El exalcalde de Móstoles y diputado de Madrid Daniel Ortiz, implicado en la Púnica por presunto cohecho y fraude

• La Guardia Civil le considera responsable por influir en la contratación de Cofely
• Según las investigaciones, Cofely logró un concurso público de 75 millones
• El exalcalde de Móstoles califica de "falsas" las acusaciones de su implicación
• En la actualidad, Ortiz es aforado por ser diputado en la Asamblea de Madrid

El exalcalde de Móstoles y actual diputado de la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en una imagen de archivo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el exalcalde de Móstoles y actual diputado del PP en la Asamblea, Daniel Ortiz, es presuntamente responsable de delitos de cohecho y fraude por influir para que la empresa Cofely lograra un concurso público valorado en 75 millones de euros.

Así consta en un informe remitido por los investigadores de la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que aparece en los tomos de la trama Púnica sobre los que se ha levantado el secreto sumarial.

La investigación de la UCO revela que Ortiz -que es aforado- influyó en la adjudicación del contrato millonario a Cofely -multinacional de servicios energéticos y uno de los centros de la trama Púnica- "independientemente de cuál fuese la oferta económica más ventajosa a cambio del pago de notorias comisiones a cargos públicos vinculados al Consistorio de Móstoles".

El informe remitido al juez describe "el concierto urdido" entre Ortiz, el exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles Alejandro Utrilla y los directivos de Cofely Pedro García Pérez y Constantino Álvarez de la Cueva para influir en el devenir del concurso público sobre el suministro, servicios energéticos y mantenimiento de los edificios municipales y centros educativos de Móstoles.

El precio de licitación ascendía a 75.018.518,42 euros (IVA incluido) y, de acuerdo con las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, el alcalde y el concejal habían adquirido un compromiso previo con Cofely incluso antes de la publicación del contrato.

Ortiz califica de "falsas" las acusaciones

Daniel Ortiz, que actualmente es portavoz del PP en Móstoles, ha calificado de "falsas" las informaciones que le acusan de estar implicado en la Operación Púnica y ha anunciado "acciones judiciales en defensa de su honor" contra algunos de los medios que lo han publicado.

"Son falsas todas las acusaciones que he recibido hacia mi persona", ha insistido Ortiz en el comunicado hecho público por el PP de Móstoles, en el que también asegura haber mantenido siempre una actitud de "la más absoluta indignación con los casos de corrupción y en el caso de la operación Púnica".

Fuentes del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid consultadas por Efe no han querido hacer ninguna consideración ante estas informaciones y se han remitido a las explicaciones dadas por el PP de Móstoles y por el propio Daniel Ortiz en dicho comunicado.

Todos los diputados regionales del PP, entre ellos Ortiz, firmaron un código ético que les obliga a cesar inmediatamente si resultan "imputados en un caso de corrupción", aunque en este caso sobre el exalcalde de Móstoles no pesa imputación judicial alguna.

Un patrón diferente que en otros municipios

Según la UCO, el concierto con Cofely no siguió el patrón con el que la trama actuaba en otros municipios, donde se le creaban los pliegos de condiciones "ad hoc", sino que en este caso se pusieron trabas a los competidores de forma que finalmente se desechase la oferta del licitador mejor posicionado y se orientase el concurso a la empresa que querían que lo ganase.

Según los investigadores, la empresa Fulton fue la que mayor número de mejoras presentó para lograr el contrato, pero, a pesar de que había demostrado su solvencia económica, el alcalde se reunió con el concejal responsable, David Sánchez, para mostrarle su preocupación por una posible falta de capacidad económica para asumirlo.

Así, sostiene la UCO que "la influencia" de Ortiz junto con la complicidad de Utrilla habrían motivado que David Sánchez propusiera la opción de requerir a los licitadores una nueva justificación de su solvencia y capacidad de endeudamiento para afrontar las inversiones.

En las comunicaciones intervenidas a los directivos de Cofely se averiguó que ese requerimiento era en verdad "el artificio del que pretendían valerse los cargos públicos para desestimar arbitraria e intencionadamente" la oferta de Fulton, el mejor competidor de Cofely.

Reuniones de Utrilla con David Marjaliza

La UCO otorga a Mario Utrilla, exdiputado regional y exalcalde de Sevilla La Nueva, una activa participación en la gestión de los pagos de Cofely a distintas personas en el Ayuntamiento, entre ellas a su hermano, el concejal Alejandro Utrilla. Por eso motivo, mantuvo varias reuniones con David Marjaliza, el conocido como cabecilla de la trama.

En distintas conversaciones telefónicas se habla de la petición de un primer pago de 240.000 euros "para ir tirando", aunque la UCO no deja constancia de que se hiciera. Sí que reseña que Marjaliza confirmó en su declaración haber pagado 6.000 euros a Mario Utrilla para "unas vacaciones".

También identifica a Daniel Ortiz como "el jefe" que habría pedido que el pago se arreglara "de alguna manera" porque "esto no puede seguir así", según transmitió Alejandro Utrilla a Pedro García.

Facturas falsas para ocultar el pago de comisiones

En cuanto al pago, la UCO sostiene que se fijó en 122.500 euros y que se planeó hacerlo mediante facturas instrumentales a través del entramado de Marjaliza para ocultar el pago de comisiones.

Los investigadores creen que los hechos descritos constituyen delitos de organización criminal, fraude, malversación de fondos públicos, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de fondos públicos, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad documental y cohecho.

Al exalcalde de Móstoles le cree responsable de fraude y cohecho; al exconcejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla, de fraude, cohecho y revelación de secretos; y a su hermano Mario, de cohecho.

La UCO considera que Marjaliza cometió presuntos delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsificación documental y cohecho, mientras que de Cofely señala a cinco directivos con distintos grados de responsabilidad.

Se levanta el secreto de sumario en el caso Púnica