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González paraliza la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales de Madrid

  • El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, presenta su dimisión
  • El TSJM había decidido mantener la suspensión cautelar de la externalización
  • González: "No se puede mantener por mas tiempo está falta de certeza jurídica"
  • Pese a ello, piensa que el modelo de gestión elegido es "legal y posible"

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Madrid renuncia a privatizar la gestión sanitaria de seis hospitales

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha decidido paralizar el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos de la región tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso. El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha presentado su dimisión, poco después de conocerse la decisión, y será sustituido por Javier Rodríguez, diputado del PP y portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid.

"El Gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de la externalización de la gestión sanitaria a la vista de la resolución dictada por los tribunales", ha señalado González, asegurando que aceptan y cumplen los fallos judiciales "con independencia" de que estén "más o menos de acuerdo, como ocurre en este caso".

El cambio de postura de la Comunidad por el que deja "sin efecto" el proceso se ha producido horas después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM haya decidido mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar "perjuicios de imposible reparación".

El presidente ha comparecido esta tarde ante los medios de comunicación acompañado por el hasta ahora consejero de Sanidad Lasquetty, y ha explicado que ha tomado esta decisión por "responsabilidad" y "coherencia".

"Nos parece que no es razonable que se tarde ocho meses en tomar una decisión cautelar, sin entrar en el fondo de un asunto de esta trascendencia, y lo que hacemos ante eso es dejar sin efecto el proceso, porque no podemos mantener por más tiempo una situación de incertidumbre y generar una falta de certeza jurídica que no es buena para nadie".

No cierra la puerta a retomar el proyecto

Sin embargo, ha añadido que siguen pensado que el modelo de gestión elegido es "legal y posible", como lo acredita el hecho de que "está contemplado en la ley y está siendo aplicado en otras comunidades autónomas".

Tampoco ha cerrado la puerta a retomar el proyecto más adelante. "En estos momentos seguimos trabajando para hacer sostenible el sistema, y esa es nuestra prioridad. Cuando llegue el momento de las elecciones y de los programas políticos veremos qué medidas introducimos en el programa", ha señalado.

Pese al revés judicial, González mantiene la confianza en los principios de su proyecto político. "Mi proyecto político, que no es otro que el del PP, es seguir salvaguardando los extraordinarios servicios públicos que tienen los madrileños, entre ellos la sanidad gratuita y universal, como hemos hecho hasta ahora". "El proyecto político va a seguir con la misma fuerza que todos estos años", ha remachado.

En ese sentido, el presidente de la Comunidad de Madrid ha anunciado que no se van a introducir más recortes en la Sanidad madrileña derivados de esta decisión de dejar sin efecto el proceso de externalización, aunque se "seguirá ajustando gastos".

González ha precisado que las empresas adjudicatarias de la gestión de los hospitales, Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo, tendrán que acatar también la sentencia del TSJM y no ha aclarado si se les indemnizará por esta suspensión definitiva.

Evitar daños "irreparables"

La decisión del Gobierno madrileño es la rúbrica tras el último revés judicial en torno a un asunto que ha suscitado el malestar del sector sanitario, la oposición política y la movilización en las calles en las sucesivas 'mareas blancas' desde que a finales de octubre de 2012, los mismos González y Fernández-Lasquetty anunciaban la privatización de seis hospitales públicos de la región en la presentación de los Presupuestos para 2013.

Después de un ir y venir de recursos, los magistrados del TSJM argumentan en la decisión que han tomado este lunes que los cálculos  de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad". Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid".

Y esgrimen también que el interés público exige "proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse".

La decisión de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM responde a un recurso de reposición presentado por la Comunidad de Madrid y las empresas adjudicatarias contra el auto de 11 de septiembre de abril de 2013 por el que la misma Sección Tercera, a petición de la asociación médica AFEM, acordó paralizar la ejecución de la citada resolución.

Concretamente, ese recurso de AFEM se sustentaba en que la corrección de los errores en los pliegos de la externalización de estos centros suponía una modificación sustancial del proceso, pues se pasaba de exigir a las adjudicatarias el 5% del importe del contrato al 5% anual.

El 30 de abril de 2013, la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria habilitaba la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo.

En julio TSJM suspendió ya cautelarmente la externalización a petición del PSM aunque posteriormente levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían legitimidad para recurrir al no ser "parte interesada" en este proceso.

El 16 de octubre, el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán acordó la agrupación de todos los recursos presentados sobre la  externalización, argumentando que con ello se evitaban posible  contradicciones de las resoluciones por parte de diferentes salas. Luego, el 9 de enero, dicho Pleno se reunió y acordó devolver a las secciones de origen los recursos planteados.

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