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El PP de Madrid utilizó a empresarios para financiar ilegalmente tres campañas electorales

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Simpatizantes del PP celebran ante la sede del partido la victoria en las elecciones municipales y autonómicas de 2011
Simpatizantes del PP celebran ante la sede del partido la victoria en las elecciones municipales y autonómicas de 2011. EFE

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad "B" de gastos electorales en tres campañas electorales, dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y otra de ellas de elecciones generales (2008). Para el juez instructor, el PP utilizó una red de empresarios para falsear facturas y sobrepasar de forma sistemática los límites de gasto electoral en estos comicios, utilizando para ello la fundación Fundescam, una entidad sin ánimo de lucro.

El juez sostiene que la Guardia Civil ha podido acreditar que "importantes gastos electorales" de las campañas de 2007 y 2008 e "indiciariamente" de las de 2011 se pagaron mediante "subvenciones públicas" de la Comunidad de Madrid a través de Fundescam.

Estas subvenciones eran justificadas por Fundescam con facturación por conceptos mercantiles falsos que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, "todo ello en connivencia con determinados proveedores de las campañas electorales" anteriormente citadas.

La mayor parte de los pagos se realizaron en metálico a través de Fundescam, una fundación que se nutría de subvenciones de la Comunidad de Madrid. Los informes que maneja el juez revelan que con este sistema se costearon mítines electorales y actos de partido del PP.

La Fiscalía incluye a Esperanza Aguirre en la "red de decisión"

Velasco, en la documentación que obra en el sumario, señala como responsables de esta trama al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes y expresidnete de la Asamblea de Madrid Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam.

La mayor parte de los datos que avalan este modus operandi provienen del registro del despacho de Beltrán Gutiérrez, que figura como uno de los principales responsables del presunto sistema de financiación ilegal.

En un informe del pasado mes de marzo que se recoge en el sumario, las fiscales Anticorrupción del caso Púnica, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, incluyen a la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre entre las personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" que puso en marcha estos "diversos canales de financiación irregular".

Las fiscales hablan en concreto de la "coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de Fundescam" -entre los que estarían Granados, Gutiérrez y Echeverría-, y a los que añade a "los directores y miembros de los Comités de Campañas electorales, Presidente, secretario general y vicepresidente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la Comunidad de Madrid".

Casi cinco millones de financiación ilegal

Según recuerda la UCO en su informe, el PP gastó en la campaña electoral de 2007 2,5 millones de euros más del límite permitido por la ley. La Guardia Civil entiende que hubo una "superación sistemática" del gasto electoral por parte del PP en estos comicios locales y autonómicos y también en los de 2011, una circunstancia que atenta directamente contra el pluralismo político. Esperanza Aguirre fue la candidata del Partido Popular en ambas elecciones.

Calcula ese exceso a partir del estudio de la contabilidad B que se halló a Gutiérrez y lo divide por años, de manera que en 2007 fueron 2.685.000 euros, en 2008 685.000 y en 2011 1.546.000 euros; en este último caso "sin contar la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral".

La Fiscalía Anticorrupción cifra en 4.916.000 euros la financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 a través de la red Púnica, una cifra que obtiene sumando el dinero que gastó de más en las campañas electorales de esos años y que no incluyó en su contabilidad electoral.

Red empresarial para falsear facturas

Una red en la que, según los informes que obran en el sumario, tendría un papel destacado el empresario Óscar Sánchez Moyano, vinculado a la Escuela Europea de Dirección de Empresas (EUDE), Sintra Consultores, entre otras, y a quien la UCO cree uno de los principales implicados a la hora de "enmascarar" los gastos electorales de ese partido.

Para financiar dichos gastos, el PP habría articulado varios procedimientos irregulares, como son el recurso a una caja B, alimentada con efectivo de procedencia desconocida o el desvío de dinero de la fundación pública Fundescam, que a su vez se financiaba de forma irregular mediante aportaciones finalistas de particulares, mediante subvenciones públicas o mediante convenios irregulares con cajas de ahorro públicas, es decir Caja Madrid.

Pero también mediante el uso de un entramado empresarial "para ocultar el verdadero beneficiario y pagador de servicios electorales", añade.

En esa red figuran, además de Óscar Sánchez Moyano, empresarios como Ricardo Vázquez Segura o Daniel Horacio Mercado, imputado en este caso y vinculado también al PP en otras comunidades, como Baleares en época de Jaume Matas.

Ellos "no solo habrían sido beneficiarios de la actividad de negocio inherente a la actividad electoral" (en la que cobraban parte en negro), sino que también "habrían recibido contratos públicos de administraciones controladas por el Partido Popular regional".

Habrían recibido dinero en efectivo "de procedencia opaca", habrían "falseado facturas con el propósito de ocultar la prestación de servicios de campaña y habrían actuado de intermediarios para eludir que el PP figurara como destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados por terceras empresas". Es decir, un núcleo empresarial que "ha formado parte integral de la estrategia" del PP en ese ámbito y que "lo ha hecho posible".

Implicación de Cifuentes e Ignacio González

El juez señala que existen evidencias de que determinados empresarios, entre los que cita a Arturo Fernández, ingresaron en 2007 "importantes cantidades de dinero" en la cuenta de la Fundación para gastos electorales que no fueron declarados como tales y encuentra "sólidos indicios" de que, a cambio, fueron adjudicatarios de contratos relacionados con la Asamblea de Madrid "en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".

En el informe de la Guardia Civil, se apunta también a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que pertenecía al patronato de Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario; y al expresidente madrileño Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y patrono de la fundación, además de director de la campaña del PP de Madrid a las elecciones de 2007.

El Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO considera que las conductas apreciadas pueden responder a un delito electoral continuado en concurso junto a los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

1,7 millones del grupo parlamentario del PP madrileño

Asimismo, la UCO cree que el PP de Madrid recibió 1,7 millones de euros procedentes del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid para sufragar gastos de campaña electoral.

Los investigadores de la Guardia Civil sospechan que se podría haber abonado actos de campaña electoral a través de empresas interpuestas, empleando para abonarlos la cuenta corriente de funcionamiento del partido, la cual se "nutría" a su vez de fondos provenientes de la cuenta corriente del PP en la cámara autonómica.

Se alude a dos movimientos bancarios de 850.000 euros cada uno de una cuenta corriente del PP de Madrid, en la que el exgerente Beltrán Gutiérrez figura como autorizado, "dimanantes de la cuenta corriente del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid".

Por otra parte, el PP madrileño "podría haber facturado actos de la campaña electoral a través de una empresa interpuesta -Sintra Consultores-", a la que está vinculado el empresario Sánchez Moyano, empleando para ello la mencionada cuenta y no la que debe utilizar para recoger los gastos e ingresos efectuados en las campañas. En concreto, detalla un pago de 517.168 euros del partido a esta empresa en concepto de asesoramiento.

"Esta operativa también podría responder a la finalidad de enmascarar gastos electorales que, de esa manera, no serían fiscalizados, teniendo en cuenta que las únicas cuentas corrientes fiscalizadas a efectos electorales son las cuentas abiertas para la campaña electoral", refleja la UCO.

Lenguaje en clave para la entrega de dinero: "¿Tiene agua el cántaro?"

La intervención de las comunicaciones al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez y el empresario Óscar Sánchez Moyano por parte de la UCO en el marco de la trama Púnica apuntan a un lenguaje en clave para camuflar las referencias a entregas de dinero en los meses previos a las elecciones de 2011.

"¿Querido mío, tiene agua el cántaro? Mis obligaciones me apremian", manifiesta Sánchez Moyano al exgerente del PP de Madrid en una conversación por Whatsapp. A esto, Gutiérrez responde lo siguiente: "Ya se puede escuchar el rumor del agua. Espero que esta semanilla. Te llamo".

En otra conversación, el empresario se dirige a Gutiérrez con el siguiente lenguaje: "¿Llueve? Porque la sequía es importante". El exgerente del PP de Madrid responde con un lacónico: "Ven a por agua". A su vez, en otro momento de la conversación hablan de concertar una cita y en la que el empresario expone que tienen que hablar de "aguas minerales". "No puedes estar sediento con lo que ha llovido. Mañana imposible, pasado".

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