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Contador eléctrico instalado en un edificio
REUTERS

"Mi compañía me acusa de manipular el contador y me exige 2.000 euros para no cortarme la luz"

  • Cientos de consumidores están recibiendo este tipo de cartas de las eléctricas

  • Las empresas dicen que ahora detectan más fraude porque tienen más medios

  • Según asociaciones de consumidores, muchos niegan haber tocado el aparato

  • Los clientes pueden reclamar en las direcciones de industria de sus autonomías

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“Es como meterte en un laberinto”. Así resume Juana (nombre ficticio), propietaria de un pequeño comercio en el centro de Madrid, sus esfuerzos para aclarar por qué su compañía eléctrica asegura que ha detectado una manipulación en su contador de la luz y le exige el pago de más de 2.000 euros adicionales (ver carta en pdf). Si no lo abona, se cortará la electricidad a su negocio y será incluida en el registro de morosos (ver requerimiento en pdf).

Las organizaciones de consumidores aseguran que, desde hace unos meses, les están llegando muchos casos como el de esta comerciante, mientras que las empresas eléctricas explican que ahora detectan más fraude de este tipo gracias a que cuentan con mecanismos que localizan mejor y más rápido las divergencias entre la energía que se reparte y la que finalmente se factura.

Muchos de los clientes afectados insisten en que no han manipulado nada, pero es muy complicado demostrarlo. Además, cuando sí se comprueba que se ha tocado el aparato de medida del consumo, es muy difícil saber quién lo ha realizado, ya que puede haber sido el consumidor, pero también un tercero, como por ejemplo un vecino o un inquilino anterior del inmueble.

Distinta facturación de la distribuidora y la comercializadora

En concreto, la pesadilla de Juana comenzó hace unos dos meses, cuando Endesa - su comercializadora eléctrica y, por tanto responsable de facturar y cobrar la electricidad– le envió una carta para comunicarle que se había detectado una manipulación del contador y, por eso, se había refacturado su consumo entre noviembre de 2012 y el mismo mes de 2013 para aumentarlo en 12.141 kilovatios (kWh). Por esa razón, le exigía abonar casi 2.140 euros adicionales por ese período.

Esa cantidad más que duplicaba la marcada por la empresa encargada de la lectura de los contadores (Unión Fenosa Distribución), que en su informe fijaba en 943,29 euros la cantidad adeudada por Juana (ver documento en pdf). El cálculo que debe realizarse en estos casos está fijado en el artículo 87 del Real Decreto 1955/2000 y consiste en multiplicar la potencia contratada por seis horas de utilización diarias durante 365 días.

Ahí comenzó un rosario de llamadas telefónicas y peticiones a ambas eléctricas para tratar de encontrar una explicación, ya que ella niega en todo momento haber tocado su contador.

La ley responsabiliza al consumidor de la custodia del contador, pese a que esos aparatos son propiedad de las eléctricas en la mayoría de los casos y el cliente –que paga un alquiler por él- desconoce muchas veces dónde se localiza.

Además, la norma establece que la empresa debe presentar un informe sobre la manipulación, pero no fija como requisito necesario que esa irregularidad sea constatada por las autoridades competentes antes de que sea revertida por la eléctrica.

Facturas más bajas que en el período de supuesta manipulación

Con sus gestiones, Juana obtuvo el informe de Fenosa, “que no aporta ninguna prueba, ni descripción ni fotografías ni testimonios que respalden la supuesta manipulación del contador”, explica. “Ellos aseguran que no tienen obligación legal de avisar al cliente ni cuando se realiza la revisión ni cuando supuestamente detectan una irregularidad. Mi contador está en el cuarto del conserje, dentro del portal, y nadie puede acceder a él, salvo el conserje y el técnico que realiza la lectura”, señala la mujer.

Además –continúa- “llama la atención que mis facturas posteriores a la supuesta normalización del contador son iguales, e incluso menores, a las del período en el que supuestamente estuvo manipulado”. Como ejemplo, cita que su consumo entre marzo y mayo de 2013 alcanzó los 559 kilovatios/hora, mientras que fue de 325 kilovatios/hora en igual período de este año.

Después de varias semanas, esta empresaria ha conseguido que Endesa rebaje un poco la cantidad exigida -desde los 2.100 euros hasta 1.130-, por lo que ha presentado una reclamación ante la autoridad competente, la dirección general de Industria de la Comunidad de Madrid, y está a la espera de una resolución.

Denuncia ante Competencia

Según las asociaciones de consumidores, el caso de Juana no es único y en los últimos meses se están multiplicando este tipo de reclamaciones de clientes de Endesa e Iberdrola, sobre todo.

“Empezamos a recibir denuncias el pasado junio y ahora el ritmo se ha incrementado hasta las siete u ocho diarias”, señala Cristina Maroto, del servicio jurídico de la Asociación General de Consumidores (ASGECO) a RTVE.es.

De hecho, esta asociación presentó en agosto una denuncia por este comportamiento de las eléctricas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo inició en octubre un proceso preliminar de recogida de datos y análisis para averiguar si se están produciendo malas prácticas o irregularidades. Si encontrase indicios de comportamientos que no se ajustan a las normas, se incoaría un expediente y se abriría una investigación formal.

Una de las normas de la reciente reforma eléctrica incentiva a las empresas para que reduzcan el fraude en el sector, pagándoles un 20% de los peajes declarados por cada compañía (ver artículo 40 del Real Decreto 1048/2013).

Según explican desde el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya -organismo competente para regular la distribución eléctrica y atender las quejas de los usuarios- se asegura a RTVE.es que "a raíz de esa norma, sí hemos detectado un aumento de las reclamaciones de los consumidores, se han triplicado".

Las empresas aseguran que se aplica la normativa

Sin embargo, desde Endesa se ha indicado a RTVE.es que estas inspecciones no han aumentado y que tampoco ha crecido la detección del fraude. Aunque se asegura que se aplica la normativa en todo momento, la compañía no ha querido dar detalles sobre cómo se realizan las inspecciones ni de cómo se actúa en caso de divergencias con un consumidor. Tampoco Unión Fenosa ha dado explicaciones sobre esos procesos.

Una fuente de Iberdrola ha explicado a RTVE.es que es cierto que ahora se están descubriendo más manipulaciones de este tipo, “lo que no quiere decir que haya más fraude, sino que se cuenta con mejores mecanismos para detectarlo: sistemas informáticos, telegestión… Y con los contadores inteligentes, aún será más fácil”.

Esta eléctrica asegura que las inspecciones siguen el procedimiento establecido en las leyes, avisando a la comercializadora y los clientes de que se ha detectado el fraude. “A veces se toman fotos de cómo está el contador; si, por ejemplo, se trata de acometidas piratas para urbanizaciones, se avisa a la Guardia Civil para que constate la ilegalidad y se presenta denuncia”, señala la misma fuente.

“Nosotros, como distribuidora, detectamos la manipulación, normalizamos el contador y facturamos a la comercializadora, que después, reclama esa cantidad al cliente. Cuando comunicamos un fraude, no acusamos a nadie concreto de hacerlo, simplemente, se identifica un punto de suministro al que no se está facturando lo que en realidad consume”, añaden desde Iberdrola.

Esta eléctrica insiste en destacar que este tipo de fraude perjudica a todos: “La electricidad distribuida y no facturada sí paga peajes y ese coste se distribuye entre todos los clientes. Además, el Estado también deja de recaudar los impuestos directos e indirectos que gravan esa energía consumida y no pagada”.

Este tipo de inspección no convence a la Generalitat catalana, que en la actualidad negocia con la principal empresa distribuidora de electricidad en la comunidad -Endesa- otro mecanismo que conceda más garantías al consumidor. "No nos vale solo con la palabra de la compañía eléctrica, no nos vale solo que envíe una carta al cliente comunicando el fraude y reclamando el pago de la refacturación, sino que exigimos la verificación de un tercero, que la manipulación sea certificada por un organismo de control, es decir, por una empresa privada de certificación de actividades industriales autorizada por la Administración".

A la espera de definir ese nuevo procedimiento, las reclamaciones presentadas en Cataluña están paralizadas, ya que deberán revisarse "una a una", dando prioridad a las que tengan una amenaza inminente de corte de suministro.

“Indefensión” del consumidor

Por su parte, ASGECO insiste en la “indefensión del consumidor” en este tipo de situaciones, lo mismo que destaca Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

“El consumidor tiene muy difícil defenderse porque la compañía eléctrica tiene todo a su favor: es la que hace la inspección y no tiene obligación de que haya testigos o pruebas. Además, pueden haber sucedido muchas cosas: puede que el contador no haya sido manipulado por nadie pese a lo que dice la empresa, puede que lo hayan manipulado terceros…”, explica García a RTVE.es.

En estos casos, las organizaciones de consumidores recomiendan reclamar –siempre por escrito- a las eléctricas implicadas, solicitando la información en la que se sustenta la acusación de manipulación del contador. Si el resultado no les satisface, debe recurrirse a la dirección general de Industria de la comunidad autónoma correspondiente, para que ésta decida si ha habido efectivamente manipulación y si ésta puede imputarse al consumidor. Pero mientras se dirime el caso, el cliente deberá pagar el sobrecargo para evitar que le corten la luz.

Las reclamaciones se resuelven a nivel autonómico

La dirección general de Industria de la Comunidad de Madrid coincide en que estas reclamaciones han aumentado en los dos últimos años y lo explica por “una mayor actividad de control del fraude por parte de las empresas de distribución”. Así, en lo que va de año, han recibido casi 900 reclamaciones en este sentido, que están en diversos estados de tramitación.

Según sus datos, en esa autonomía, “en el entorno del 70%-80% de las reclamaciones se confirma la existencia de manipulación del equipo de medida y la facturación emitida por la empresa distribuidora”, y en el resto o se cambia la cantidad que debe pagar el cliente para ajustarla mejor a lo que la eléctrica ha dejado de facturar por la manipulación, o se estima la denuncia del consumidor porque la eléctrica no acredita debidamente esa manipulación.

En esos dos últimos casos, la eléctrica tiene que devolver lo cobrado de más, y "atendiendo a los hechos y circunstancias que se hayan constatado", se puede sancionar a la empresa distribuidora. De hecho, en la Comunidad de Madrid ya están en trámite en lo que va de año varios expedientes sancionadores a las dos distribuidoras mayoritarias en la autonomía, Iberdrola Distribución Unión Fenosa Distribución.

En Navarra, la dirección general de Industria ha visto dispararse este año las consultas sobre este tipo de situaciones. Frente a las 91 de 2013, ya se han registrado 247 en 2014, aunque las reclamaciones presentadas son muchas menos (5 en 2013 y 12 en este año).

De las cinco reclamaciones de 2013cuatro están resueltas mediante un laudo arbitral que ha dado la razón al consumidor y el quinto ha terminado con un acuerdo amistoso entre las partes. Respecto a 2014, de los 12 expedientes, el órgano arbitral se ha inhibido en los dos laudos emitidos -por lo que se debe resolver por la vía jurisdiccional- y el resto está pendiente de resolución.

En Castilla y León se asegura no haber recibido ninguna reclamación sobre este asunto, y el resto de las 15 comunidades autónomas a las que RTVE.es ha solicitado información no ha atendido la petición hasta el momento (Baleares y Canarias cuentan con un sistema diferente por ser extrapeninsulares).

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