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El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta
El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta. EFE

España podría recaudar 5.000 millones con la tasa a las operaciones financieras, según Bruselas

  • La Comisión presenta su propuesta sobre la tasa que aplicarán 11 países

  • El cómputo total ascendería a 35.000 millones de euros

  • Comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2014

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España podría recaudar casi 5.000 millones de euros al año con la tasa a las transacciones financieras que pretenden implantar, a partir de enero de 2014, once países de la Unión Europea (UE), según unos cálculos preliminares difundidos este jueves por la Comisión Europea (CE).

En términos globales, la tasa permitirá a Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Eslovenia, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Italia, España y Estonia recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año. Alemania, la mayor economía de la UE, podría ingresar entre 9.171 y 10.699 millones, seguida de Francia, con entre 6.498 y 7.581 millones, y de Italia, con entre 5.676 y 6.622 millones de euros.

El plan del Ejecutivo comunitario introduce más salvaguardas para evitar que las transacciones se deslocalicen a países que no aplican la tasa, como Reino Unido, y frenar la evasión del impuesto.

El objetivo de esta tasa es frenar la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costes de la crisis. El veto de Reino Unido ha hecho imposible un acuerdo a 27 y ha empujado a once países a avanzar en solitario mediante una cooperación reforzada.

Arranca el 1 de enero de 2014

El objetivo de Bruselas es que la tasa comience a aplicarse el 1 de enero de 2014. Para ello, se necesita un acuerdo unánime de los participantes. Los Estados miembros que se han descolgado del proyecto estarán en la mesa de negociación pero no tendrán voto.

La tasa no se aplicará a la actividad financiera diaria de los ciudadanos y las empresas (por ejemplo, préstamos, pagos, seguros, depósitos, etc.), a fin de proteger la economía real. Tampoco se aplicará a las actividades bancarias de inversión para captar capital ni a las transacciones financieras efectuadas en el marco de operaciones de reestructuración.

La propuesta también excluye las actividades de refinanciación, la política monetaria y la gestión de la deuda pública. Así, quedan exentas del impuesto las transacciones con los bancos centrales y el Banco Central Europeo, con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad y con la Unión Europea.

Impuesto "equitativo y sólido"

"Sobre la mesa tenemos un impuesto indiscutiblemente equitativo y técnicamente sólido, que reforzará nuestro mercado único y moderará el comportamiento irresponsable de algunos operadores del mercado", ha dicho el comisario de Fiscalidad, Algirdas Semeta.

El comisario ha asegurado que su propuesta es plenamente compatible con la legislación internacional y respeta el principio de territorialidad y ha anunciado que en los próximos días visitará Estados Unidos, que ha expresado sus reticencias. Semeta no descarta que se puedan producir problemas de doble imposición en los Estados miembros que no participan, pero intentará resolverlos en las negociaciones.

Moderará el comportamiento irresponsable de algunos operadores

Como ya preveía el plan original de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados, siempre que esté implicada una institución financiera basada en uno de los once países participantes o que actúe en representación de un cliente basado en estos Estados.

Pero además, para evitar que las operaciones se deslocalicen a la City de Londres, el Ejecutivo comunitario propone añadir un segundo criterio, el lugar de emisión. Según dicho principio, los instrumentos financieros emitidos en los once Estados miembros serán gravados cuando sean objeto de negociación, incluso si los operadores no están establecidos en la zona de aplicación del impuesto.

El plan original de Bruselas para el conjunto de la UE preveía una recaudación de 55.000 millones de euros al año. Pero tampoco hay acuerdo sobre el uso del dinero. Mientras que el Ejecutivo comunitario defiende que dos tercios vayan a financiar el presupuesto comunitario, la mayoría de Estados miembros quiere que los fondos engrosen las arcas nacionales.

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