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Las claves de la privatización de la gestión sanitaria de los hospitales

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Cartel en la puerta del hospital de La Princesa.
Cartel en la puerta del hospital de La Princesa.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido paralizar el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos. Una decisión tomada después de que Tribunal Superior de Justicia de  Madrid (TSJM) mantuviese la suspensión cautelar del proceso.

¿Qué hospitales iban a ser privatizados?

El Gobierno de Madrid aprobó la externalización de los servicios sanitarios, ahora paralizada, de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), Hospital del Sureste (Arganda) y Hospital del Tajo (Aranjuez).

En todos estos hospitales los servicios están ya en manos de empresas privadas, excepto la atención médica. De haber salido adelante la externalización, la gestión sanitaria también habría sido privada aunque la titularidad del hospital seguiría siendo pública.

¿Cuándo decidió la Comunidad de Madrid externalizar la gestión?

El Gobierno de Madrid anunció el 31 de octubre de 2012 la externalización de los servicios sanitarios de estos hospitales. Lo haría en el marco de un plan que incluía el euro por receta (suspendido por el Tribunal Constitucional), una rebaja en el presupuesto sanitario del 7% y la externalización de los servicios no sanitarios de todos los hospitales  públicos -como la cocina, la lavandería, almacenes o mantenimiento-,  "para conseguir una gestión más eficiente, mejor y con menor coste".

Dos meses después, el 27 de diciembre, el PP sacaba adelante en solitario en la Asamblea de Madrid la ley que permitiría la privatización de la gestión de los seis hospitales, además de 27 centros de salud.

¿Cuándo se paralizó el proceso de privatización y quién denunció?

Desde septiembre de 2013 el proceso de privatización de la gestión  sanitaria está paralizado hasta que hubiese una sentencia firme. Ha habido  varias denuncias contra el proceso por parte del Partido Socialista de Madrid (PSM), la asociación de facultativos especialistas de Madrid (Afem) y la asociación de médicos y titulados superiores (AMYTS).

Lo decidió el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid,  que decretó la suspensión cautelar y también el TSJM, que ha decidido  ahora desestimar el recurso de la Comunidad de Madrid y de las empresas  adjudicatarias y mantener por tanto suspendida la privatización, lo que  finalmente ha provocado que la Comunidad de Madrid decida paralizar todo el  proceso.

El tribunal considera que "de no aceptarse la petición de medida  cautelar de suspensión se podrían producir perjuicios de difícil o  imposible reparación".

¿La decisión política paraliza el proceso judicial?

El PSM ha anunciado que, a pesar de la decisión política de paralizar el proceso de privatización, mantendrá el recurso que habían presentado ante el Tribunal Constitucional ya que "todas las cautelas y precauciones siempre van a ser pocas", según ha dicho el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.

Por su parte, la asociación médica AMYTS ha explicado a RTVE.es que mientras la Comunidad de Madrid no plasme en un documento legal que quedan sin efectos los pliegos de adjudicación de la gestión sanitaria a las empresas, ellos no retirarán ninguna de sus denuncias.

¿Cómo defendió la Comunidad de Madrid este cambio de gestión?

El Gobierno de Madrid aseguró que con la privatización de la gestión de estos seis hospitales se conseguiría un ahorro de 169 millones de euros y se aumentarían los servicios ofrecidos a los usuarios, tal y como dijo el ya exconsejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que ha dimitido. Incluía en esa cifra los 141 millones de ahorro por el menor coste asistencial más 28 millones por el canon que se cobraría a las concesionarias.

Además, la Comunidad de Madrid defendió el modelo de gestión sanitaria externalizado explicando que un centro de gestión mixta (aquellos en los que todo es de gestión privada menos la atención sanitaria) cuesta 600 euros, frente a los 441 de un hospital de modelo capitativo (en los que toda la gestión es privada).

El Ejecutivo madrileño siempre insistió que los ciudadanos de Madrid no notarían este cambio en la gestión porque los hospitales "funcionarían igual" y la sanidad seguiría siendo "universal, pública y gratuita".

¿Quiénes protestaron y por qué?

La decisión de privatizar las seis hospitales provocó en Madrid las  ya denominadas 'mareas blancas' de los profesionales sanitarios en protesta por esta decisión, varias  jornadas de paros y huelgas en el sector y  dimisiones en bloque de equipos de médicos asesores en los hospitales.

Además, una consulta popular reunió más de un millón de votos contra la privatización de la sanidad madrileña.

Los principales argumentos que defendieron los profesionales para oponerse a este modelo fueron que debajo del cambio de sistema de gestión veían el desmantelamiento del sistema público sanitario. Consideran, además, que se pone en riesgo la atención asistencial del paciente al priorizar los aspectos económicos por encima de los médicos y creen que puede suponer despido de facultativos.

¿A qué empresas adjudicó Madrid la gestión de los hospitales?

En julio de 2013 la Comunidad de Madrid adjudicó la gestión externalizada de los seis hospitales a las compañías Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas. Hima San Pablo gestionaría el Infanta Sofía, el Infanta Cristina y el hospital del Tajo. Ribera Salud pasaría a gestionar el Infanta Leonor y el hospital del Sureste y Sanitas se haría cargo del hospital del Henares.

Estas tres empresas son las únicas que se presentaron al concurso y el Gobierno regional dijo que en septiembre de 2013 asumirían el mando de la gestión sanitaria.

¿Cómo quedan las empresas adjudicatarias?

Las tres empresas adjudicatarias dejaron depositada, en agosto de 2013, una fianza total de 28 millones de euros, el equivalente al 5% del contrato anual establecido en el pliego de condiciones. Una vez que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha  tomado la decisión de paralizar el proceso de privatización de la  gestión de los hospitales, podrían exigir la devolución de la misma.

Además,  las empresas podrían pedir una compensación por los gastos que han  tenido que hacer para acudir a la convocatoria, que finalmente, según lo  planteado por la Comunidad de Madrid, no se ejecutará.

De cualquier forma, apunta el portavoz de AMYTS, el Gobierno de Madrid tendrá que formalizar en un acuerdo de su Consejo de Gobierno, que efectivamente paraliza el proceso de privatización de los seis hospitales, como anunció su presidente, Ignacio González.

Las empresas tendrían derecho además, según la Ley de Contratos del Sector Público, a pedir una indemnización por daños y perjuicios al Gobierno de la Comunidad de Madrid al no haberse formalizado el contrato, por causas imputables a la administración, explica el abogado de Afem, José Luis Muga, del estudio jurídico Liria.

Cuando el Gobierno regional formalice su acuerdo y traslade al TSJM que ya no hay objeto para el procedimiento, este podrá quedar archivado si el tribunal lo decide, explica el letrado a RTVE.es.

Desde AMYTS recuerdan que precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó el proceso en julio de 2013  tras aceptar la petición urgente del PSOE de Madrid, que alegaba que la  cuantía de la fianza, que en un principio iba a ser el equivalente al  5% del valor por los diez años de la concesión, quedó reducida al 5% del  contrato anual. El tribunal consideraba que ese cambio en la redacción  final del pliego pudo limitar la concurrencia inicial de empresas al concurso.

¿Cómo afectaría a los profesionales de los seis hospitales?

Una vez privatizado el centro, el personal sanitario de los hospitales podría pedir una excedencia para continuar trabajando en su mismo destino (siendo personal de la empresa privada) o podría solicitar un traslado a otro con gestión pública.

¿Existía ya este modelo sanitario en Madrid?

En la Comunidad de Madrid ya existen tres hospitales que funcionan con este tipo de gestión  desde su creación. Son el de Torrejón de Ardoz, el de infanta Elena  (Valdemoro) y el rey Juan Carlos I (Móstoles). Todos ellos son  hospitales de nivel 2 que no realizan intervenciones complejas.

¿Hay procesos abiertos en relación a los tres hospitales ya privatizados?

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid decretó en junio de 2013 la apertura de diligencias previas para dilucidar si existe una posible infracción penal en relación a las externalizaciones de los hospitales de Torrejón de Ardoz, de Valdemoro y de Móstoles. Afem denunció posibles irregularidades en la gestión de estos centros, cuyo modelo de gestión quería copiar la Comunidad de Madrid para otros seis centros.

Así, la cúpula de la Sanidad madrileña en el momento en que estos hospitales fueron privatizados fue imputada. Fueron citados a declarar como imputados los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes por prevaricación, cohecho, fraude y malversación.