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El Gobierno liberará los peajes de tres autopistas cuya concesión vence este año y el que viene

  • Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, cuyo plazo de concesión de 50 años vence el próximo 30 de noviembre
  • También la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona, que vencen el 31 de diciembre de 2019

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Atasco en la autopista AP-7 en una imagen de archivo
Atasco en la autopista AP-7 en una imagen de archivo. EFE / M. Lorenzo

El Gobierno levantará el peaje de las tres autopistas cuyo plazo de concesión concluye este año y el que viene y que, por tanto, revierten al Estado, según ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Una medida aplaudida por la patronal del transporte en carretera Fenadismer y criticada por las grandes constructoras de Seopan.

"Hemos decidido que se libere el peaje. Vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y el Senado para que estas autopistas se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento y se liberen de peaje", asegura Ábalos en una entrevista con El País.

La decisión afectará a tres vías de pago. Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, la primera que, el próximo 30 de noviembre, alcanza el fin del plazo de concesión de cincuenta años con el que en su día se contrataron las vías, y de la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona, que vencen el próximo ejercico, el 31 de diciembre de 2019.

Concesiones de Abertis

Estas dos autopistas son concesiones de Abertis, grupo sobre el que ACS y la italiana Atlantia acaban de concluir la OPA que lanzaron para hacerse con la compañía, actual primer grupo gestor de vías de pago en el país, mientras que la AP-1 actualmente es de Itínere.

Las tres vías suman 552 kilómetros de longitud, alrededor del 21% de la red total de 2.550 kilómetros de vías de pago del país, y cuentan con una media de 16.321 usuarios diarios en el caso de la AP-1 y de 16.814 y 15.824 conductores al día en cuanto a los dos tramos de la Tarragona-Alicante, el Tarragona-Valencia y el Valencia-Alicante, respectivamente. La AP-4 tiene unos 18.343 usuarios.

La supresión del peaje en estas vías puede sentar un precedente para las que terminan su concesión en años sucesivos, si bien en ese caso la decisión deberá tomarla el Gobierno de la próxima Legislatura.

Alto nivel de tráfico

Las próximas que concluirán su concesión son la AP-7 que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, ambas de Abertis y con plazo de finalización en 2021.

En el caso del los referidos tramos de la AP-7, figuran entre los que más volumen de usuarios registran actualmente, con unos 41.672 y 49.736 vehículos diarios, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Fomento, los de cierre del pasado mes de abril. De su lado, la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo contabiliza unos 10.135 usuarios al día.

El titular de Fomento asegura reconocer los "costes" que implica levantar las barreras de peajes, "los de conservación y mantenimiento de las autopistas y el de oportunidad, el que deriva de dejar de cobrar los peajes en el caso de que el Estado decidiera cobrarle". "Es cierto que, en algún momento, a medida que la red pública vaya aumentando, habrá que plantearse una reflexión sobre los costes de mantenimiento", reconoce Ábalos.

Fenadismer aplaude la medida

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (Fenadismer), que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera, considera que liberar los peajes en estas autopistas redundará en indudables ventajas para la seguridad vial y para descongestionar la red nacional.

Esta patronal sostiene que la decisión de Fomento permitirá una mejor redistribución de los tráficos, tanto privados como profesionales, entre las carreteras nacionales y las autopistas de peajes. Con todo ello valora que la elección de una u otra vía dependa al final de los conductores, de la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje, y no de criterios exclusivamente económicos.

Fenadismer prevé un importante trasvase de vehículos particulares que actualmente circulan por las carreteras nacionales a las autopistas de peaje por su mejor trazado y velocidad máxima permitida.

Seopan calcula el coste en 450 millones al año

La supresión del peaje de las autopistas tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para las arcas públicas sólo en el caso de la media docena de vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021, importe que se eleva hasta los 1.000 millones si se contempla toda la red de pago de 2.550 kilómetros del país, según calcula la patronal de constructoras y concesionarias Seopan.

El presidente de Seopan, Julián Núñez, señaló que el tramo de la AP-1 presenta un "elevado tránsito de vehículos extranjeros", que supone hasta el 50% del total en los meses de verano."No tiene sentido sacar de las arcas públicas, del dinero de los contribuyentes, el coste de mantenimiento de las vías para que los extranjeros disfruten gratis de la autopista", indicó Núñez en una comparecencia pública en abril.

Además, la asociación calcula que esta autopista de 84,3 kilómetros de longitud entre Burgos y Armiñón necesita una inversión de 327 millones de euros para su ampliación y mejora. Para Seopan, el peaje constituye además un "instrumento" para reequilibrar el tráfico, levantar la barrera podría elevar hasta en un 36,1% sus usuarios, lo que, "dada su capacidad actual, podría generar un caos", alertó.

Autopistas en quiebra

En cuanto a las nueve autopistas de peaje en quiebra que el Gobierno anterior rescató con el fin de volver a ceder su explotación a empresas privadas a través de concurso público este mismo año, el actual titular de Fomento indicó que hará "una revisión ajustada" de estos planes "para saber de qué cifras se hablan y su afectación sobre el déficit".

"Tenemos que hacer una revisión ajustada, porque nos enfrentamos a una responsabilidad patrimonial del Estado (RPA) y todo parece indicar que vamos a tener un horizonte de litigios considerables con las antiguas concesionarias y es importante saber de qué cifras estamos hablando", asegura el ministro a El País.

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