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Bruselas permite un déficit del 6,5% en 2013, pero pide revisar la reforma laboral en septiembre

  • Son dos puntos más que el anterior objetivo fijado para 2013, que era del 4,5%
  • A cambio pide medidas, como definir el factor de sostenibilidad de pensiones
  • Bruselas establece un calendario acelerado para reformas ya previstas
  • También pide revisar el sistema tributario en marzo de 2014 y subir impuestos

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Bruselas pide a España ambiciosas reformas estructurales para contener el déficit

La Comisión Europea (CE) ha confirmado este miércoles que dará dos años más a España para reducir el déficit público por debajo del 3% y ha relajado los objetivos fijados para los próximos años: un 6,5% para 2013; un 5,8% en 2014; un 4,2% en 2015 y un 2,8% del PIB en 2016. Esta recomendación deberá ser ratificada por el Ecofin en su reunión del próximo 21 de junio en Luxemburgo.

El 6,5% de déficit para el año 2013 es más de lo que el Gobierno había previsto en la última revisión de las condiciones macroeconómicas del mes de abril, pero es una cifra igual a la estimada por la Comisión en el mes de mayo. "Hemos tenido un contacto muy estrecho con España", ha asegurado este miércoles en rueda de prensa el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, que ha calificado el plan de reformas presentado por el Ejecutivo de "muy convicente", un plan que "ahora debe aplicar de forma estricta".

A cambio de la relajación del déficit, la Comisión pide diferentes medidas, algunas que ya había enumerado en 2012. El Ejecutivo europeo sigue teniendo dudas sobre la reforma laboral. Por eso solicita la introducción de cambios a la reforma laboral como muy tarde en septiembre de 2013 si fuera necesario -tras finalizar la evaluación de la reforma en marcha-, un análisis que debe abarcar todos sus objetivos y medidas y debe publicarse "en julio de 2013 a más tardar".

En material laboral, Bruselas también solicita realizar "rápidamente" una reforma de las políticas activas del mercado de trabajo "orientadas a la consecución de resultados"; pide "reforzar y modernizar" los servicios públicos de empleo", incluída la aplicación de efectiva de la colaboración público-privada, con el objetivo de "garantizar una asistencia individualizada a los desempleados".

Sobre desempleo juvenil, la Comisión quiere que se apliquen las medidas que recoge la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Y solicita que se haga lo necesario para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o marginación social aumentando su empleabilidad.

En materia fiscal, Bruselas reclama una "revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014", en la que debe explorarse la posibilidad de subir el IVA a algunos productos del 10% (reducido) al 21%, extremo este que ya había solicitado hace un año, como la subida de impuestos medioambientales. 

Por eso insiste en que el Ejecutivo tendrá que "adoptar medidas adicionales respecto a los impuestos medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes", una medida a la que el Gobierno se resiste. Y, a todo lo anterior, la CE fija un calendario acelerado para reformas ya previstas y anunciadas.

Acelerar reformas ya anunciadas

Bruselas solicita que ya estén en vigor antes de finales de 2013 algunas leyes, como la de Colegios y Servicios Profesionales, la ley de Garantía de Unidad de Mercado o la reforma estructural del sector de la electricidad para acabar con el déficit de tarifa.

En materia de pensiones, la Comisión ha pedido definir el factor de sostenibilidad antes de que acabe el año, factor que debe incluir que "la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida" con el objeto de "garantizar la estabiliad financiera del sistema a largo plazo".

El comité de expertos que estudia la reforma de las pensiones ultima su informe

En cuanto al gasto, España debe "llevar a cabo un examen sistemático de las mayores partidas de gasto en marzo de 2014 a más tardar". También quiere Bruselas que no se vuelvan a repetir deudas de las entidades con los proveedores.

Y espera la puesta en marcha antes del próximo año de la Ley de Desindexación, cuyo objetivo es reducir el grado de inercia de los precios en el gasto y los ingresos públicos. En este punto, la CE sugiere "estudiar medidas adicionales de limitación de la aplicación de las cláusulas de indexación".

Sobre el sistema financiero, el Ejecutivo comunitario establece que se aplique lo acordado en el rescate bancario. A preguntas de la prensa, Rehn ha descartado que la banca española vaya a necesitar nuevas ayudas del fondo de rescate europeo. "No hay ninguna indicación de que vaya a haber necesidad de más inyecciones de capital del MEDE para el sector bancario español", ha subrayado este miercoles el vicepresidente de la CE.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también subrayó que no vendría más dinero de Europa para la banca española, pero sí que podría necesitar más capital.

Presentar un nuevo informe

Para lograr más tiempo para bajar el déficit, España deberá de presentar antes del 1 de octubre de 2013 ante la Comisión un conjunto de acciones efectivas y un informe detallado sobre su estrategia de acción que permita cumplir esos objetivos.

Bruselas analizará las medidas con detalle. Si se comprueba que se han puesto en marcha todas las medidas necesarias, pero aún así no ha rebajado el déficit por "factores imprevistos con importantes consecuencias negativas en la Hacienda Pública", se podrá proponer una nueva ampliación del plazo.

Si la Comisión considera que este informe no es suficiente, se continuará con el procedimiento abierto del déficit excesivo contra España por desequilibrios -que podría culminar con una multa de hasta el 0,1% del PIB, unos 1.000 millones de euros-.

Tantas recomendaciones como a Polonia

Bruselas hace recomendaciones específicas a España dentro del proceso de déficit excesivo. Y tocan casi todos los aspectos: finanzas públicas, pensiones, sistema tributario, banca y acceso a la financiación, mercado inmobiliario, industria, competencia en el sector servicios, reforma de la administración pública, mercado laboral -salvo en fijación de salarios-, educación, pobreza e inclusión social.

La Comisión solo no realiza recomendaciones en I+D, eficiencia en los recursos y mecanismo de fijación de salarios. De esta forma, España y Polonia son los países con más recomendaciones de toda la Unión Europea.

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