Si queremos que sea más barato, dé los servicios deficitarios y pare donde no para nadie, lo que no queremos es la liberalización, es la Renfe de toda la vida".
Respecto a la posibilidad de viajar de pie, Fernández Heredia lo enmarca en la "normalidad" de muchos otros países y matiza que no está pensado para la alta velocidad: "Lo estamos valorando, pero no para cualquier trayecto. Está pensando para viajes de última hora". De momento se trata de una "piloto" y sería en pocas plazas. Pone el ejemplo que en Rodalies hay viajeros que ya van de pie. Sobre el servicio ferroviario catalán, en 2026 ya debe empezar a funcionar la nueva empresa pública participada por la Generalitat. Fernández Heredia celebra el traspaso, pero recuerda que no va a arreglar los problemas "por arte de magia".
En 2026 los pensionistas que menos cobran son los que percibirán una mayor subida. En el caso de los que tienen una pensión mínima se beneficiarán de una revalorización, como mínimo, de un 7%. Este es el caso de las pensiones de viudedad. A partir de 65 años serán 62 euros más al mes si no tiene cargas familiares. Si las tiene ingresará casi 129 euros más, un aumento del 11,4%.
Es lo mismo que se va a revalorizar el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas, las que se cobran cuando no se han cotizado el mínimo de años exigidos. Sus beneficiarios percibirán un subsidio mensual de casi 630 euros, 64 más cada mes. Para las contributivas, se confirma la subida del 2,7%, lo que exige la ley por la inflación. De este modo, una pensión media de jubilación, la más común en España, aumentará cerca de 41 euros mensuales, superando los 1.550.
Todo esto se aplicará a partir del 1 de enero y deberá ser aprobado por el Congreso. El Gobierno mira al PP que ya votó en contra de la subida de las pensiones porque iba en un real decreto con otras medidas que nada tenían que ver, aunque lo apoyó después en una segunda votación. La votación en el Congreso se celebrará en el plazo de un mes.
Imagen: GETTY
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Imagen: EFE/ Javier Lizón
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Imagen: EFE / Javier Lizón
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